Por: Agustín Vargas
- Muchas expectativas, poco ánimo
- Cero apoyos fiscales
- Sedatu y UIF van por constructoras
La mañana del lunes 15 se firmó en Palacio Nacional el Convenio para la Reactivación Económica entre el Gobierno Federal y la Iniciativa Privada, que tiene como objetivo invertir en proyectos de infraestructura, energía y comunicaciones para, de esa manera, buscar el crecimiento de la economía tras la pandemia.
A diferencia de otros anuncios hechos durante la actual administración relacionados con el mismo tema, que despertaban el interés no sólo de inversionistas, empresarios y sociedad en general, aunque luego se quedaron en eso, simples anuncios, el del pasado lunes no levantó el ánimo ni de los propios firmantes.
El convenio actualiza el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del sector privado, anunciado en noviembre pasado. Se agregan 39 proyectos por 294 mil millones de pesos que serán financiados con capital privado, con la intención de abonar al objetivo general de lograr inversión pública y privada cercana a 25% del PIB.
Al amparo del nuevo acuerdo todos los proyectos deberán ejecutarse bajo esquemas de participación privada, ya sea por concesión o como alianza estratégica con entidades estatales. Esto, sin duda, es positivo en tanto que renueva esfuerzos conjuntos de la iniciativa privada con el gobierno para revivir la inversión, pero se mantiene con alcances limitados.
Aún si se suman los 259 mil millones a los 859 mil millones anunciados en noviembre, el total de la inversión anunciada apenas rebasa el 4% del PIB; y en los proyectos de energía no aparece nada con respecto a generación de electricidad. Las acciones contribuyen, pero no resuelven el problema de falta de inversión en la economía.
Estas inversiones y la suma de las que anunciaron el pasado mes de noviembre poco cambiarán la expectativa de crecimiento en el 2021 de entre el 3% y 3.5%. Diversos analistas consideran que la mayor parte de la recuperación vendrá de la demanda externa, y no de la demanda interna, pues estos proyectos son aún insuficientes.
Si bien es un primer paso para aumentar la inversión, faltan varios proyectos más para poder hablar de un nuevo ciclo de inversión que ha estado frenado prácticamente desde hace cuatro años.
Posiblemente la buena noticia sea referente a las inversiones que se harán en el sector enérgico aun considerando que son precarias, porque es la parte que había estado esperando el mercado desde inicios del año.
Cero apoyos
Mero trámite o compromiso de los empresarios con el Gobierno Federal para acordar un plan de reactivación que, de entrada, no se sienten seguros ni confiados de que se llevará a cabo ante la incertidumbre que les ha generado el constante cambio de reglas de juego por parte de las autoridades.
Menos aun cuando las propuestas empresariales han sido menospreciadas y descalificadas y se sabe también que se ha delineado un gasto público para el próximo año que prioriza programas que nada tienen que ver con la reactivación de la economía.
Aquí los sectores productivos del país todavía están solicitando al gobierno la instrumentación de apoyos fiscales, pero la cerrazón gubernamental y los oídos sordos han frenado cualquier intento por reanimar a la economía nacional, mientras que en diversas parte del mundo, sobre todo Estados Unidos, Europa y Asia, en donde están algunos de los principales socios comerciales de México, ya se prepara la segunda ronda de apoyo fiscal masiva para proteger sus economías y el de las familias.
Sedatu y UIF van por constructoras
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Román Meyer Falcón, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en todos aquellos actos que tengan que ver con la ejecución de obras públicas y adquisición de tierras
Según la Sedatu, se tiene que rediseñar el proceso de ejecución de la obra pública para todas las instancias de la Administración Pública Federal. “Es una oportunidad para generar modificaciones a la Ley de Obras Públicas para agregar mecanismos de mejora en la implementación de licitaciones, fallos, seguimiento de las empresas, la revisión de quiénes son sus accionistas, cuándo y dónde fueron conformadas”, detalló Meyer Falcón.
El funcionario denunció que en las últimas décadas ha habido un saqueo de terrenos nacionales a través del uso político de los cargos para disolver enormes superficies de alta plusvalía, particularmente en las penínsulas del país, por lo que ya se trabaja en la elaboración de un sistema de terrenos nacionales para que no puedan ser enajenados de manera irregular y evitar la especulación.
En esta trama, según Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, tiene que ver la corrupción judicial vinculada a los tribunales agrarios, ya que se ha detectado que existe una relación de corrupción con despachos de abogados ligados a la Consejería Jurídica de la administración pasada para beneficiar a un sector en contra de los intereses sociales.
