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Etiqueta: TEPJF

  • Corte se blinda contra AMLO

    Por: Agustín Vargas

    • Lo acusan de violencia de género
    • Plan B comienza a desdibujarse
    • Más empleo en mujeres, pero con bajos salarios

    En los anales de historia contemporánea de México no se tiene registrado ningún episodio en donde el titular del Poder Ejecutivo haya emprendido una cruenta lucha, casi a muerte, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, depositaria del Poder Judicial, por el simple hecho de que los jueces, magistrados y ministros hagan valer su independencia como poder autónomo.

    Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el señor de Palacio, sería más cómodo y práctico para sus fines dictatoriales y de expansión de mandato, que México no contara con un Poder Judicial autónomo, que no le hiciera contrapeso como lo estamos viendo en estos momentos.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en otras épocas de la historia del país tiene de nuevo ante sí la oportunidad histórica de recuperar la confianza de la sociedad protegiendo y haciendo valer la Constitución, que de manera consetudinaria viola el señor de Palacio desde que asumió la Presidencia de la República.

    La llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es, sin duda, el parteaguas dentro del Poder Judicial para enderezar las cosas en materia de impartición de justicia. El llamado de la ministra presidente a las y los juzgadores a ser guardianes de la Constitución, a actuar con responsabilidad e independencia al emitir sus resoluciones y mantener la unidad del Poder Judicial de la Federación, es el blindaje perfecto que requiere.

    “Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra dignidad y, al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad”, señaló la ministra Piña Hernández en el marco de las críticas que lanzó hace unos días el señor López Obrador, quien acusó que con su llegada se registró una “ola fallos a favor de delincuentes”, algo tan falso como sus promesas de campaña y acciones como gobernante.

    AMLO: violencia de género

    Tan graves ha sido las acusaciones de del inquilino de Palacio que destacado grupo de 73 mujeres encabezadas por la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, acusaron que el presidente López Obrador ejerce violencia de género hacia la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, por lo que exigieron que cesará los ataques que realiza contra ella desde la conferencia mañanera.

    En un comunicado firmado por 74 mujeres, entre ellas diputadas, senadoras y militantes de partidos como Movimiento Ciudadano, PRD, PRI y PAN; además de varias activistas y académicas feministas, señalaron que el mandatario federal incurre en “violencia verbal por razones de género”, a lo que atribuyeron las amenazas de muerte que ha recibido:

    “Apenas con dos meses de haber asumido el cargo (a Norma Piña) se le han formulado acusaciones inverosímiles, lo que nos hace concluir que se le juzga por ser mujer y ser independiente, pues en dos meses es imposible juzgar el desempeño”.

    “El presidente ejerce violencia verbal por razones de género y lo hace desde la máxima tribuna, amplificando así el daño contra la reputación de la ministra Piña e incitando al linchamiento mediático. Al hacerlo el presidente abre la puerta a que se amenace la integridad física de la ministra Piña como ya sucedió”, señalaron las firmantes.

    Exigieron al presidente que “respete la Constitución que juró hacer guardar y los principios de no discriminación y rechazó total a la violencia por razones de género. Demandamos también a las autoridades competentes que se investigue la autoría de la amenaza de muerte contra el titular de la SCJN formulada en redes sociales”.

    Plan B comienza a desdibujarse

    Tal como los habían previsto algunos juristas y politólogos, el llamado Plan B electoral que impulsa Andrés Manuel López Obrador comienza a desdibujarse por la sencilla razón de carecer de sustento jurídico y ser violatorio de la Constitución Política.

    Trascendió que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomaron la decisión de comenzar a sumarse a las voces que se pronuncian en contra de dicho plan electoral. Y es que recientemente algunos magistrados han mencionado públicamente de los riesgos que significan para el TEPJF la reforma electoral y las implicaciones que tendría en el análisis de los expedientes y las posteriores sentencias.

    Y quizá un botón de muestra de lo que viene para el multicitado Plan B es la resolución que pretende emitir la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassism, quien busca restituir a Edmundo Jacobo Molina como el titular de la Secretaría Ejecutiva del INE.

    La magistrada tiene previsto dejar sin fundamento el artículo Décimo Séptimo transitorio del decreto que fue publicado el pasado 2 de marzo del 2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia electoral.

    En este sentido, la magistrada Otálora considera que la destitución de Jacobo Molina es inconstitucional, así como también afirma que atenta la autonomía del INE, ya que el Congreso de la Unión no puede determinar en una ley transitoria el cese de funciones de la Secretaría Ejecutiva.

    Mujeres, más empleo con bajos salarios

    En este Día Internacional de la Mujer cabe recordar que desde que se tiene registro, la participación de las mujeres en los empleos remunerados ha sido menos de la mitad de su potencial.  En particular, México tiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas en comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina como Colombia y Chile.

    De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), en el último trimestre de 2022, de las 52.7 millones de mujeres en edad de trabajar en México, el 46.2% están empleadas o buscan activamente un empleo, cifra que supera por 0.8 puntos porcentuales los niveles prepandemia. Sin embargo, sólo el 43.6% de ellas tiene un empleo formal.

    Cabe mencionar que aún existe una brecha de 30 puntos porcentuales respecto a los hombres en el trabajo remunerado. Además, de 2019 a 2022 el número de mujeres que ganaban hasta un salario mínimo aumentó 60%; en contraste, la cifra de mujeres que ganaban hasta 5 salarios mínimos disminuyó 51.7%. Al último trimestre de 2022, solo 250 mil mujeres ganaron más de 17 mil pesos al mes.

