Por: Agustín Vargas

• La farsa de la “nueva nacionalización”
• Deuda pública oculta

La gran necesidad y urgencia del actual presidente de México de trascender en la historia como uno de los grandes mandatarios que ha tenido nuestro país, lo han llevado a cometer diversas irregularidades administrativas, políticas y hasta jurídicas, todas ellas salpicadas de ocurrencias y autoritarismo que han derivado en la polarización de la sociedad y, particularmente, en la desatención de las necesidades básicas de la población: salud, educación, seguridad, infraestructura.

Todo ello en aras de imitar a los grandes presidentes mexicanos y a otros personajes de la historia quienes son catalogados como héroes nacionales que, motivados por reales circunstancias que ponían en riesgo la soberanía e independencia del país se vieron en la necesidad de actuar para salvar a la nación.

Según su estado de ánimo y como le haya amanecido, el inquilino de Palacio Nacional se erige como Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas y más reciente, al presidente Adolfo López Mateos, quien el 27 de septiembre de 1960, nacionalizó la industria eléctrica, con el fin de aumentar el nivel de electrificación, ya que en ese año era del 44%.

Esa necesidad del señor López Obrador — convertida en necedad— de que se le reconozca como estadista cuando en realidad se ha dado a la tarea de pretender destruir lo que funcionaba en México y que lo han mantenido de pie, lo llevó recientemente a anunciar una ocurrencia más que, por supuesto implica la desviación de recursos públicos a otros temas que no son prioritarios.

El inquilino de Palacio Nacional dio a conocer la compra que realizó el Gobierno de México a la empresa Iberdrola de 13 plantas de generación de energía eléctrica. Según las autoridades, la operación implica un proceso de “nueva nacionalización” (en realidad no lo es) y el aumento de la capacidad de generación de la CFE, que dirige Manuel Bartlett.

En una nacionalización el Estado se convierte en propietario o controlador de bienes o actividades que pertenecían al sector privado. Evidentemente las condiciones de la operación no implican una nacionalización típica, ya que la CFE sólo será administradora de la operación de las plantas.

Más deuda pública

Los recursos para la compra -casi 6,000 millones de dólares- provienen en principio del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), lo que reduce la posición neta de activos financieros verdadera del sector público. Independientemente de que el Fonadin está fuera del presupuesto, son recursos públicos y por ello tienen usos alternativos.

Podría argumentarse que dicha reducción de activos financieros netos se compensa con una adquisición de activos físicos (las plantas) y que, por ello bajo un criterio de contabilidad patrimonial, el efecto sería neutral en la deuda pública neta.

Sin embargo, para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en México la contabilidad púbica es de flujos, no patrimonial y por ello la compra implica una deuda, aun cuando esté oculta mediante el uso de diversos mecanismos para ello. Advierte que la operación tiene al menos tres implicaciones negativas como política pública:

-Es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio señor López Obrador a Iberdrola. Ello en el momento que el país necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad que representa el movimiento de relocalización o nearshoring. Pero la preferencia revelada del gobierno es más bien por objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral.

-Si bien las generadoras son productivas y probablemente eficientes, su adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que serán difíciles de solventar. Y en México como en todo el mundo los gobiernos enfrentan problemas de suficiencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura, ya que compiten con otras prioridades que a menudo son más urgentes.

-En este momento, sería importante que la política pública estuviese concentrada en crear todas las facilidades posibles a fin de sacar el mayor provecho de la relocalización o nearshoring. Ello implica la inclusión de sectores y regiones que no han sido beneficiadas por el comercio exterior y la inversión que implica.

En este punto, la inversión en líneas de transmisión y distribución, que es monopolio de la CFE, ha sido insuficiente. Dichas inversiones han estado significativamente por debajo de lo planeado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) desde el 2019. Por ello, sería preferible destinar los recursos públicos a este fin, entre otros críticos, en lugar de utilizarlos para adquisiciones que no contribuyen a lo prioritario en este momento para el país.