Por: Agustín Vargas

• Sorprende y unifica a todos… en su contra
• Constructores: riesgo de improvisación
• Crédito puente para frenar alza en vivienda

El decreto presidencial publicado el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar acciones en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, ha cumplido, sin duda, un objetivo inmediato: unir a todos los sectores productivos del país.

En efecto, por mucho que parezca una ilusión o fantasía en el presente sexenio la unión y dejar de lado la polarización social a la que nos han acostumbrado el gobierno en éstos tres últimos años, el decretazo lopezobradorista ha logrado por fin la tan anhelada unión de la sociedad  –al menos de los productivos–, pero en contra del mismo decreto presidencial.

Por todos lados se han alzado las voces cuestionando las acciones presidenciales que se pretenden con dicho acuerdo, pues si bien pretende agilizar la ejecución de las grandes obras de infraestructura que el país necesita, también es cierto que existe una gran incertidumbre respecto a que muchas obras caerán en la improvisación.

Uno de los sectores con mayor autoridad moral y técnica dentro del ramo de las obras de infraestructura, es el de la construcción, que ya alzó la voz para exponer sus puntos de vista sustentados precisamente en el análisis técnico.

Los constructores formales afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que preside  Francisco Solares Alemán, expuso que de ninguna forma la construcción de obras públicas a través de permisos provisionales sea la mejor manera de agilizarlas, por los problemas que podrían generar a las dependencias ejecutoras de obra pública, las empresas constructoras y la sociedad en general.

Existen diferentes causas que inciden en el retraso de la obtención de permisos para la ejecución de obras públicas, además de la capacidad de respuesta de las instituciones responsables. Es un problema estructural que debe atenderse dándole a la planeación de largo plazo y a la preparación técnica de los proyectos la seriedad, prioridad y tiempo que requieren.

Para los constructores formales, el decretazo derivará en mayor improvisación, mayores costos, menor transparencia y deterioro en la calidad de las obras.

Afirman que no es sano hacer de una excepción, la regla, porque para ellos de ninguna manera todos los proyectos de obra federal de agua, medio ambiente, comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneros, turísticos, energéticos y de salud califican como proyectos de seguridad nacional.

Como se ven las cosas, el decretazo es un acto de auténtico autoritarismo presidencial y no tiene marcha atrás, aunque los constructores mantienen sus velitas prendidas para que el gobierno federal abra el diálogo con los diferentes sectores involucrados en el ciclo de infraestructura y encontrar un  punto de equilibrio que concilie la legítima aspiración de las autoridades de agilizar las obras, con el imperativo de garantizar la adecuada realización de la misma en condiciones de transparencia, costos competitivos y calidad.

Crédito puente para frenar alza en vivienda

El sector de la vivienda es un agente de reactivación económico que hoy representa el 10% de PIB del país y que involucra a más de 37 ramas de la economía, siendo el segundo generador de empleos en México.

Esta industria ha sido resiliente ante el embate de la pandemia, en parte por un menor costo del financiamiento hipotecario y una adecuada sincronización entre la oferta y la demanda en el mercado, lo que permitió evitar una caída generalizada de los precios.

No obstante, aún no ha logrado recuperarse a los niveles de 2019 y se vislumbran nuevos retos como una posible alza de tasas ante presiones inflacionarias, con expectativas que podrían superar al cierre del año en 7%. 

Previo a la pandemia el Banco de México mantenía su tasa de interés en un 7%, la cual descendió hasta 4% en febrero 2021, el cambio de rumbo del Banxico en esta materia está presentando un nuevo ciclo alcista en el segundo semestre del año, el cual hoy alcanza una tasa del 5% anual.

Este escenario se ve acompañado de un incremento del 10 % en el precio de materiales de construcción y hasta un 60% en el acero, lo que ha ocasionado el encarecimiento en la construcción de viviendas de entre un 6 % y 8 % en el país.

El tema de la elevación en costos resultante de la pandemia, ha sido un reto para todos los desarrolladores inmobiliarios, tanto para comprar materiales a un buen precio como para buscar líneas de fondeo adecuadas para afrontar las secuelas que expone la reactivación de sus operaciones.