Notcias te tecnología, política, estilo de vida, economía y finanzas.

Tumblr ↗

Etiqueta: oficialía de partes

  • Tribunales de consigna en materia aérea

    Por: Agustín Vargas

    • Estrategias para demorar juicios
    • Ciudadanos acudirán a instancias internacionales
    • Reelección en AMFE
    • Lanza Plataforma de Educación Financiera

    Una semana después de haberse publicado el decretazo presidencial que blinda por razones de “interés público” y “seguridad nacional” las obras de infraestructura para que no puedan sean objetadas y paralizadas por disposiciones jurídicas contrarias a los intereses del gobierno morenista, entre otros puntos, un colectivo de ciudadanos dio a conocer un adelanto de que puede significar las disposiciones del inquilino de Palacio Nacional.

    A partir del decretazo los ciudadanos en todo el país están en riesgo de que se aprueben proyectos sin informarles, sin dejarles participar, sin que se midan los impactos ambientales, por ejemplo, en el caso de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y también en el de Texcoco, antes de su cancelación.

    Sobre el tema de los aeropuertos, el Colectivo Ciudadano “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido” denunció el pasado 30 de noviembre la falta de justicia y sesgo de la misma porque todos los amparos y juicios fueron concentrados en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ya tienen un criterio previo a los amparos, según explicaron los abogados de la organización,  porque son los que han conocido de los juicios del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y del de Santa Lucía.

    Las dos instancias judiciales no podrían ir en contra de lo que ya dictaminaron sobre el beneficio del nuevo aeropuerto, dijeron los abogados Luis Miguel Cano, Mario Victoria y José Luis Guerrero, e informaron que la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha remitido a la Primera Sala las solicitudes de atracción de los juicios, cuando es la Segunda Sala a la que correspondería conocer, porque es la especializada en Materia Administrativa.

    Los abogados advirtieron que existe una estrategia de demora por parte de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), que en todo momento, mediante quejas sin fundamento han tratado de retrasar el avance de los diversos juicios, llegando incluso a presentar formatos idénticos en sus recursos, donde alegan cosas diferentes a los hechos a que se refieren los amparos o advirtiendo, por ejemplo, que un juzgador está imposibilitado de tomar decisiones en materia de aeronáutica, desconociendo la Constitución porque México como signante del Tratado de Chicago, acepta que puede regularse.

    Debido a que los juicios de amparo remitidos a un tribunal de consigna no han podido frenar las afectaciones que se han ido acumulando en la población, en los daños causados en su salud y medioambientales, es que el abogado Luis Miguel Cano adelantó que a más tardar en febrero llevarán su queja a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o al Sistema Universal de Derechos Humanos, uno de los Comités de Naciones Unidas competente para conocer de comunicaciones por violaciones a los derechos humanos.

    Los abogados han presentado más de 30 amparos y 7 recursos, de los que 25 amparos siguen en trámite y confían en que tarde que temprano el Poder Judicial manifieste su autonomía del Poder Ejecutivo y resarza la vulneración fundamental que existe en estos casos.

    Esto, por supuesto, es un adelanto de lo que podría verse en lo sucesivo cuando se pretenda alguna acción jurídica en contra de cualquier obra del gobierno federal que pueda afectar el modo de vida, salud y tranquilidad de los ciudadanos, ya no se diga si se quiere averiguar o preguntar sobre la transparencia del uso y destino del dinero aprobado para tal efecto, aunque por lo expuesto por los quejosos ya existe un patrón judicial a seguir desde antes de la publicación del decretazo.

    Reelección en AMFE

    Quien estará un año más al frente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), es Enrique Bojórquez Valenzuela, quien fue reelecto como presidente de las sofomes y los intermediarios no bancarios más grandes de los mercados automotriz, agropecuario, pymes, inmobiliario y de préstamos personales, que en conjunto suman a más de 2 millones de clientes y una cartera de créditos superior a los 430 mil millones de pesos.

    Se ha puesto como objetivo reforzar el papel interlocutor de esta agrupación con las autoridades financieras y la banca de desarrollo, a efecto de proponer ideas y acciones para que conjuntamente se agilice y atienda con mayor eficiencia la demanda de crédito por parte del sector empresarial, lo que es indispensable en el actual periodo de reactivación económica del país.

    Plataforma de Educación Financiera

    Por cierto, la AMFE puso en operación su Plataforma Integral de Educación de Financiera de libre acceso en el sitio www.amfe.com.mx con la que desde cualquier computadora, tableta o teléfono móvil, se información, consejos y tips sobre cómo realizar un presupuesto y obtener un mejor rendimiento y uso del ahorro, el crédito, la inversión, los seguros y los productos para el retiro.

    Para esto recibió el respaldo técnico y visto bueno de la Condusef, en particular del director de Educación Financiera, Wilfrido Perea.

    “La idea es que las familias mexicanas protejan y optimicen mejor sus recursos económicos a través de un mayor conocimiento de los productos y servicios que ofrecen las empresas financieras mexicanas”, sostuvo Bojórquez.

