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Etiqueta: poder ejecutivo

  • Fideicomisos ocultos de AMLO

    Por: Agustín Vargas

    • Son 40 fideicomisos de diversas dependencias
    • Su patrimonio asciende a casi 100 mil mdp
    • Machetazo de senadores al PJF
    • Urzúa al equipo de Xóchitl

    En plena batalla de AMLO con el Poder Judicial de la Federación por la desaparición de 13 fideicomisos pertenecientes al PJF, la mayoría de los cuales están vinculados a prestaciones laborales de los trabajadores de dicho Poder, se reveló información sobre los  fideicomisos que Andrés Manuel López Obrador mantiene prácticamente ocultos y que suman casi 100 mil millones de pesos.

    Se trata de 40 fideicomisos que esencialmente fueron creados para lo mismo que los del Poder Judicial de la Federación, o sea destinarlos a prestaciones y jubilaciones de los trabajadores de diversas dependencias y organismo del Poder Ejecutivo, de acuerdo con información divulgada hace un par de días por el diario Sol de México, con datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

    Entre los fideicomisos que AMLO ha callado, destaca el de Pensiones del Banco Nacional de Obras  Servicios Públicos (Banobras), cuyo patrimonio asciende a 22 mil 600 millones de pesos, según cifras actualizadas hasta agosto de este año. Le sigue en orden de importancia por el monto de su patrimonio, el de Nacional Financiera, creado en 1998 destinado para el fondo de pensiones y prima de antigüedad de Nafin.

    Otro es el Fondo de Retiro de los trabajadores de la Secretaría de Educación (FORTE), creado en 1990 tiempos de Carlos Salinas de Gortarí y que, de acuerdo con la información del diario, el acta fue firmada por Manuel Bartlett Díaz cuando era titular de la SEP y Elba Esther Gordillo, en su calidad de secretaria general del  Magisterio. El patrimonio de ese fideicomiso asciende a 19 mil 700 millones de pesos.

    Hay también fideicomisos del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, Banrural, el Fideicomiso para el pago de pensiones jubilatorias a los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México y hasta fideicomisos que administra el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), nueve en total que pertenecen a instituciones que han desaparecido en las últimas décadas y que en total suman mil 800 millones de pesos.

    Así las cosas con los fideicomisos que AMLO mantiene ocultos y que, sin lugar a dudas, le serán útiles en estos tiempos que ha decretado la imaginaria “austeridad franciscana”, aunado por supuesto a los 15 mil millones que pretende arrebatar al Poder Judicial, con la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que fueron creados para las prestaciones laborales y jubilaciones, entre otras cosas, de los trabajadores de Poder de la Federación.

    Senadores, machetazo al PJF

    Las comisiones de Hacienda, y Estudios Legislativos Segunda aprobaron con 19 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, el proyecto de decreto que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, con el que desaparecen 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

    Las comisiones se declararon en sesión permanente, en tanto, el decreto se remitió  a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno del Senado para una primer lectura en una sesión y posteriormente se llamaría a otra sesión para votarla ayer mismo, ante la urgencia de los morenistas. Hasta el cierre de la edición de esta columna se mantenía la discusión en el Senado.

    Senadores de Morena, PT y PVEM votaron a favor de la desaparición de los 13 fideicomisos que, según ellos, beneficiaban a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en tanto, la oposición del PAN, PRI, PRD, Grupo Plural y senadores independientes votaron en contra de que desaparezcan dichos fideicomisos.

    En la Comisión de Hacienda se emitieron 10 votos a favor, 7 en contra y una abstención, mientras que en la Comisión de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda se emitieron 9 votos a favor y 6 en contra, lo que da un total de ambas comisiones de 19 a favor, del oficialismo (Morena, PT, PVEM) y 13 en contra, de la oposición (PAN, PRI, PRD, Grupo Plural y senadores independientes).

    Se trata de 15 mil millones de pesos que pretende quitar el gobierno federal al Poder Judicial Federal para reutilizar esos recursos con el argumento de que los 13 fideicomisos no tienen sustento jurídico.

    Afuera de las instalaciones del Senado de la República, centenares de trabajadores llevaron a cabo protestas fuera para manifestar su inconformidad por la desaparición de los fideicomisos, en tanto que las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, permanecieron bloqueadas por los trabajadores, hasta nuevo aviso.

