Rogelio Varela-
La recién promulgada Ley de Infraestructura de Calidad será la nueva vertiente del la 4T para cuestionar a la industria de alimentos.
Alertas en Conaliteg
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Zoé Robledo Aburto no dejaron pasar la oportunidad para resaltar que en septiembre, por segundo mes consecutivo, la creación de empleos formales en el país fue al alza.
En esta ocasión los números fueron 113 mil 850, que junto con los poco más de 92 mil del mes pasado, representan algo así como el 18% de los más de un millón de personas que perdieron sus plazas junto con el avance de la pandemia de SARS-CoV-2.
Dichos resultados también han sido destacados por el mismo Andrés Manuel López Obrador, que incluso ha proyectado que en los próximos seis meses el IMSS tendrá inscritos otra vez a los 20 millones 500 mil trabajadores que se reportaban previo a que comenzaran las afectaciones por el brote de la enfermedad.
Sin embargo, los esfuerzos deberían abarcar todas las vías de acción, sobre todo aquellas que tienen que ver con verificar que los patrones anoten a la totalidad de sus trabajadores ante el Instituto, algo que se ha convertido en los últimos años en deporte nacional.
De ahí que las alertas se encienden al interior de la Conaliteg, que dirige Miguel Antonio Meza, ya que una de las encargadas de la distribución de los libros de texto gratuito no habría inscrito a 150 de sus operadores. Se lo digo porque en el sector se comenta que tendría a 300 colaboradores activos, aunque en el registro patronal Y5036915-10 solo anotó a la mitad.
Le hablamos de Morgan Express S.A. de C.V., empresa que además de todo tendría un adeudo con el IMSS por más de 450 mil pesos, sin olvidar que entre los jugadores del ramo es identificada como una de las contratistas favoritas de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, en los que habría acumulado acuerdos por más de 900 millones de pesos.
Y bueno, ya con la 4T ha firmado dos de ellos con la Dirección de Recursos Materiales de la Conaliteg, uno por 31 millones 841 mil pesos de 2019 y otro de este año por 33 millones 678 mil pesos, en ambos María Gabriela Linares ha sido anotada como responsable del contrato, como se observa en registros de Compranet.
La ruta del dinero
Nada que Grupo Lala de Eduardo Tricio Haro contestó a la secretaria de Economía de Graciela Márquez Colín ante la decisión intempestiva de retirar de los refrigeradores de los supermercados su queso tipo manchego deslactosado. La productora de lácteos dijo que el producto es 100 por ciento de leche y cumple con las especificaciones establecidas en la NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018 para ese queso. Añadió que las observaciones que hizo la Profeco de Ricardo Sheffiield Padilla en abril pasado en su revista, y que al parecer fundamentaron la medida de Economía, se referían al país de origen del producto, algo que subsanó la empresa en tiempo y forma. El caso es que en ningún momento Lala fue notificada y le cayó por sorpresa la aplicación de la nueva Ley de Infraestructura de Calidad que supuestamente busca defender al consumidor, ya que sólo se ha aplicado a las grandes firmas. Todo indica que dicha ley será la nueva vertiente de la 4T para cuestionar a la industria de alimentos que en los últimos meses ha sido muy crítica con el nuevo etiquetado nutrimental.
