El pobre pescador que descubrió el tesoro de México

El portentoso hallazgo del humilde pescador Rudesindo Cantarell Jiménez mar adentro de Ciudad del Carmen, Campeche, durante la década de los 70, tuvo tres desenlaces indudables: trajo una bonanza petrolera que lo mismo sustentó las finanzas públicas del país que arrastró a los mexicanos a profundas crisis económicas; enriqueció a corruptos funcionarios y a cínicos líderes sindicales, por varias décadas;

Por Ulises Ladislao

La frase que resume cómo en México se reconoce el esfuerzo de los ciudadanos que se la juegan por el bien del país, es aquella que expresó el ingeniero en jefe de Pemex en ese entonces, cuando harto de la insistencia de don Rudesindo, quien llevaba cuatro viajes de Ciudad del Carmen a Coatzacoalcos para conseguir audiencia y comunicarle su descubrimiento, le dijo a su subalterno: “¡Ve qué quiere ese viejo hijo de la chingada, que ya me tiene hasta la madre!”

Lo que siguió fueron sucesos que la historia registró en una secuencia precisa: un azorado joven ingeniero que no atinaba a creer lo que veía, cuando presenció que del fondo del mar emergían copiosas surgencias de “chapopote”, en el medio del golfo de México; meses más tarde, el vehemente clamor de un mandatario que nos ilusionó con el anuncio de una feliz riqueza que acabaría de una vez por todas con la pobreza de millones de mexicanos, “acostumbrémonos a administrar la abundancia”, sentenció, esperanza la cual resultó, años después, grave condena; un puñado de corruptos líderes sindicales apostando un millón de dólares en el bacará en Las Vegas, con dinero que robaban a Pemex; una producción en pleno boom petrolero nacional que alcanzó una cifra de más de 3 millones de barriles diarios, cuyos réditos nadie sabe bien dónde quedaron; y una reforma energética que quiso transferir esa riqueza a manos privadas.

Un huevito como reconocimiento

Tras comprobarse el potencial del rico yacimiento, el director de Pemex de aquel entonces, Jorge Díaz Serrano, se atrevió a “consultarle” al descubridor: “Don Rudesindo, ¿qué prefiere, dinero o reconocimiento?” “Reconocimiento”, contestó emocionado el pescador, quien sobrevivió a partir de entonces bajo una dolorosa pobreza, y cuyo “reconocimiento” consistió en una medallita, un huevito del Infonavit y una plaza de afanador como “premio” a su fortuita aportación a generar una palanca que debió servir para el desarrollo.

En este marco, el 16 de noviembre de 2023 los senadores de la república rindieron un homenaje al descubridor del que fuera el yacimiento petrolero más grande de América Latina y el segundo más rico a nivel mundial, el cual lleva su apellido. El Complejo Cantarell alimentó las finanzas públicas para hacer frente a los gastos gubernamentales por más de 30 años. Así, los legisladores develaron en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, la inscripción con letras doradas de su nombre: “Rudesindo Cantarell Jiménez”.

La escoria en el metal

En tiempos recientes, una reforma energética promovida y aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dibujaba un panorama bastante incierto, cuando se subastaron en diversas rondas los recursos petrolíferos y mineros de la nación. Para abrir paso a este propósito, Peña Nieto encargó a su director de Pemex, Emilio Lozoya, sobornar a miembros del poder legislativo (y por lo cual hoy éste enfrenta varios juicios penales), con la finalidad de que su reforma fuera aprobada sin sombras ni oposiciones. Ello representó para el erario público un gasto de 2 mil 80 millones de pesos, destinados al pago a medios de comunicación y para los “moches” que, se ha denunciado, se entregaron a miembros del Poder Legislativo para aceitar su aprobación, según un análisis realizado por el portal sin embargo.

Para el caso minero, ya no hubo impedimento constitucional alguno para que de 2013 a 2018 los proyectos mineros se multiplicaran 77% y que para finales del 2018 el 92% de las empresas que realizaban exploración de recursos metálicos fueran extranjeras, principalmente de origen canadienses dedicadas a explotar oro y plata, de acuerdo con lo expuesto en el Anuario 2018: Actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T, publicado en agosto de 2019 por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La inversión venida de otras latitudes indudablemente es bienvenida; no obstante, las condiciones en las que se desenvuelve representan la escoria en el ámbito minero. Lejos de que los fondos generados por los recursos que las empresas pagan al Estado –por la concesión de los espacios de explotación– se destinen a proyectos que beneficien a las poblaciones afectadas por la extracción mineral, se utilizan sin la participación de las comunidades y en la completa opacidad.