    Urzúa al equipo de Xóchitl

    Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, anunció la adhesión de Carlos Manuel Urzúa, quien fuera el primer secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a su equipo rumbo a las elecciones de 2024.

    “Me complace anunciar la nueva incorporación del Frente Amplio por México. ¡Bienvenido a este equipo, Carlos Manuel Urzua! Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México”, informó en redes sociales.

    Carlos Manuel Urzúa se desempeñó como secretario de Finanzas del gobierno de López Obrador en el entonces Distrito Federal de 2000 a 2003 y posteriormente, estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda al inicio de la administración del tabasqueño.

    A mediados del 2019, renunció debido a que no estaba de acuerdo con la política económica que AMLO buscaba implementar. En su carta de renuncia, el funcionario expresó su desacuerdo con que se hayan «tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento».

    AMLO confirmó que tuvo diferencias con Urzúa por la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, como también Urzúa las tuvo con el jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo; con el exdirector del IMSS, Germán Martínez, y con la directora del SAT, Margarita Ríos-Farjat.

    Tras esta ruptura, Urzúa se distanció de AMLO y la 4T y durante este tiempo ha seguido lanzando fuertes críticas a su administración, hasta ayer que se anunció su integración oficial al Frente Amplio opositor que lidera Xóchitl Gálvez.

  • Tribunales de consigna en materia aérea

    Por: Agustín Vargas

    • Estrategias para demorar juicios
    • Ciudadanos acudirán a instancias internacionales
    • Reelección en AMFE
    • Lanza Plataforma de Educación Financiera

    Una semana después de haberse publicado el decretazo presidencial que blinda por razones de “interés público” y “seguridad nacional” las obras de infraestructura para que no puedan sean objetadas y paralizadas por disposiciones jurídicas contrarias a los intereses del gobierno morenista, entre otros puntos, un colectivo de ciudadanos dio a conocer un adelanto de que puede significar las disposiciones del inquilino de Palacio Nacional.

    A partir del decretazo los ciudadanos en todo el país están en riesgo de que se aprueben proyectos sin informarles, sin dejarles participar, sin que se midan los impactos ambientales, por ejemplo, en el caso de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y también en el de Texcoco, antes de su cancelación.

    Sobre el tema de los aeropuertos, el Colectivo Ciudadano “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido” denunció el pasado 30 de noviembre la falta de justicia y sesgo de la misma porque todos los amparos y juicios fueron concentrados en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ya tienen un criterio previo a los amparos, según explicaron los abogados de la organización,  porque son los que han conocido de los juicios del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y del de Santa Lucía.

    Las dos instancias judiciales no podrían ir en contra de lo que ya dictaminaron sobre el beneficio del nuevo aeropuerto, dijeron los abogados Luis Miguel Cano, Mario Victoria y José Luis Guerrero, e informaron que la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha remitido a la Primera Sala las solicitudes de atracción de los juicios, cuando es la Segunda Sala a la que correspondería conocer, porque es la especializada en Materia Administrativa.

    Los abogados advirtieron que existe una estrategia de demora por parte de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), que en todo momento, mediante quejas sin fundamento han tratado de retrasar el avance de los diversos juicios, llegando incluso a presentar formatos idénticos en sus recursos, donde alegan cosas diferentes a los hechos a que se refieren los amparos o advirtiendo, por ejemplo, que un juzgador está imposibilitado de tomar decisiones en materia de aeronáutica, desconociendo la Constitución porque México como signante del Tratado de Chicago, acepta que puede regularse.

    Debido a que los juicios de amparo remitidos a un tribunal de consigna no han podido frenar las afectaciones que se han ido acumulando en la población, en los daños causados en su salud y medioambientales, es que el abogado Luis Miguel Cano adelantó que a más tardar en febrero llevarán su queja a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o al Sistema Universal de Derechos Humanos, uno de los Comités de Naciones Unidas competente para conocer de comunicaciones por violaciones a los derechos humanos.

    Los abogados han presentado más de 30 amparos y 7 recursos, de los que 25 amparos siguen en trámite y confían en que tarde que temprano el Poder Judicial manifieste su autonomía del Poder Ejecutivo y resarza la vulneración fundamental que existe en estos casos.

    Esto, por supuesto, es un adelanto de lo que podría verse en lo sucesivo cuando se pretenda alguna acción jurídica en contra de cualquier obra del gobierno federal que pueda afectar el modo de vida, salud y tranquilidad de los ciudadanos, ya no se diga si se quiere averiguar o preguntar sobre la transparencia del uso y destino del dinero aprobado para tal efecto, aunque por lo expuesto por los quejosos ya existe un patrón judicial a seguir desde antes de la publicación del decretazo.

