Por: Agustín Vargas

• Reforma eléctrica, “expropiación de facto”: CCE
• Escenarios para aprobación
• Crédito bancario a la baja

El pasado viernes uno de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Eléctrica, consistente en fortalecer la participación y atribuciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manuel Bartlett.

Entre los puntos principales de la iniciativa se encuentran: La modificación al Art. 25 Constitucional, que eliminaría los criterios de estricta separación de la CFE y permitiría integrar bajo una sola empresa todas las filiales y subsidiarias de la CFE en el segmento de generación. Además, la iniciativa pretende garantizar a la CFE una cuota de mercado de generación eléctrica del 56%. De acuerdo con la iniciativa, actualmente cuenta con una participación de 38% del mercado.

Se modificaría el Art. 28 Constitucional para reintegrar el sector eléctrico como área estratégica del Estado en todas sus etapas que excluye técnicamente a la CFE de convertirse en un monopolio.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), institución encargada de la distribución de electricidad, pasaría a formar parte de la estructura orgánica de la CFE y se eliminarían los contratos vigentes de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado.

Las reacciones del sector privado, no se hicieron esperar. Ese mismo día el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Carlos Salazar Lomelí, emitió un extenso comunicado en el que, a juicio de los empresarios, “lastima profundamente al país, tanto en materia ambiental como en materia económica”.

Según ese organismo, cúpula del sector empresarial, la aprobación de la iniciativa marcaría un punto de no retorno, “generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país”.

No sólo eso, advierten que la imposición de esta reforma implicaría violaría los tratados internacionales de los que México forma parte, en materia de generación de energías limpias y que dejaran de operar algunas plantas industriales.

La inconformidad por la nueva intentona del gobierno de la 4T por echar atrás la participación del sector privado en el sector eléctrico, es tal que los empresarios advierten que México está ante una “expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, poniendo en grave riesgo la credibilidad de nuestro país como socio comercial y dejándolo expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales”.  Y algo hay de cierto en ello.

Baste recordar que el objetivo de la reforma constitucional presentada en 2013 fue abrir la participación del sector privado al sector energético que por décadas había sido un monopolio de Estado, asegurando la eficiencia de las actividades del sector eléctrico al permitir la competencia en las actividades de la cadena de valor que permitieran la incorporación de agentes privados y regulando estas actividades para procurar el proceso de libre competencia.

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que acompañó esta reforma en 2014 tuvo como objetivo proveer condiciones iguales en materia de generación para la CFE y los particulares mediante contratos con Productores Independientes de Energía (PIE) y las Subastas de Largo Plazo (SLP). Un objetivo adicional de la reforma eléctrica era sentar bases de sustentabilidad en la industria eléctrica promoviendo las energías renovables que jugarían un papel central en cumplimiento de los Acuerdos de París a los que México se adhirió en 2016.

Con la entrada de la LIE, las actividades de generación y comercialización permiten la participación de empresas privadas, permaneciendo la transmisión y distribución reservadas para el Estado catalogados como actividades estratégicas.

La implementación pretendía promover la inversión de la iniciativa privada, dar certeza y claridad en las reglas del juego en una industria compleja con un agente preponderante como lo es la CFE y obtener en el mediano plazo precios más competitivos, tanto para los generadores como para los clientes. Todo eso, por el momento, sigue en el aire.

Escenarios para aprobación

La aprobación de la propuesta de reforma requiere que dos terceras partes de ambas Cámaras voten a favor y la conformación actual posiciona a la coalición Morena, PT y Partido Verde (PVEM) con 55.4% de los diputados y 57.8% de los senadores.

Recientemente legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) se pronunciaron en contra de la reforma propuesta argumentando la preocupación de la eficiencia de la industria eléctrica y la afectación económica que puede tener; sin embargo, el PRI anunció que revisará los alcances de la reforma a través de una serie de foros coordinados con el grupo parlamentario de diputados.

El PRI cuenta con 71 diputados (14.2%) y 13 senadores (10.15%) que en caso de votar todos a favor de la reforma con la coalición Morena-PT-PVEM podrían alcanzar la mayoría necesaria para aprobarse.

Hay que recordar que una fracción de la actual bancada del PRI conformó la votación a favor de la reforma de 2013, por lo que sería contradictorio esperar que se vote a favor de la nueva reforma.

En este tema en particular se evidenciará si este grupo político actuará como oposición o apoyará a la administración actual, ya que además fue el partido político que propuso e impulsó la reforma energética. Adicionalmente, el PRI no es un grupo homogéneo y es improbable que se realice

una votación en bloque.

Como quiera que sea, la iniciativa de reforma eléctrica será la prueba de fuego para la supuesta solidez de la coalición opositora de partidos (con todos sus diputados y senadores), a las acciones u ocurrencias del jefe que encabeza el gobierno e la 4T. Pronto se verá.

Crédito bancario a la baja

De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con cifras hasta agosto de este año, el crédito de la banca comercial al sector privado en ese mes cerró con un saldo de 4 mil 639.5 millones de pesos,  lo que significó una contracción nominal anual de -3.5%, con lo que hiló el décimo mes consecutivo con decrementos en la cartera de crédito vigente al sector privado.

El crédito al sector empresarial es el que registró la mayor caída, con baja de 9.2% con relación al año anterior; esto como reflejo de una lenta reactivación en la demanda de crédito, además del cuidado en selección de los bancos.

El crédito al consumo siguió cayendo (-0.4%), principalmente por las disminuciones en tarjeta de crédito (-2.0%) y créditos personales (-6.7%), mientras que los créditos de nómina registran un mejor desempeño (+3.8%), en tanto que el Hipotecario mantuvo su tendencia positiva, con alza 9.5%.

A pesar de las caídas en el otorgamiento de crédito en la mayoría de los segmentos,  los analistas mantienen la expectativa sobre tasas de decremento cada vez menores y crecimientos a finales de año, específicamente, a partir de noviembre.