“En el caso del Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, se desconoce el destino de 3 mil 17 millones de pesos otorgados durante los cuatro años de su ejercicio”, señalaban los investigadores del Centro, Aroa de la Fuente, Sol Jiménez Pérez, Manuel Llano, Beatriz Olivera y Areli Sandoval Terán.

La mirruña de la recaudación

La minería no ha sido un motor de desarrollo local para las comunidades donde se realiza. Fundar encontró que “en el caso de los centros productores de plata, casi el 60% de la población está en pobreza; 30% no cuenta con servicios básicos en la vivienda; 25% presenta rezago educativo; y una de cada tres personas no tiene ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria”.

El mismo organismo de análisis e investigación reportó que la recaudación de impuestos que logra el gobierno mexicano de las 18 mil 874 minas asentadas en diversas regiones del territorio nacional, es prácticamente simbólica. Fundar estableció que durante el periodo que va de 2006 a 2015 las mineras en su conjunto obtuvieron ingresos por 1 billón 714 mil 342.7 millones de pesos, pero los impuestos pagados ascendieron a la mirruña de 22 mil 397 millones de pesos, en perjuicio de la nación.

De esta manera no resulta sorprendente que apenas el 1% de los ingresos fiscales del país provengan de la actividad minera, cuando en Chile estos alcanzan 13.8%. La trampa se encuentra en la evasión fiscal, la existencia de privilegios e incentivos fiscales injustificados y la ausencia de políticas tributarias que de manera efectiva debieron gravar la riqueza de personas y empresas relacionadas con el sector.

Todavía en 2017 la industria minera debió tributar por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 28 mil 805 millones de pesos. Sin embargo, luego de la laxidad con que han sido tratadas, las compañías del segmento lograron deducir los impuestos de Valor Agregado y el Especial sobre Producción y Servicios, con lo cual acabaron cubriendo tan sólo el 17.6% de este monto, aceptó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con la ley del ISR, las empresas mineras deben cubrir una tasa del 30%; sin embargo, para disminuir sus contribuciones legales, suelen deducir el costo de ventas, la nómina de sus empleados y otros gastos. Así la minería paga pocos impuestos empleando maniobras fiscales para reducir su carga tributaria. Aun en 2022, la recaudación de grandes contribuyentes del sector minero ascendió a 76 mil 28 millones de pesos, una contracción anual de 19.8% en términos reales, de acuerdo con el Informe sobre la “Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, de la Secretaría de Hacienda.

En este marco de nebulosidad en el que han operado hasta ahora las empresas mineras, bajo el amparo de la reforma energética y del marco legal minero, Fundar realizó un llamado urgente a superar el modelo extractivo y avanzar hacia otras alternativas de desarrollo que protejan el medio ambiente y respeten y garanticen los derechos humanos, toda vez que el estudio advirtió que 75% de las nuevas minas en construcción son a cielo abierto, técnica altamente contaminante y con severos impactos socio ambientales.

El nuevo festival del litio

Luego de que durante varios años se consideró al “Triángulo cuadrado” de Sudamérica, conformado por Argentina, Bolivia y Chile (y al que se sumó más recientemente Perú, de aquí que ahora el triángulo se haya convertido en cuadrado) como los mayores depósitos de litio habidos en el mundo, la esplendorosa perspectiva de una muy intensa demanda del mineral blando impulsó de manera exponencial la búsqueda de sitios con grandes yacimientos, que fueran accesibles y rentables para las mineras especializadas en su explotación. Así, la plataforma dedicada a este tema, Mining Technology, publicó hace algunos años la lista de los que para entonces eran los 10 yacimientos con mayores recursos que se habían descubierto en el planeta y que al transcurrir el tiempo ha ido cambiando, pero cuya ubicación, eso sí, se ha mantenido invariable en su geografía: Argentina, Australia, Bolivia, Chile y Estados Unidos, principalmente.

En la actualidad, México no cuenta con minas de litio en explotación. No obstante, exploraciones recientes han establecido un enorme potencial de yacimientos en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, de acuerdo con un estudio elaborado por la Secretaría de Economía. Incluso, hace algunos años se mencionó al proyecto Bacanora Lithium, propiedad de la firma china Ganfeng, como un prometedor megayacimiento con un potencial de algunos cientos de millones de toneladas, en el estado de Sonora, en el que se habría comprometido una inversión de 420 millones de dólares para la extracción del codiciado mineral.