    Reelección en AMFE

    Quien estará un año más al frente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), es Enrique Bojórquez Valenzuela, quien fue reelecto como presidente de las sofomes y los intermediarios no bancarios más grandes de los mercados automotriz, agropecuario, pymes, inmobiliario y de préstamos personales, que en conjunto suman a más de 2 millones de clientes y una cartera de créditos superior a los 430 mil millones de pesos.

    Se ha puesto como objetivo reforzar el papel interlocutor de esta agrupación con las autoridades financieras y la banca de desarrollo, a efecto de proponer ideas y acciones para que conjuntamente se agilice y atienda con mayor eficiencia la demanda de crédito por parte del sector empresarial, lo que es indispensable en el actual periodo de reactivación económica del país.

    Plataforma de Educación Financiera

    Por cierto, la AMFE puso en operación su Plataforma Integral de Educación de Financiera de libre acceso en el sitio www.amfe.com.mx con la que desde cualquier computadora, tableta o teléfono móvil, se información, consejos y tips sobre cómo realizar un presupuesto y obtener un mejor rendimiento y uso del ahorro, el crédito, la inversión, los seguros y los productos para el retiro.

    Para esto recibió el respaldo técnico y visto bueno de la Condusef, en particular del director de Educación Financiera, Wilfrido Perea.

    “La idea es que las familias mexicanas protejan y optimicen mejor sus recursos económicos a través de un mayor conocimiento de los productos y servicios que ofrecen las empresas financieras mexicanas”, sostuvo Bojórquez.

  • Suspender mañaneras, niguas dice AMLO

    Por: José Antonio Chávez

    El presidente del INE, Lorenzo Córdova está muy seguro de querer  suspender las conferencias mañaneras del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

    El argumento es que no es el INE, sino  la Constitución la que estipula suspender las campañas gubernamentales, salvo  temas de Salud, Educación y Protección Civil.

    Bueno, las conferencias mañaneras no son más que un espacio que aprovecha el Presidente para informar de sus temas. Desde el punto de vista analítico no hace campañas, como advierte el INE en su Constitución. Habla de diferentes temas como cualquier Mandatario habló en  funciones en administraciones pasadas.

    Y dos, difícilmente le puedo apostar que el Presidente suspenderá sus conferencias, pues su argumento es que no se puede suspender el derecho del pueblo a tener la información.

    Dicen los que saben que si se enfoca al sector Salud, con este programa de vacunación masiva implementado ayer y que se espera termine hasta  octubre, anote que sin duda  legalmente le darán la razón los responsables del Poder Judicial.

    Sin embargo, Don Lorenzo se quiere  ver muy avalentonado enfrentando a diversos actores o Poderes  como es el Ejecutivo de AMLO y el Legislativo de Ricardo Monreal.

    Este último porque el INE de nueva cuenta quiere suplantar las leyes de imponer la equidad de género a los partidos para las elecciones venideras a los 15 gubernaturas cuando el proceso es a una reforma política electoral que se hace en el Congreso de la Unión y no una orden desde su mandato. Vaya se tiene  que legislar como fue el caso del Congreso candidatos 50%hombres y 50% mujeres.

    Bueno, en cada proceso de elecciones salen a flote todas las calamidades de  esta obsoleta y destartalada  reforma electoral que acusan a aspirantes o partidos políticos, junto con los gobiernos de los tres niveles guardarse y callarse para evitar que sean expulsados por actos anticipados de campaña.

    Sería interesante que los flamantes legisladores se actualicen para mandar una reforma más flexible acorde a los tiempos modernos.

    Una reforma que libere todos los candados que pretenden acallar o silenciar el escenario político y se integre una sola línea desde el gasto, aportaciones y porque no, hasta eliminar los recursos del erario a los partidos políticos o al menos un monto que no rebase la grosera e insultante cifra que actualmente se dispone para cada fuerza política.

    Ese dineral es un atractivo para armar o construir los vivales su propio Partido y conseguir prerrogativas económicas que les permita vivir como virreyes.

    Una forma de frenar ese brote de partidos sería, sin duda que en la misma reforma se incremente el porcentaje del 3% al 5% para conservar el registro de los partidos políticos, pues con esa cifra le puedo adelantar que tendría una disminución que sigan brotando vividores profesionales para tener su propia franquicia con jugosas prerrogativas.  El pleito del INE contra AMLO apenas está empezando.