    Pese a que son más las mujeres que trabajan, el CIEP refiere que esta incorporación no está acompañada de una redistribución de las tareas de cuidado y trabajo doméstico, ya que el 91% de las mujeres trabajadoras también hicieron labores domésticas, mientras que solo el 59% de los hombres que manifestaron hacerlo.

    La baja participación de las mujeres en el mercado laboral representa costos económicos en términos de producción y recaudación tributaria: las mujeres aportan el 36% del total de la recaudación de ISR de personas físicas y asalariadas, mientras que los hombres el 64%. Esto representa una brecha en la recaudación de 1.7% del PIB, lo cual podría disminuir con un nuevo pacto social que considere el trabajo de cuidado.

    Para avanzar hacia la igualdad de género y el desarrollo sostenible, según el CIEP, es necesario aumentar la participación de las mujeres en trabajos formales con salarios justos, así como redistribuir y reconocer las labores de cuidados, pues incorporar a mujeres al mercado laboral puede tener un impacto positivo en el crecimiento económico del país y en la recaudación de impuestos.

    A mi entrañable amigo y compañero Carlos Acosta, reportero de toda la vida (qepd). Siempre te recordaré con gran afecto

  • INE y PRI, supervivencia en riesgo 

    Por: Miguel Tirado Rasso

    Volverse a doblar significará la debacle del PRI, el entierro del tricolor. Un triste fin para el partido que, durante 71 años, gobernó al país y que merecería compromiso y más dignidad de parte su dirigencia.

    Pues resulta que la urgencia de Morena por sacar adelante la reforma constitucional en materia electoral tendrá que ceder ante una realidad que no garantiza, al menos de momento, un resultado exitoso. Y es que, como mucho se ha comentado, los números para alcanzar una mayoría calificada, indispensable para que proceda, no le alcanzan al partido en el poder y sus socios, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), por lo que requieren que algún partido político de la oposición se sume a su proyecto de exterminación del Instituto Nacional Electoral (INE), como así lo calificara el dirigente de este partido, Mario Delgado. En esta apuesta, el propio secretario de Gobernación “destapó” al PRI como posible socio.

    Cuando en marzo del año pasado la autoridad electoral anuló las candidaturas morenistas de los aspirantes a gobernador para los estados de Guerrero y Michoacán, por no presentar el reporte de ingresos y gastos de precampaña en el plazo señalado por la ley, el dirigente de Morena, molesto por esa resolución, declaró que habría que cambiar a los consejeros y exterminar al Instituto, “hay que pensar en una institución que garantice una auténtica democracia,” afirmaría.

    Pero resulta que esa misma autoridad, que condujo la jornada electoral de junio de 2021, fue la que reconoció los triunfos de Morena en 11 elecciones para gobernador y en 186 distritos de 300 en juego, en los que se eligieron diputados federales, sin que se hubiera suscitado algún incidente grave o alegato de fraude electoral. Una elección democrática, pues.

    La autoridad electoral, a la que Morena calificara de “gatilleros del PRIAN” y acusara de parcial y de representar “una formación maligna, el cáncer de la corrupción”, habría arbitrado, con imparcialidad y sin quejas, una elección en la que la oposición sólo ganó 3 gubernaturas de 15 y 114 diputaciones federales de 300.

    El odio hacia la autoridad electoral por parte de Morena parece irracional, cuando se analizan los resultados electorales del sexenio de la 4T. Entre otros argumentos, se dice que la reforma de Palacio busca fortalecer la vida democrática de México rumbo a la elección de 2024, porque” los órganos electorales le quitan legitimidad al proceso.” Además, se dice que con la reforma se erradicarán los excesos y privilegios heredados por el régimen corrupto neoliberal. Que se busca que los consejeros y magistrados actúen de manera institucional, ya que las elecciones, actualmente, a cargo de estos órganos (INE y TEPJF) “no tienen legitimidad”, según la apreciación del dirigente de Morena.

    Pero veamos. Estas autoridades organizaron y condujeron las elecciones de 2018, en las que Morena ganó la presidencia de la República y 5 gubernaturas de 9 en juego. Además de apabullar a las oposiciones con triunfos arrolladores en la renovación del Congreso de la Unión. En 2019, este partido ganó las dos elecciones para gobernador que se disputaron. En 2021, ya mencionamos los triunfos del partido gobernante y en 2022, ganó 4 de las seis elecciones para gobernador celebradas.

    Con el reconocimiento de los triunfos de Morena por parte de la autoridad electoral, no se entiende eso de que, con la reforma, se pretende que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática corrupta, porque si algo ha caracterizado los procesos electorales celebrados durante el presente sexenio, ha sido la imparcialidad de la autoridad y la ausencia de fraudes electorales. Lo que quiere decir que esa oligarquía antidemocrática y corrupta o es muy ineficiente electoralmente o, simplemente, no hay tal.

    Pero decíamos que el debate para la reforma electoral se difirió para diciembre, según anunció el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Podríamos suponer que el cambio de ritmo en los trámites para la aprobación de esta iniciativa, se debe a que la connivencia del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, con la 4T, esta vez, se pretende encubrir, algo que se complica tras su indubitable doblez en la reforma constitucional para la permanencia del ejército en labores de seguridad pública hasta 2028.