“Se estima que la mina contiene 4.5 Mt de carbonato de litio equivalente (LCE) –apunta la información publicada por Mining Technology– . cuya vida útil inicial abarca 19 años. Sonora pudiera ser una operación a cielo abierto a desarrollar en dos etapas, con una capacidad de producción de 17 mil 500 toneladas por año (tpa) de carbonato de litio. Y luego duplicar la producción a 35 mil tpa.”

Asimismo, el reprocesamiento de salmuera residual con litio, proveniente de la planta de generación geotérmica de Cerro Pietro, en Baja California, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría representar una gran opción. En la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí se han hallado depósitos de sales de litio y de potasio en sedimentos arcillosos y salmueras de evaporación. Así las cosas, la empresa Litiomex estimó recursos en el orden de ocho millones de toneladas de litio equivalente.

Se acabó el trato privilegiado

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en su momento que mineras canadienses que operan en México, habituadas al trato privilegiado de otras administraciones gubernamentales, se niegan a pagar impuestos y advirtieron que para evitarlo irán a tribunales internacionales. En su conferencia matutina, el mandatario reveló que éstas tendrían adeudos importantes con el fisco mexicano y que había al menos tres empresas extranjeras que se negaban a cubrir sus obligaciones tributarias. “Lo único que pedimos es que nos den exactamente el mismo trato que les dan a sus trabajadores y gobiernos en sus lugares de origen”, estableció AMLO.

Los pronósticos recientes de Chile, el mayor productor mundial de productos de litio de grado para baterías, indican que a medida que las ventas de vehículos eléctricos en Europa y China continúan recuperándose después de la desaceleración provocada por la pandemia del Covid-19, la industria del automóvil eléctrico dominará la demanda de litio en los próximos 10 años. Para 2030, la demanda de vehículos eléctricos representará más del 75% del consumo, frente al 30% que tenía hacia 2019. Como resultado, la demanda de litio para vehículos eléctricos aumentaría a 1.4 millones de toneladas aquel año, casi cinco veces más que las actuales.

Aunque más que la oportunidad de la demanda, lo que en verdad importa es cómo beneficiará a México la irrupción del “oro blanco”, más allá de las inversiones y de los empleos mal pagados que son una tradición injusta en este sector productivo.

El yacimiento de litio en Sonora, por ejemplo, podría permitir a México ser un actor principal en el futuro inmediato del sector energético. Ante la posibilidad de que compañías extranjeras acaparen los beneficios de la explotación del preciado mineral, el 18 de febrero el presidente López Obrador firmó el decreto para nacionalizar el litio, y convertirlo en propiedad de la nación para su exploración y explotación. “Guardadas las proporciones y en otro tiempo, nacionalizamos el litio para que no lo puedan explotar extranjeros ni de Rusia, China o de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, del pueblo de México”, expresó el mandatario en conferencia de prensa, al tiempo que creó Litio para México, empresa que explotará y comercializará el mineral.

En el marco de la negociación entre China y México para la explotación de litio y la cancelación de seis concesiones a una empresa de esa nacionalidad; el presidente mexicano matizó 90 grados y declaró hacia noviembre de 2023 que la nacionalización de este metal, si bien no impedirá la extracción y explotación por parte de empresas extranjeras, sí debe garantizar que los beneficios de estas operaciones se reflejen en la vida y economía de las y los mexicanos. “Vamos a cuidar para que no sea en beneficio de empresas extranjeras, que pueden venir a instalarse a México y llegar a un acuerdo con la empresa de litio para contar con este mineral, pero que aquí se queden los ingresos y los beneficios”, expuso desde Palacio Nacional.

Ciertamente, el litio, que no es un generador de energía pero sí un eficiente mineral para resguardarla, clave para la muy ansiada transición energética, puede representar  una nueva palanca de desarrollo para el país, si se contempla establecer las bases para la creación de una industria nacional ligada al elemento, que incluya una relación sana y equilibrada entre compañías estatales y privadas, para aprovechar en su largo y ancho toda la cadena de valor, y no signifique otra bendición que nos condene, como le ocurrió al país y a don Rudesindo Cantarell, hace cinco décadas.