    Apoyar industria restaurantera llama Monreal

    Ayer el líder del Senado, Ricardo Monreal hizo un llamado de apoyo para el sector restaurantero que está por los suelos con esta pandemia. Consumir lo que más se pueda para disfrutarlo en casa es de mucha ayuda. Desde luego que la frase de SOS que lanzaron “abrir o morir” le duele a cualquiera.

    Anote que el mandamás de la Cámara Alta para cerrarle el paso  a toda duda acerca de su postura frente al proceso interno del partido, dijo que hay total respeto y todo el que se quiera postular es a título personal pues no faltan la malas lenguas que acusan anda metido hasta los dientes, por eso dejo entrever que  la prioridad hoy es sacar las reformas pendientes, muchas de gran ayuda para la reactivación económica.

    Morena pone ojo en nicho media y alta en Álvaro Obregón

    Parece que en la Ciudad de México alguien le hablo al oído a los líderes de Morena sobre la necesidad de potencializar sus candidatos con una talla personalizada para cada una de las 16 Alcaldías.

    Por ejemplo, en Alvaro Obregón existe un nicho potencial de la clase media y media alta que en anteriores administraciones por ser de izquierda simplemente no se atendía y que puede definir una elección.

    Ahora, ese partido tiene como uno de sus aspirantes al Doctor en Derecho por la Universidad de Pensilvania, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann y designado por el Senado de la República Magistrado del Tribunal Electoral del Poder  Judicial de la Federación (TRIFE) en 2017.

    Su formación profesional, incluso como catedrático de la UNAM y Tec de Monterrey,  le da un perfil, podríamos decir de forma coloquial hibrido, es decir todo terreno, además de interactuar con los simpatizante de las zonas populares, también se identifique con esas clases que tienen la necesidad de alzar la voz y mostrar sus exigencias, pero sobre todo alcanzar soluciones.  

    Obviamente  Jorge Emilio  sabe que no es una tarea fácil, sin embargo, parece tanto para el como para Morena con este paso que se busca dar, se está en la antesala de entrar a la nueva dinámica que cada vez se tiene que atender un electorado más exigente con candidatos acorde y más preparados.

    Sigue capacitación enfermería en linea

    En el ISSSTE que dirige Luis Antonio Ramírez, el Sindicato Nacional de Trabajadores que encabeza Luis Miguel Victoria Ramfla desarrolla capacitación en línea a través de congresos internacionales dirigidos a la enfermería y médicos con especialidades en Anestesiología, Pediatría y Bancos de Sangre hoy que se necesita más que nunca ante la situación actual de pandemia. Esos cursos con ponentes nacionales y extranjeros permite tener un intercambio de experiencias. Todos los martes se  transmite, incluso el diplomado de Actualización de  Enfermería a través de su canal de YouTube. Y para reforzar la capacitación, del 18 al 22 próximo se realizará el Sexto Congreso Internacional de Enfermería, en modalidad de línea.

  • Sentencias jurídicas, no políticas

    Por: Miguel Tirado Rasso

    Hay quienes señalan que la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el tema de la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a 5 expresidentes de nuestro país, fue acertada y la adecuada ante el ambiente de polarización y confrontación que tanto promueve y favorece a los propósitos de la 4T. Una decisión ajustada a las circunstancias, muy política y poco jurídica, parecería ser el sentido de esta interpretación, que vería en el dictamen de la Corte una hábil jugada para evitar el choque entre los poderes ejecutivo y judicial.