    Las miradas de todos en las oposiciones y de quienes, en la sociedad civil, reconocen en el INE a una autoridad democrática, eficiente y muy necesaria en los tiempos que vivimos, están sobre el priista que tendría que hacer malabares para sumarse al proyecto de Morena y justificar su voto y el de los demás priistas, sin que se vea como una segunda y más grave traición. Volverse a doblar significará la debacle del PRI, el entierro del tricolor. Un triste fin para el partido que, durante 77 años, gobernó al país y que merecería compromiso y más dignidad de parte su dirigencia.

  • Corporativo

    Rogelio Varela-

    Las aseguradoras han encontrado en las plataformas tecnológicas un nuevo canal para ampliar sus ventas.

    Insurtech, sector en auge

    En los últimos años han surgido varias Insurtech, de hecho en México operan cerca de 80 y es que esas empresas de la mano de la tecnología buscan que los seguros sean accesibles, entendibles y fáciles de contratar, más cuando no se tiene una cultura de prevención en México, por lo que, se enfocan más en las necesidades de las nuevas generaciones (millenials), al brindar servicios de manera 100 por ciento digital.  

    Se estima que en el país sólo una de cada cuatro personas cuenta con un seguro, derivado a que los consideran caros o no saben cómo funcionan, entre otros, por lo que, los emprendimientos Insurtech crecieron 46 por ciento en 2020 respecto al 2019. Si bien, la tecnología es el mejor aliado para transformar los negocios de las industrias, hoy día la de seguros no se queda atrás pues representa el 2.3 por ciento del PIB.  

    Y es que, a raíz de la pandemia las operaciones de contacto físico se han visto obstaculizadas por ello, la necesidad de transitar a la digitalización crece a fin de mejorar las relaciones con los usuarios y la operatividad de las empresas que brindan productos y servicios. Los productos más contratados son los seguros de auto, de gastos médicos y de vida. 

    Sin embargo, no todo pinta fácil para ese sector pues para emprender ese negocio se requiere capital y afianzar la colaboración con las aseguradoras tradicionales, mismas que ya están bien posicionadas en el mercado.

    Una de Insurtech que lleva poco es WOOW, comandada por Margarita Zepeda Porraz, este Marketplace de seguros cuenta con un robusto portafolio que incluye más de 60 productos y ofrece la posibilidad de cotizar, comparar y comprar seguros, asistencias y servicios totalmente digitales, asimismo, cuenta con las certificaciones en materia de seguridad de la información y protección de datos. 

    Entre sus principales productos destacan el seguro de auto tradicional y de Auto de Pago por kilómetro, tiene convenios aseguradoras de la talla de como GNP de José Eduardo Silva; Quálitas, de José Antonio Correa; HDI, de Juan Ignacio González; y GMX, de Jorge Flores, entre otras con planes de contratación flexibles con pagos mensuales, anuales o por evento, sin plazos forzosos.  

    WOOW provee sus diversos productos y servicios a más de 10 mil usuarios y además de su contratación digital, la tecnología le permite una respuesta ágil al levantar el siniestro, su seguimiento, la solución de dudas, y el acompañamiento al cliente, por lo que esa plataforma busca convertirse en el Amazon de los seguros en México, por lo que habrá que estar atentos a su crecimiento.  

    La ruta del dinero

    Nada que finalmente David Sánchez Isidoro, de la coalición Va por el Estado de México tomó posesión como presidente municipal de Coacalco de Berriozábal, luego que la madrugada del pasado 30 de diciembre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le restituyó el triunfo en la elección municipal, y ordenó al Instituto Electoral del Edomex entregarle de inmediato su constancia de mayoría a él y toda su planilla. Y bueno, Sánchez Isidora recibe una alcaldía en total abandono, y con serios problemas para atender los servicios básicos a la población.

  • Balance político electoral de 2021

    Por: Miguel Tirado Rasso

    El tercer año de gobierno en nuestro sistema presidencialista sexenal tiene particular importancia por la elección federal para la renovación de la Cámara de Diputados, la que, de alguna manera, podríamos considerar una evaluación ciudadana sobre la administración del gobierno, casi a la mitad del camino. Generalmente, el partido oficial refleja, en esa elección, un desgaste propio del ejercicio del poder, obteniendo una votación menor que en la anterior, lo que da lugar a un cambio en el equilibrio de fuerzas políticas en la Cámara Baja.

    En las últimas 5 elecciones intermedias, esto ha pasado. En 1997, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, para no volverla a recuperar. Al PAN, le sucedió, en sus dos períodos presidenciales (Vicente Fox y Felipe Calderón). Con una menor votación en 2003 y 2009, el PRI le quitó al PAN la mayoría simple que éste había logrado al inicio de sus dos administraciones. En 2015, aunque el tricolor pudo conservar la mayoría simple en las dos legislaturas del sexenio (LXll y LXlll), resintió una baja de 8 puntos en la elección intermedia respecto de la del inicio de su administración. Y Morena no fue la excepción. En los comicios de junio pasado, este partido perdió la mayoría calificada que había obtenido en 2018, con su alianza Juntos Haremos Historia.

    Como, en su momento, se comentó con insistencia, la pasada jornada electoral fue la más grande de la historia, con 21,368 cargos de elección popular. En esta elección, que incluyó la figura de reelección para diputados federales, por primera vez, también, hubo elecciones simultáneas locales en los 32 estados de la República. En 15 entidades hubo renovación de gubernaturas; en 30, se eligieron diputados locales, excepto en Coahuila y Quintana Roo, y en 30, hubo elecciones para Ayuntamientos y Alcaldías, salvo en Durango e Hidalgo.

