Por: Miguel Tirado Rasso
Para cerrar el año, las baterías de Morena han vuelto apuntar hacia su “enemigo” favorito, el Instituto Nacional Electoral, a quien acusa de todo lo peor que puede ser un árbitro: parcial, faccioso y golpista. El dirigente del partido en el gobierno, Mario Delgado, además de señalar que la autoridad electoral opera en su contra, ha pedido a su bancada en la Cámara de Diputados y legisladores aliados, acelerar la solicitud de juicio político en contra de los 6 consejeros que votaron, según él, a favor de la “suspensión”, del proceso de revocación de mandato. En realidad, los consejeros votaron sólo por el aplazamiento del proceso.
Llama la atención que estos procesos de democracia participativa, consulta popular y revocación de mandato, que, con tanto entusiasmo y pasión, promovió la 4T, y sobre los que las oposiciones votaron a favor y para que se incluyeran como derechos fundamentales en nuestra Carta Magna, a la hora de su aplicación se vuelvan polémicos y controversiales, por la interpretación torcida que la misma 4T les quiere dar, alterando, no sólo el texto de la letra de la ley, sino hasta el espíritu de la norma, que, fue producto del trabajo de sus propios legisladores y sus aliados, así como de las otras bancadas del Congreso.
Hace unos meses, en el mes de agosto, a través de la figura de consulta popular, Morena promovió preguntar a la ciudadanía una obviedad, ¿estaría de acuerdo en que se sancionaran a los ex presidentes que hubieran incurrido en actos de corrupción? Algo, que, por sus funciones y responsabilidad, la autoridad estaría obligada a investigar y a sancionar, con independencia de una consulta que, en el proyecto original de resolución del ministro ponente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era calificada de inconstitucional “porque la justicia no puede ser sometida a la opinión de las mayorías, pues vulneraba los derechos de las víctimas y del debido proceso”, decía el proyecto.
Pero la Corte evitó ser drástica y buscó una resolución salomónica. Por una parte, rechazó el proyecto original y declaró constitucional la consulta, pero modificando, radicalmente, el texto de la pregunta, en la que se eliminó toda referencia los ex mandatarios. A pesar de esto, Morena insistió en sus discursos, entrevistas, declaraciones y propaganda, que el objetivo de la consulta era sancionar a los ex presidentes, ignorando el fallo de la Corte. Al final, este ejercicio ciudadano fue un fracaso, bastante gravoso, por cierto, 500 millones de pesos. No hubo la participación ciudadana mínima requerida, la pregunta formulada era ininteligible y Morena confundió a los participantes al difundir un propósito de la consulta diferente al autorizado por la Corte. Eso sí, sirvió para atacar al INE, acusándolo de haber boicoteado el proceso, de retrasar el inicio de su organización, armar una “consulta pobre”, con pocas casillas y de hacer una promoción insuficiente. Además de amenazar a sus consejeros con someterlos a un juicio político.
La historia se repite. Ahora la 4T va tras la revocación de mandato. Un proceso de democracia participativa cuyo objetivo es: “Determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza”. (Art. 5, Ley Federal de Revocación de Mandato). Lo que supondría que los interesados en ejercer este derecho serían quiénes buscan la destitución del gobernante. Pero, no. Al estilo de la 4T, este ejercicio ciudadano lo han distorsionado para convertirlo, precisamente en lo contrario, una propuesta de ratificación de mandato. Nada que ver con el propósito original del derecho ciudadano para cesar del cargo al Ejecutivo, por falta de confianza.
Pero ahora, al igual que en el caso de la consulta popular antes comentada, el ejercicio de revocación resulta un despropósito, pues nadie ha solicitado destituir al Primer Mandatario, ni se ha planteado, de manera formal y colectiva, la pérdida de confianza en él. Además de que, de antemano, se puede adelantar el resultado de proceso, porque la difusión que se ha hecho por parte de Morena y aliados es engañosa, al promover la participación ciudadana para ratificar y no para cuestionar la permanencia del Ejecutivo.
Otro ejercicio sin sentido ni utilidad, con un alto costo económico, que está sirviendo para poner, en el banquillo de los acusados, al enemigo favorito, al INE, a quien se le vuelve a acusar de boicot y sabotaje por “estar en contra del proceso de revocación de mandato y de operar en contra de la democracia”. Ahora, como si fuera consigna, todo el aparato de la 4T se ha volcado en contra de la autoridad electoral. 18 gobernadores, los diputados federales y senadores de Morena, sus aliados, alcaldes y, hasta las corcholatas, se han pronunciado en contra de la autoridad. Una vez más, el dirigente de Morena amenaza a los consejeros con destituirlos mediante juicio político y acusarlos penalmente.
Sorprende, pues, la euforia de los de Morena por defender un derecho, el de revocación de mandato, que, hasta la fecha, ningún ciudadano, fuera de los de la 4T, ha solicitado ejercer. Claro está que ellos lo demandan, pero no para revocar, como está concebido en la Constitución, sino para ratificar, algo que no tiene ningún fundamento legal.
¿Porqué la urgencia de demostrar la popularidad del presidente en un costoso proceso, si con las encuestas que mensualmente publican diversos medios, no queda duda del alto grado de aceptación que mantiene? ¿Existirá algún otro propósito oculto?
Por lo pronto, y con motivo de estas fiestas decembrinas, les envío un muy cordial abrazo, deseándoles que tengan una muy feliz navidad en compañía de sus seres queridos, con los cuidados que la prudencia recomienda en esto pandémicos tiempos.