    En esta interpretación, se dice que la Corte, si bien, despejó la preocupación del presidente López Obrador sobre la constitucionalidad de su pregunta, aceptando la procedencia legal de su consulta y evitando un delicado y riesgoso enfrentamiento, al reformular la pregunta cambió su intencionalidad, para dar lugar a una consulta abstracta, como la calificó el primer mandatario. “Descremada”, pues.
    Y es que, al modificar la pregunta, se eliminó la parte sustantiva, la del impacto político-mediático, que era la verdadera intencionalidad, el sentido de la estrategia, y que, en su texto original, señalaba:
    “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. 
    Se trataba de poner en la picota las cabezas de presidentes del pasado, por presuntos delitos cometidos y, de paso, por neoliberales, conservadores y lo que se surgiera. La intención era exhibirlos, objetivo en maduración, más que aplicarles la ley y someterlos a juicio por los delitos que se les pudieran acreditar, porque esto implica un proceso largo y complicado.
    Una jugada eminentemente política, que para todos quedaba clara. Muy conveniente para Morena, que no atraviesa por sus mejores momentos, como tema de campaña en tiempos del proceso electoral de 2021, ya en plena marcha. Sólo que, con el cambio, la pregunta quedó de bajo impacto, con el siguiente texto:
    “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
    Ciertamente, un texto ambiguo que despierta dudas, en el que ya no se habla de investigar y sancionar supuestos delitos; ni se mencionan los nombres de los destinatarios del golpe político, presuntos violadores de la ley, ni tampoco se hace alusión al período de comisión de las faltas: antes, durante y después de su gestión oficial. En esta versión “austera” y a la que tendrá que sujetarse la consulta popular, se menciona el “esclarecimiento de decisiones políticas”, como motivación de la consulta; generaliza, con la denominación “actores políticos”, a quiénes va de dedicatoria, y modifica y amplía su espacio de vigencia a unos imprecisos “años pasados”, lo que despierta ideas y permite cualquier especulación.
    Según lo analizado, del propósito original de la consulta, casi nada quedó. Como lo señaló algún ministro de la Corte, existía consenso sobre la inconstitucionalidad de la pregunta, así que había que modificarla. Falta ver que en el manejo mediático, se respete el espíritu de la Corte y se omitan cargos y nombres, en respeto al derecho de presunción de inocencia y al principio del debido proceso. Sólo que entonces, la consulta ya no resultará tan apetitosa, además de que, llevarla a cabo, resulta altamente oneroso. Según comentó un consejero electoral, sobre 8 mil millones de pesos.
    Demasiada inversión para un consulta cuya pregunta es confusa, y da lugar a múltiples interpretaciones; que ya no cumple el propósito original de quién la propuso; que nos la podríamos ahorrar, porque es una apuesta segura a una aprobación, casi unánime; que, salvo un buen ejercicio de democracia deliberativa, una apertura a la participación ciudadana, no tiene aplicación concreta ni mayor utilidad, pues no es vinculatoria, según lo informó el presidente de la SCJN.
    Independientemente de las motivaciones que hayan contribuido a la decisión de la Corte para declarar constitucional la encuesta popular, me quedo con el proyecto de sentencia presentado por el ministro Luis María Aguilar y su concierto de inconstitucionalidades como calificara la consulta. Un serio análisis jurídico, como compete al máximo tribunal de justicia del país, cuya función es la vigilancia del respeto y observancia de la Constitución. Cualquier otro argumento de carácter político, no le corresponde a un tribunal de derecho porque, cuando se politiza la justicia y su impartición, se pierde el Estado de derecho y se acaba la seguridad jurídica.

  • Intelectuales, AMLO y el precio del voto legislativo

    Por: Jose Antonio Chavez

    El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con un cuestionamiento a la carta que firmaron unos 30 intelectuales por el llamado que hicieron a los partidos de oposición de hacer un frente común ciudadano para recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados que sirva de contrapeso al Poder Ejecutivo porque hoy su partido tiene la mayoría.

    Bueno, López Obrador aprovechó y en ese cuestionamiento dijo que es de pena ajena su argumento con miras al 2021, fecha que se renueva los 500 Diputados en San Lázaro ¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España  Emilio Lozoya, ex director de Pemex y que al parecer explicara cómo se lograba el contrapeso que pretenden recobrar los firmantes?

    Qué quiso decir el Presidente, bueno que el contrapeso que por años se registró en el Congreso de la Unión, vaya en este caso la Cámara de Diputados, es de los grupos parlamentarios que en la mayoría de casos, ofrecía sus votos para legitimar o aprobar reformas, Presupuesto y más a cambio de money.

    Obviamente López Obrador en días pasados había adelantado que el acuerdo con Lozoya es que hablaría de la corrupción y con nombres y apellidos, del caso Odebrech, por citar alguno, incluso que ahí estaban metidos legisladores o ex legisladores, bastaría agregar sin duda  que son esos de los que hacían el contrapeso, vaya PAN y PRD y de todos los colores.

    Es decir, cuánto vale mi voto y cuanto te sirve. Dicen los que saben que es una práctica común que se celebra, no solo en la Cámara de Diputados, sino en todos los Congresos de los Estados, los mismos cabildos en las presidencias municipales y todo lo que tenga que ver con la aprobación de los partidos políticos.