    En esta elección participaron10 partidos políticos, Morena, PAN, PRI, PRD, MC, PVEM, PT, Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Estos tres últimos, haciendo su debut y despedida, al no alcanzar el mínimo de 3 por ciento de la votación requerida por la ley para conservar su registro. Fuerza por México todavía luchó ante el TEPJF, para que se modificara el dictamen contrario del INE, lo que, finalmente, no consiguió.

    Otra mala experiencia con organizaciones políticas que carecen de representatividad y que, si bien, de alguna manera logran su registro, su realidad los impacta en la primera prueba. De acuerdo con datos del INE, de 1991 a la fecha 25 partidos han perdido su registro, 12 han sido eliminados por no lograr ni el 1 por ciento de la votación emitida. Resultan muy gravosos estos ejercicios de apertura democrática.

    Los resultados electorales de este año, modificaron el mapa político del país. Si antes de la elección de junio el tricolor gobernaba en 12 entidades, ahora lo hace en sólo 4, con grandes faros de alarma en su futuro próximo. Morena pasó de gobernar 6 estados (uno en coalición con el PES), a hacerlo en 17, pues de las 15 gubernaturas en juego se llevó 11. El PAN, tenía bajo sus colores 10 estados, ahora le quedan 8. MC ahora tiene dos estados bajo su dominio; el PVEM gana un estado, y el PRD, perdió la única entidad que gobernaba.

    Un dato que hay que destacar es la participación de la mujer en el caso de la elección para las gubernaturas, sobre todo por los resultados. Seis candidatas alcanzaron el triunfo, por lo que ahora tenemos siete gobernadoras (una jefa de Gobierno) simultáneamente en el país, por primera vez en la historia. Recordamos que fue en 1979, en Colima, cuando se eligió a la primera gobernadora. En el país, sólo siete mujeres habían asumido este cargo, en diferentes momentos. En la Cámara de Diputados, por su parte, las mujeres alcanzaron una presencia paritaria.

    La elección intermedia de este año, ha sido la más votada, sobre 52 por ciento. Con un padrón electoral de casi 94 millones y una lista nominal que alcanzó un nivel record de cobertura del 99.8 por ciento. El más alto en los últimos 30 años.

    Con motivo del final del año, les envío un caluroso saludo con los mejores deseos de que el 2022, sea muy prospero, feliz y saludable.

  • Habrá blindaje de programas sociales

    Secretaría de Bienestar

    • Subraya el secretario Javier May el compromiso de respeto al principio de imparcialidad para que la jornada electoral sea ejemplar, como nunca antes en la historia de México
    • Convoca a un Programa Integral de Capacitación dirigido a todo el personal de la dependencia federal, coordinado con la FEDE, el TEPJF, el INE y la CNDH.

    Durante el inicio de los trabajos sobre el Blindaje Electoral 2021, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, ratificó la política de cero tolerancia al uso indebido de los programas sociales y el compromiso de la dependencia a su cargo de respetar el principio de imparcialidad para que el voto de las y los mexicanos sea absolutamente libre y sin condicionamiento alguno.

    “Estoy seguro de que, entre todas y todos, lograremos que este 2021 la jornada electoral sea ejemplar, como nunca antes en la historia de México”, subrayó en un mensaje dirigido a las y los servidores públicos de la Secretaría de Bienestar de todo el país, en el marco de una reunión virtual celebrada con los delegados estatales sobre los programas prioritarios.

    Aseveró que no se permitirá el uso electoral de los programas sociales y, en caso de que se incurra en faltas, se dará vista a las autoridades electorales y penales hasta llegar a las últimas consecuencias.

    Los trabajos del Blindaje Electoral 2021 iniciaron con la convocatoria a un Programa Integral de Capacitación que llegará a todo el personal de la Secretaría de Bienestar, incluyendo personal directivo, administrativo, Servidores de la Nación, técnicos del programa Sembrado Vida, entre otros.

    El Programa Integral de Capacitación es impulsado por la Secretaría de Bienestar, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

    Al respecto, el secretario Javier May explicó que el personal de Bienestar recibirá las herramientas necesarias para garantizar que los recursos de los programas sociales sean destinados exclusivamente a las personas beneficiarias en tiempo y en forma, creando conciencia sobre las acciones que constituyen delitos electorales graves y sus consecuencias.

    Agregó que en breve se darán a conocer los Lineamientos Generales del Programa de Blindaje Electoral 2021, emitidos por la Secretaría de Bienestar, para precisar las acciones a realizarse antes y durante las campañas electorales, así como de manera previa y durante la jornada electoral.

    Dijo que el blindaje electoral de los programas sociales establece, con base en la normatividad específica, lo que se puede y lo que no se puede hacer, refuerza las conductas éticas que deben mantener las y los servidores públicos de la Secretaría de Bienestar durante los comicios, y prevé la verificación y resguardo de inmuebles y vehículos en el marco del día de la elección.

    “Reiteramos nuestro compromiso de actuar bajo los principios que nos rigen como servidores públicos: honestidad, integridad, transparencia, legalidad y rendición de cuentas, y refrendamos el compromiso de respetar el principio electoral de imparcialidad”, sostuvo May Rodríguez en su mensaje.

