Por: Agustín Vargas
- Inseguridad en crecimiento
- Obstáculo para la inversión y desarrollo
- Autopistas a merced de salteadores
Por diversos medios se ha insistido en que la condición necesaria para que se recupere la economía es la reactivación de la inversión, en especial la privada, que es el principal motor del crecimiento. Pero ello no ha sucedido.
Cifras oficiales dan cuenta que la inversión apenas se recupera: hasta ahora, su valor total se mantiene ligeramente por debajo (0.8%) de sus niveles de cierre del 2018, la pública es menor en 25.9%, pero la privada es 3.9% mayor.
Existen evidencias de que en los magros resultados de los principales indicadores económicos ha incidido en buena medida la posición antagónica del gobierno frente a la actividad del sector privado. Salvo por algunas excepciones, el presidente de la República lo considera como su adversario.
Otros factores que detienen la inversión son las deficiencias de la infraestructura, conectividad y logística. Pero hay otros más. Un tema de creciente intranquilidad y mayor preocupación es la inseguridad pública.
Tan sólo un dato a manera de ejemplo. En el último año, al menos, ha crecido de manera exponencial la inseguridad en las principales carreteras y autopistas del país, sobre todo las que comunican a la Ciudad de México con los centros económicos del Bajío, del norte y sureste de la República.
Por más que se diga que son “montajes” los asaltos en las carreteras exhibidos frecuentemente en las redes sociales, los atracos –y hasta asesinatos—a transportistas, turistas y familias, en algunos casos, que circulan por las carreteras del país están a la orden del día sin que ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno (municipal estatal o federal) hagan nada.
Más allá de las pérdidas económicas que esta grave situación genera, es ya intolerable la pérdida de vidas humanas por culpa de los salteadores de caminos y de la negligencia de las autoridades que no han querido atender el problema.
El abatimiento de la inseguridad es uno de los mayores desafíos para el país en el futuro y quizá el más difícil. En años recientes, y posiblemente más en los últimos meses, los problemas de seguridad pública se han consolidado, en opinión de los especialistas en economía del sector privado, como el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento económico.
Los elevados e inéditos niveles de violencia, el fortalecimiento del crimen organizado, la extorsión y la constante impunidad que prevalece en el sistema de justicia son problemas que atentan contra la paz, la estabilidad y el bienestar de la sociedad.
Las autoridades han insistido en los avances en materia de seguridad. Pero, aunque las cifras muestran ciertos resultados favorables, es sólo en el margen. Aún se está lejos de un verdadero control de la situación.
Son globalmente notorias las tendencias del crimen en México. De acuerdo con el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, en el ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo, las primeras siete de ellas se ubican en México.
La inseguridad tiene elevados costos, tanto para las empresas como para los hogares. Implica mayores gastos por seguridad en ambos casos y en el extremo ha obligado a cambios de residencia de las familias.
Mientras tanto, los recursos del erario asignados a la seguridad no han estado a la altura de las necesidades. El gasto público en la materia ha caído significativamente en lo que va del sexenio. Por el lado administrativo, el gasto ejercido para Seguridad Pública y Protección Ciudadana se contrajo 28.6% en términos reales entre 2019 y 2022. Por el lado funcional, los recursos erogados en Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior disminuyeron 31.6% real de 2018 a 2022.
Sin duda todo esto se relaciona con la debilidad del Estado de Derecho que se vive en el país. Un Estado de Derecho robusto garantiza reglas claras y justas y procesos judiciales predecibles que propician un entorno de seguridad.
Combatir la inseguridad no es cosa fácil, pero es una necesidad impostergable para el progreso social y económico de México.