  • Auditor doblegado por “otros datos”

    Por: Agustín Vargas

    • Pifia del priista Colmenares Páramo
    • Malos manejos metodológicos
    • Poder Judicial, en la inoperancia
    • Emite Congreso declaratoria de reforma

    David Rogelio Colmenares Páramo, designado por la Cámara de Diputados como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 15 de marzo de 2018, se comprometió a “generar confianza y legitimidad a través de acciones concretas que faciliten el uso de los resultados… Dar a conocer nuestras facultades y el alcance de las mismas es fundamental para evitar percepciones imprecisas”, expresó el flamante auditor en ese entonces.

    A casi dos años de iniciada su gestión y con la responsabilidad a cuestas de desnudar la cuenta pública del primer año de gobierno de la autonombrada 4T, Colmenares Páramo –priísta de hueso colorado— hizo el mayor de los ridículos ante la sociedad a la que prometió transparentar y dar a conocer el uso y destino de los recursos públicos.

    “Estamos seguros de que reducir la brecha entre lo público y lo ciudadano nos permitirá contribuir en el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas en México”, afirmó al asumir el cargo como Auditor Superior de la Federación.

    El pasado lunes 22 de febrero, ya entrada la noche, tuvo que desmentir sus propias cifras contenidas en el Informe General de la Cuenta Pública 2019, relativas al costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

    El costo de esa operación, según el documento de la ASF, se elevaría, por lo menos, a 331 mil 996.5 millones de pesos, más del triple de los estimado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (100 mil millones), porque solamente se había considerado la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos.

    El reclamo del señor de Palacio Nacional no se hizo esperar y fue contundente al advertir que él tiene “otros datos”. Esa frase fue suficiente para dar al traste con lo publicado por la ASF, que desde la óptica del mandatario son puras mentiras.

    Y así lo asumió el propio Colmenares Páramo, al indicar que, en efecto, las cifras presentadas en el Informe de la Cuenta Pública 2019, son incorrectas, pues reconoció que hubo inconsistencias metodológicas al cuantificar el costo de la cancelación del NAICM, que es menor a lo reportado.¡¡¡Vaya pifia  la del auditor !!!

    La misión de la  ASF, organismo técnico dependiente de la Cámara de Diputados, es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales.

    Malos manejos

    En la historia reciente de México hemos sido testigos de varios casos verdaderamente obscenos de desfalco de recursos públicos. Recordemos al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien se acusó por malos manejos de más de 70 mil millones de pesos.

    Otro caso muy sonado es el de la Estafa Maestra, con desvíos superiores a los 3 mil millones de pesos, y que mantiene en la cárcel a la maestra Rosario Robles, ex secretaria de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

    Estos descubrimientos se deben, en buena medida, a la labor de la Auditoría Superior de la Federación, que ahora está en el ojo del huracán por sus errores metodológicos en el cálculo de las cuentas públicas.

    El Informe General de la Cuenta Pública 2019, entregado el pasado sábado por la ASF, le quitó de tajo a la autodenominada “Cuarta Transformación” y al partido que le dio origen, Morena, las máscaras de honestidad, eficiencia y transparencia, pues detectó irregularidades durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador por 67 mil 498 millones de pesos, una cifra equivalente a 73 veces el presupuesto del INAI para este año, organismo al que el presidente pretende desaparecer por “costoso”.

    Aunque ahora resulta, dadas las circunstancias, que el informe de la Cuenta Púbica 2019 carecería de credibilidad y que el auditor fue doblegado por  los otros datos”.

    Con ello, la credibilidad del organismo que se supone serio, confiable y un auténtico fiscalizador de los recursos públicos, que bien podría traducirse como un verdadero contrapeso político y económico en estos tiempos de imaginaria transformación, se fue al barranco.

    Poder Judicial, inoperancia

    El Poder Judicial de la Ciudad de México sigue en modo inoperante, pese al excesivo tiempo que tuvieron los encargados de impartir justicia en la capital del país, para mejorar los procesos.

    La tecnología que se utiliza en los juzgados es limitada, su sistema de citas electrónicas está saturado. Entre el lunes y martes pasado, después de la apertura de los juzgados en la Ciudad de México, luego de permanecer cerrados casi dos meses, se pudo observar que la fila de la Oficialía de Partes era interminable y se contaban por centenares las personas que querían hacer trámites al mismo tiempo, un verdadero caos.

    De qué sirve la circular que establece la mecánica de operación en los tribunales si es letra muerta. Incongruente en temas de carácter judicial. Es una lástima que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que concentra más del 40% de los asuntos judiciales de todo el país y cuyo presidente es el Magistrado Rafael Guerra Alvarez, tenga estas ineficiencias operativas, a lo cual hay que agregar las fallas procesales.

    Ojalá que la reforma al Poder Judicial, cuya declaratoria emitió ayer la Cámara de Diputados una vez que obtuvo los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, sirva en realidad para mejorar la impartición de justicia, combatir la corrupción y el nepotismo, fortalecer la carrera judicial y mejorar los servicios de defensoría pública, en beneficio de una sociedad más justa.

Accesibilidad