  • Sólo con alianzas

    Por: Miguel Tirado Rasso

    Rumbo a las elecciones de 2021, los dirigentes de prácticamente todos los partidos políticos han coincidido en que la realidad de la circunstancia por la que atraviesan sus institutos políticos, los obliga a buscar, afanosamente, la formación de alianzas para asegurar buenos resultados en la próxima competencia electoral. Y es que, los partidos han caído de la gracia del electorado y, consecuentemente, debilitado su posicionamiento, por desprestigio, decepción, indolencia y/o corrupción. En fin, que han extraviado su ideología, ignorado sus principios y desviado sus objetivos, alejándose de la población con la que mantienen una insana distancia.

    Y, en esto, no difieren morenistas de oposiciones. Bueno, quizás los primeros, no lo reconozcan con tanta apertura, dado su carácter de partido en el poder, porque aceptarlo podría interpretarse como una muestra de poca fe y desconfianza del poder y la infalibilidad de la 4T, pero lo saben bien, sobre todo después de los tragos amargos e inesperados, de los resultados electorales en Coahuila e Hidalgo de octubre pasado.

    Animados por el banderazo para la carrera del proceso electoral de 2021, los dirigentes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, por un lado, y los de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, por el otro, se han puesto a la tarea de acordar sus alianzas, algo nada sencillo, porque en esto siempre habrá intereses encontrados. Dos bloques políticos, con sus asegunes, porque en lo que va del sexenio el estilo de gobernar ha promovido una división dicotómica entre los que están con la Cuarta Transformación y los que no, sin matices ni alternativas, lo que ha polarizado, cada vez más, a la población.

    En las elecciones del 6 de junio de 2021, participarán diez partidos políticos. Siete, que son los antes mencionados y tres más, que lograron cumplir los requisitos para obtener su registro y poder participar en este proceso electoral. Uno, el Partido Encuentro Solidario (PES), en el que resucita el evangélico Partido Encuentro Social (PES), de Horacio Eric Flores Cervantes y que, en la elección federal de 2018, perdiera su registro al no alcanzar el mínimo legal de 3 por ciento de la votación emitida, pero que, no obstante, por la magia de quiénes pueden, mantiene presencia en la Cámara de Diputados, como grupo parlamentario de partido sin partido. Para el flamante PES, ésta puede ser otra oportunidad para perder su registro.

    Redes Sociales Progresistas (RSP) de Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, es otro de los nuevos partidos. A esta organización, el Instituto Electoral Nacional (INE) le había negado el registro por presunta intervención gremial por parte del SNTE y la entrega de gratificaciones económicas a los asistentes de las asambleas estatales. Sin embargo, impugnada esta resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue revocada. A pesar de las anomalías documentadas y, por mayoría de votos, el Tribunal ordenó su registro como partido político nacional, el 14 de octubre pasado.

    El tercer partido es Fuerza Social por México de Gerardo Islas, ex miembro del Partido Nueva Alianza (PANAL), y Pedro Heces, ex senador de Morena y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). La rival política de la CTM. Como en el caso de RSP, a Fuerza Social también se le negó el registro como partido político. Aportaciones de personas no identificadas y afiliación corporativa de agremiados de la CATEM, fueron las violaciones detectadas. Y, con éste, el Tribunal también fue generoso e indulgente, al pasar por alto las infracciones cometidas, ordenando al INE el otorgamiento del registro.

    Las tres nuevas organizaciones políticas, han expresado públicamente su afinidad con la 4 T; sin embargo, por ley, en su primera aparición en las boletas electorales no pueden ir en alianza con ningún partido. Así que, lo que puede suceder, como pasó en la elección de 2018, es que Morena juegue al Caballo de Troya y les preste candidatos para asegurar su presencia en el Congreso. Los infiltrados, después retornarán a Morena para amarrar su mayoría parlamentaria y alcanzar una sobre representación, aprovechando los resquicios de la ley y las maniobras parlamentarias de otros tiempos. Aunque ahora digan los de la 4T, que ellos no son como los de antes.

  • Sí es cierto, no tenían llenadera Peña y Videgaray

    pena videgaray

    Por: Jose Antonio Chavez

    La denuncia que presentó el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, pone al rojo vivo a los ex Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero con mayor grado de aroma de cárcel a Luis Videgaray y al propietario de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa, compadre presidencial y constructor  de La casa Blanca.

    Salen nombres y más nombres, Lozoya narra en sus acusaciones lo que sin duda puede constituirse en  una historia de los tiempos modernos, una prueba del poder presidencial que da cuenta de las anteriores administraciones  donde se privatizaron servicios de la nación como por ejemplo Telmex.

    De ser ciertos los datos ofrecidos en esa declaración-denuncia, podemos advertir que más de diez peces gordos de la política y ex funcionarios huelen a cárcel.

    Que interesante es el documento de 60 fojas, que hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador que paso de la mirada sería en Querétaro, a saborear en la mañanera que celebró en su gira por  Zacatecas cuando hablaba del contenido.

    Ante la pregunta que si había ya leído toda esa declaración, su respuesta fue que solo llegó a 20 o 25 hojas porque no quería desvelarse y tener pesadillas, su tono era de goce de lo que Lozoya denunciaba.

    Ahí estaba en la denuncia José Antonio González que fuera también director de Pemex dice Lozoya anteponía el poder de su familiar el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari para abrir contratos a empresas que los favoreciera familiarmente.