    Eso es lo que les restregó, sin mencionarlo, el Presidente, les dio una probadita de lo que les sacara en la semana, basta recordar los casos donde los grupos parlamentarios aprobaron las reformas estructurales del ex presidente Peña Nieto.

    La Reforma Energética, cuando se celebró la discusión, los entonces perredistas que hoy la mayoría ya son morenistas, decidieron secuestrar el recinto de la Cámara de Diputados para evitar que sesionaran.

    La mayoría la tenía el PRI de Manlio Fabio Beltrones con 212 y  la segunda fuerza el PAN de Luis Villarreal (el de la frase Montana de Vallarta), José Isabel Trejo (Chavelo) y Ricardo Anaya, el presidencial, con 114,  mientras que el tercero era el PRD  de Silvano Aureoles con 104 diputados.

    Esa reforma la aprobaron con los ojos cerrados el PRI y el PAN, mientras que los perredistas se opusieron, como una acción de repudio, quien no recuerda que el entonces diputado y hoy flamanet senador, Antonio García Conejo  se desnudó, como a la 01 de la mañana sin pena ni gloria para quedar en puros calzoncillos mientras hablaba en la tribuna improvisada en el recinto alterno.

    Los perredistas también jugaron el mismo papel de apoyar al PRI pero en la reforma hacendaria que los panistas rechazaron, y créame que todo sin duda fue por acuerdos, todo de la repartición  del poder que incluye el Presupuesto.

    En Congresos de los estados también se cuecen habas, basta recordar el más reciente caso en Baja California, donde los diputados de todos colores votaron, aun mes de salir, por la LeyBonilla que le daba la extensión de 2 a 5 cinco años en su mandato de Jaime Bonilla. Hoy están bajo investigación esos ex diputados y dicen los que saben que podrían haber recibido por cada voto cinco millones de pesos.

    Y que decir en el Congreso de Quintana Roo donde el presidente municipal de la lastimada Isla de Cozumel, Pedro Joaquín Jr. Para solicitar una reestructura de deuda los flamantes legisladores pusieron un precio muy alto a su voto para poder aprobarlo. Dicen los que saben que salía más caro el caldo que las albóndigas, obvio les dio las gracias.

    Eso es lo que  López Obrador les quiso decir,  que tal vez están pidiendo esos intelectuales que regresen esos diputados, de esa categoría que fueron los que hicieron los contrapesos al gobierno. Cuando salgan los nombres a ver que dicen priistas, panistas y perredistas, amén de la morralla.

    En 40 días cambios de presidencia

    En 40 días concluye el cargo de presidentas del Senado, la morenista Mónica Fernández y Cámara de Diputados, con la panista Laura Rojas. La senadora se va satisfecha del aprendizaje por la construcción de consensos y, de paso con un  buen sabor de boca por el respecto que recibió de la Junta de Coordinación Política que comanda Ricardo Monreal y sus pares, Miguel Angel Osorio Chong, del PRI, Miguel Angel Mancera del PRD, Mauricio Kuri del PAN, Manuel Velasco del Verde, Dante Delgado de MC entre otros.

    Difícil cuando los cómplices están uniformados

    El mensaje de Alfonso Durazo en el Cuartel de la Guardia nacional, en su gira con el Presidente López Obrador por el estado de  Jalisco y que acompaño su gobernador Enrique Alfaro, es de reflexión para los gobernadores y alcaldes, no solo de esa entidad, número uno en inseguridad, sino del país, sobre todo donde hay brotes delincuenciales: no se puede combatir la criminalidad cuando los cómplices están uniformados por ello los esfuerzos por depurar las instituciones policiales y evitar su contaminación. Las policías municipal y estatal, es una prueba sin duda.

    Deje de fumar, no sea necio

    El diputado secretario de la Comisión de Salud, Manuel Huerta dijo que es buen momento, esta etapa de la pandemia, para hacer conciencia y un profundo cambio cultural de largo plazo, vaya frenar el consumo de tabaco. No se debe esperar que nazcan, todas las políticas públicas del gobierno,  hay las que deben nacer por los ciudadanos y esta es una de ellas. Anote el daño, en México un fumador consume 7.4 cigarros al día, que además del enorme gasto de 588 pesos mensual, lo grave es que el 25 por ciento de enfermedad del cáncer es por tabaco.

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