Por Miguel Tirado Rasso
Después de la emergencia, el drama continúa. Conmovedora, sin duda, la respuesta de la población civil, en particular, la participación de miles de jóvenes, hombres y mujeres, que sin más decidieron apoyar en lo que fuera necesario y que, sin duda, han sido un factor importante en el auxilio brindado a damnificados por este desastre. Una sociedad civil volcada en ayuda a sus hermanos en desgracia que, una vez más, mostró una consciencia de solidaridad ejemplar.
De destacar, por supuesto, la labor de las fuerzas armadas. La marina y el ejército, trabajando en labores de rescate, hombro a hombro con personal de protección civil, con brigadistas voluntarios y expertos rescatistas nacionales y extranjeros. Jornadas interminables, trabajando sin descanso para localizar a quienes habrían quedado atrapadas entre muros y techos derrumbados por la furia del temblor, siempre con la esperanza de recuperarlos con vida, lo que desafortunadamente, no siempre se logró.
Los gobiernos federal y local, han estado a la altura. Su reacción fue inmediata y oportuna, brindando seguridad, vigilancia y orden en las zonas de desastre. Desde luego que siempre es posible hacer un poco más, pero lo importante es lograr que los esfuerzos se sumen y exista coordinación en trabajos delicados como los que implican el rescate de vidas humanas en siniestros de esta naturaleza. Porque además de empeño, entusiasmo y decisión, se requiere el conocimiento y la experiencia de expertos que organicen y conduzcan estas labores con las medidas de seguridad que eviten riesgos innecesarios.
Se dice que la sociedad civil volvió a rebasar al gobierno, como hace 32 años. Nada que ver ahora, con el estado de pasmo en que cayó el Presidente Miguel de la Madrid en 1985. Puede ser que los ánimos y las preferencias de la población, no muy favorables al Ejecutivo Federal, consideren insuficiente su actuación. Y que, por ahí existan también quienes vean en esta circunstancia una oportunidad para golpear al gobierno. Pero no podemos ignorar los tiempos políticos que vivimos, con una sucesión presidencial a poca distancia. Por lo pronto, en esta dramática etapa del rescate de personas, ha estado presente y cumpliendo. Porque las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, la Policía Federal, los bomberos, el personal de protección civil, el de hospitales y clínicas de seguridad social, los de instituciones de asistencia social, los trabajadores de organismos como la CFE, la CONAGUA, entre otros, son, precisamente, ese gobierno.
Lo que no podríamos decir igual de los partidos políticos y sus actores, porque ellos sí que se pasmaron, y sólo hasta varios días después del siniestro reaccionaron, pero para entrar en una especie de subasta para ver quién da más, con cargo a las prerrogativas que, por ley, les corresponde. Y lo que debería haber sido un acto de solidaridad sin condiciones con los damnificados de los recientes sismos, en base a un acuerdo interpartidista, que hubiera ayudado a limpiar un poco su imagen, se ha convertido en una competencia política en el fondo y en la forma.
En esta puja de partidos, el primero que le vio ventaja a la desgracia, desde el sismo del 7 de septiembre, fue el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien se adelantó a sus colegas ofreciendo el 20 por ciento de sus gastos de campaña de 2018 (sobre 100 millones de pesos) que, posteriormente, elevaría a 50 por ciento y, para rematar, plantearían una plan de austeridad para crear un fondo de reconstrucción con 302 mil millones de pesos, a través de una redistribución del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
El siguiente en levantar la mano sería el dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, que ofreció el 25 por ciento de sus prerrogativas de este año, 258 millones de pesos, para entregarlos de inmediato. Ante la competencia de ofrecimientos, el político tricolor mejoraría su propia propuesta, ahora con una reforma constitucional para reducir a cero el financiamiento público de los partidos y desaparecer la figura de legisladores plurinominales, federales y locales, lo que dijo, significaría un ahorro de casi 20 mil millones de pesos que se destinarían a los damnificados y al programa de reconstrucción.
Para no quedarse atrás, los dirigentes de los partidos integrantes del Frente Ciudadano por México, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, respectivamente, han propuesto destinar el 100 por ciento del financiamiento que les corresponde a sus partidos en 2018, dentro de un plan para apoyar a los damnificados con una bolsa de 60 mil millones de pesos, que consideraría, entre otros, la cancelación del seguro de gastos médicos mayores a funcionarios, del uso de celular y pago de gasolina, además de limitar la publicidad gubernamental y la reducción del 50 por ciento del personal de honorarios de gobierno.
Y, aunque aparentemente todos coinciden en la necesidad de destinar recursos de las prerrogativas al apoyo de damnificados, las diferencias surgen en los detalles de cómo hacerlo. El político tabasqueño, siguiendo su línea de mandar al diablo a las instituciones, ha decidido que sea a través de un fideicomiso, creado y manejado por lópezobradoristas de pura cepa, la entrega de los recursos, porque no confía en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Otras opiniones plantean que se debe crear un fondo para la reconstrucción, o que se entreguen al FONDEN o bien, que se depositen en la Tesorería de la Federación.
Tantas propuestas han complicado lo que debiera depender de un simple acuerdo de buena voluntad en el que todos los partidos políticos renuncian a un porcentaje determinado de sus prerrogativas de este año y de 2018, y que, por supuesto, no sean ellos los que entreguen los recursos, porque estando en tiempos electorales, las entregas directas tendrían un mensaje político con propósitos de campaña.
Pero por lo que se ve, la concreción de tan buenas intenciones se puede alargar por tiempo indefinido, ante el choque de vanidades que dificultan los acuerdos. Y es que los dirigentes de todos los partidos están enredados en la disputa por la paternidad de la propuesta y por ser el más generoso, cuando la magnitud del desastre y la necesidad de ayuda, no están para satisfacer intereses políticos.