    Voy a seguir leyendo, en el camino a Aguascalientes para terminar esta tragicomedia, se despedía de la conferencia con esa frase el Presidente.

    Lozoya narra detalles de la entrega de los dineros y a quienes les llegaba con fechas y bancos, el efectivo y los depósitos donde se entregaba y a quien iba dirigido, como ocurrió en el video que se exhibió con bultos repletos de billetes que recibían colaboradores de los entonces senadores del PAN, Francisco Domínguez y Jorge Luis Lavalle.

    Obviamente se hacía por órdenes de Peña Nieto y del propio Luis Videgaray que, este último al igual que el compadre de Peña, el dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa mantenían a raya a Lozoya al grado de amenazarlo de quitarlo del cargo de Pemex por retardar o no autorizar  contratos. Tenían la venia presidencial.

    Después del escándalo de La casa Blanca, se dedicó Hinojosa intermediar con empresas de construcción ante la SCT y Pemex y les cobraba del 2 al 5 por ciento del total de la obra.

    Construían, grupo Higa el museo de Peña, en una gira del Día de la Marina, en Veracruz,  el gobernador Javier Duarte le entregó a Pena en las escalinatas del avión presidencial una carpeta.

    Eran las fotos de un Ferrari de colección que fue propiedad de López Mateos para que se exhibiera en esa mansión del estado de México. Miren lo que me regaló el gober, les dijo  y mostraba a un lado las llaves; abre dos botellas de Vega Sicilia para celebrar esta gira.

    Lozoya acusa que Videgaray les daba las órdenes incluso para pedir moches a los contratistas de Pemex. Querían más dinero del que les había dado Odebrech, vaya como si quisiera decir que no tenían llenadera.

    Esos recursos se ocuparon para la campaña presidencial y luego para callar bocas y comprar el voto en el Senado de los senadores, Lozoya acusa que fue dinero para los senadores panistas Domínguez, hoy gobernador de Querétaro, La Valle, Francisco García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas, Salvador Vega Casillas, Ernesto Cordero y hasta Ricardo Anaya. Que exigían hasta 50 millones de dólares, dice que se  les entregó 80 millones pero de pesos.

    El video donde sale la entrega de esos bultos, se perfila la dirección de Montes Urales, 425 en Lomas de Chapultepec, oficina alterna de Lozoya. Bueno, igual que René Bejarano los video-chamaquearon.

    La historia de su narrativa lleva también al tema de la compra de la planta de fertilizantes que se pagó a un sobreprecio de 200 millones de dólares, acusa a Videgaray de ordenar esa operación por instrucciones de Peña Nieto.

    Otro nombre que sale a flote  en esa compra urgente de la destartalada planta de fertilizantes, el del entonces secretario de Agricultura, Enrique Martínez que le urgía porqué sería otro de los beneficiados con proyecto político.

    La historia de la declaración es extensa pero interesante por lo que desnuda del poder presidencial.

    Ahora vamos a ver de qué está hecho el Fiscal general, Alejandro Gertz Manero para hurgarle en estas acusaciones y valorar las pruebas presentadas por Lozoya para comenzar la danza de funcionarios, ex Presidentes, legisladores o actuales gobernadores al banquillo de los acusados, como dice Ricardo Monreal una denuncia que es un hecho inédito que desnuda actos de corrupción. La historia apenas comienza y el salpicadero de Lozoya está sin freno.

    Ordena TEPJF encuesta telefónica para líder de Morena

    La votación de 6 a uno del TEPJF que ordenó se realice mediante  una encuesta telefónica la renovación de la dirigencia de Morena, es  un claro fracaso del interino y líder barzonista, Alfonso Ramírez Cuéllar que no da una. Es un revés a ala radical, obviamente porque no saben escuchar, no hay respeto institucional y prueba de ello la senadora Citlali Hernández, recién regañada y que pasara, el 1 de septiembre de la gloria, de la mesa directiva a la sombra.

    UNAM, la esperanza de los jóvenes

    En la UNAM de Enrique Graue, se pulieron para que los aspirantes pudieran hacer su examen con todas las medidas sanitarias en el estadio de Ciudad Universitaria. Dio gusto ver a los jóvenes que llegaron con toda responsabilidad usando tapabocas y con gel para las manos, algunos con  mascarillas, desde muy temprano ahí estaban con la esperanza de ser admitidos en la máxima casa de estudios. Lamentablemente no todos serán aceptados, no por capacidad de conocimiento, sino por falta de espacios. Una maldita pesadilla cada ciclo escolar.

  • Que mejor regalo de navidad

    Por Miguel Tirado Rasso

    Anticipándose unas semanas a la celebración de la navidad, en la que el mercantilismo arrollador, desde hace tiempo, tergiversó el origen de una festividad religiosa, el nacimiento de Jesucristo en Belén, para convertirlo en la cúspide del mercadeo a nivel mundial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), nos obsequió con una noticia esperanzadora de justicia, envuelta en una opinión jurídica.

    A solicitud del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando González Salas, ponente en el caso del paquete de acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el PAN, MC, PRI y PRD, el Partido de Baja California (PBC) y la CNDH, en contra del decreto que reforma la Constitución del estado de Baja California que amplía el período de gobierno del mandatario actual de dos a cinco años, el TEPJF emitió su opinión sobre el caso, considerando inconstitucional la citada reforma.

    Un alivio para la democracia del estado fronterizo y un balde de agua helada para el flamante gobernador y socios que lo acompañan, cuya ambición desbordada, falta de respeto a la voluntad y derechos de los electores y menosprecio al orden jurídico, lo llevó a promover una reforma para prolongar su mandato tres años más de los señalados en la convocatoria para la elección para gobernador.

    Para lograr esta reforma constitucional, el gobernador Jaime Bonilla, “convenció” a los legisladores de la oposición, porque con los de Morena no le alcanzaba, que, sin ningún decoro, y quizás motivados por razones de pesos, muchos y en dólares, según se rumoró, aceptaron ser cómplices de este chanchullo legislativo, que ahora se tambalea.

    La opinión del Tribunal, por unanimidad de los siete magistrados de la Sala Superior, señala que el decreto por el que se reforma la Constitución del estado, “se aparta de la regularidad constitucional”. La llamada Ley Bonilla, afirma, viola los principios de certeza en los comicios, la no reelección y el derecho al voto. “Se pasa por alto la voluntad popular, pues se prorroga el mandato que le fue conferido a la persona que fungirá como Gobernador del Estado, sólo para el período de dos años, por lo que, al no tomarse en cuenta tal mandato, se violan los principios democráticos que prevé la Norma Fundamental.”

    Y si bien, se trata únicamente de una opinión jurídica, porque corresponde a la Corte la resolución definitiva de este caso, la del Tribunal Electoral constituye una buena señal para quienes creemos en el estado de derecho. Buena oportunidad para la Suprema Corte de demostrar su independencia y autonomía, indispensables en estos tiempos de la 4T cuyo peso avasallador se ve incontenible en dos de los tres Poderes de la Unión. Algo poco recomendable para el desarrollo democrático de nuestro país.

    Bienvenido, pues, el regalazo navideño anticipado. Esperamos ahora, que la Suprema Corte no le dé más vueltas a un tema tan delicado como es la tentación a extender los períodos de gobierno más allá de lo que establecen las leyes y acabe con estos malos pensamientos, con esta intentona de reelección, declarando la inconstitucionalidad de esta reforma.

    Mientras tanto, les deseamos a todos nuestros lectores que continúen disfrutando de estas fiestas decembrinas, con mucha salud en compañía de sus seres queridos.

  • ¡Vaya trinquete político!

    Por Miguel Tirado Rasso

    Trinquete. Engaño para obtener alguna cosa ilícita. Larousse

    Si en el affaire bajacaliforniano predomina el respeto al estado de derecho sobre el agandalle político, lo que pudiera suceder, si es cierto, como tanto se afirma, que este gobierno no es como los de antes, y se impone la sensatez y la prudencia políticas, podríamos aventurar que Jaime Bonilla, el gobernador electo, se equivocó al buscar la candidatura de Morena para gobernar su estado, a sabiendas de que el período para el que sería elegido era de sólo dos años.

    Bonilla pudo haber hecho lo que algunos personajes hicieron, en otros casos similares, dejar pasar la oportunidad del momento para intentar una candidatura al gobierno con período regular de seis años. A fin de cuentas, la próxima elección se realizaría todavía en los tiempos de la 4T, lo que le daría cierta tranquilidad de que el apoyo continuaría y no habría tenido que llegar al extremo de violentar la ley, con el riesgo de que los tribunales apliquen la ley y desechen su reforma por anticonstitucional.

    Y es que, entrando en los terrenos de la especulación, cabría suponer que, confiado en su estrecha relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo había apoyado para ser senador, para luego designarlo súper delegado del Gobierno Federal en Baja California y, finalmente, candidato de Morena a la gubernatura de su estado, Jaime Bonilla supuso que tendría manos libres para operar una reforma a la constitución local que ampliara el período de su gobierno a cinco años, y que todo iría sobre ruedas.

    Pero ante lo burdo de la maniobra, que, entre paréntesis, supera cualquier artimaña operada en los mejores tiempos del PRI arrollador, el caso se volvió un escándalo de mil interpretaciones, entre otras, una muy sensible y delicada, la de considerarlo como laboratorio para otros intentos de reforma constitucional, pero a nivel federal…

    Porque no hay forma de encontrarle justificación a una reforma que ya, con anterioridad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había rechazado, pocos días antes de la elección de junio pasado, al revocar el fallo del Tribunal de Justicia Electoral del estado que pretendía que el período de gobierno fuera de seis años. El tribunal federal resolvió ratificando los dos años de duración del próximo gobierno, y bajo esos términos los candidatos a la gubernatura aceptaron participar en la contienda electoral.

    Es evidente que la reforma aprobada por el congreso de Baja California viola el artículo 5 de la Constitución Federal que señala: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales.” Con lo que se busca asegurar que, al momento de iniciar el proceso electoral, los participantes conozcan las reglas fundamentales que lo regirán y puedan impugnarlas. Además, en este caso se estaría legislando con dedicatoria, pues la reforma en cuestión tiene un beneficiario directo y único que es el actual gobernador electo. Una reforma a modo y con efectos retroactivos, algo que no resulta ético y sí anticonstitucional.

    Los autores de la reforma alegan que con ésta se evita “una carga a las finanzas públicas y al desarrollo económico del estado, pues las elecciones son muy costosas, afirman. Y claro, la democracia no es gratuita, hay que luchar por ella y tiene un costo. Por su parte, la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, tratando de defender lo indefendible, afirma que la extensión del período está justificada porque la quiere la mayoría de los ciudadanos del estado y porque los bajacalifornianos “ya están cansados de votar”. Un argumento insostenible y frívolo. Primero, porque no existe ningún antecedente de encuesta que fundamente esta afirmación y, segundo, porque de acuerdo a este razonamiento, en cualquier momento, un pueblo sabio y fatigado de los procesos electorales, podría mandar al diablo la ley y las instituciones electorales y optar por prolongar mandatos para evitar la “monserga” de tener que votar.

    Por la importancia del tema, se le preguntó al Presidente su opinión sobre este caso y él prefirió no involucrarse señalando que estos son otros tiempos, que toca a otras autoridades resolver y que el Ejecutivo ya no da línea, con lo que el mandatario está desestimando el peso político de su opinión que, en este país, como en muchos otros, la palabra presidencial orienta, ubica y despeja dudas entre quienes suponen interpretar su voluntad. A menos de que no esté muy convencido de que se trata de una artimaña y comparta la opinión de su dirigente morenista.

  • Temas Centrales – La autoridad electoral en capilla

    Por Miguel Tirado Rasso

    Como si hiciera falta algo para enrarecer el ambiente del proceso electoral más grande de nuestra historia, la resolución del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) que determinó la inclusión del segundo candidato independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, en la boleta electoral, logró un consenso unánime, o casi, pero en contra, ante las graves irregularidades, “travesuras” las calificó el candidato, cometidas para recolectar el número de firmas necesarias para su registro y en las que el INE había fundamentado la improcedencia de su registro.

    Y es que, las llamadas travesuras del Bronco, irrelevantes para el Tribunal, no fueron cosa menor. Para asegurar su lugar en la contienda, el gobernador con licencia aplicó, inmisericordemente, el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios, haciendo uso de una verdadera miscelánea de trampas. Así, entregó más de dos millones de apoyos, la mayoría de los cuales no eran reales, por estar duplicados (266,357); estar en el padrón pero no en la lista nominal (11,748); estar dados de baja en el Registro Federal de Electores (15,938); fotocopias (205,721); simulaciones (158,532); inconsistencias (508,532); no encontrados (6,630); documentos no válidos (23,644), y fuera del régimen de excepción (1,869).

    Entiendo que en el surgimiento de las candidaturas independientes, algo, si no es que mucho, tuvo que ver la crítica a las malas mañas de los partidos políticos y sus integrantes. A la poca transparencia, fraudes y trampas en su desempeño y al hartazgo ciudadano que busca alternativas, más allá de la partidocracia, aunque no fueran del todo auténticos. Esto es, aunque no fueran independientes químicamente puros. Consideraciones irrelevantes para Tribunal, que ignoró y optó por hacer una interpretación a modo de la ley, para justificar lo injustificable: incluir en la carrera presidencial a quien, fraudulentamente, supuso que cumplió con los requisitos, con un triste mensaje para quienes compitieron respetando las reglas y creyendo en la ley.

    Y es que, como afirmó la magistrada presidenta del Tribunal, Janine Otálora, quien junto con otros dos magistrados, votó, infructuosamente, en contra de darle el pase a la boleta electoral al gobernador con licencia, las autoridades no pueden permitir que quienes aspiran a un cargo de elección popular,” realicen acciones que cuestionen su ética y su compromiso con la democracia”.

    En el caso de la máxima representación, como es la candidatura presidencial, convendría agregar, habría que ser más estrictos y rigurosos del cumplimiento de la ley. Pues el relajamiento es, precisamente, lo que ha acabado con la credibilidad en el quehacer político. Pero para los cuatro magistrados que votaron a favor, el debido proceso y la presunción de inocencia, que opera en las causas penales, es aplicable en lo electoral, aunque el tratamiento debiera ser diferente, por tratarse de campos totalmente distintos.

    Esta resolución afecta seriamente a las autoridades electorales, porque, sumado a otros palos jurídicos con los que el Tribunal le ha enmendado la plana al INE, queda la impresión de que éste no es muy acertado en sus resoluciones. Además de la percepción que prevalece, en este caso, de que “alguien” influyó en la voluntad de algunos magistrados del Tribunal para favorecer al candidato independiente, lo que pone en tela de juicio la autonomía e independencia de los responsables en organizar, juzgar y llevar a buen término el proceso electoral.

    Y para qué hablar de la credibilidad de la autoridad, ya cuestionada desde antes por algunos de los contendientes presidenciales que aprovecharán cualquier circunstancia, en caso de no salir victoriosos, para denunciar fraude y demandar revisiones que nunca los dejarán satisfechos, mientras el fallo no les favorezca.

    Como hemos visto, los criterios del INE y del Tribunal, en la resolución de casos, son antagónicos, y esto, que puede ser positivo, ya no lo es tanto si se da como regla. En temas tan polémicos como son los de la política, esto no contribuye al fortalecimiento de las instituciones electorales, de por sí siempre cuestionadas. La experiencia histórica nos muestra que quien paga los platos rotos es la autoridad, porque alguien tiene que ser responsable de la catástrofe, y los perdidosos no la perdonan. En las negociaciones post electorales, institución y funcionarios son los sacrificados. Una nueva reforma de ley, con un órgano electoral renovado y la historia se repite, una vez más, hasta la próxima elección presidencial. Borrón y cuenta nueva.

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