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Etiqueta: ´certeza jurídica

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    Rogelio Varela-

    Las acciones de Citi cayeron ayer 3 por ciento tras conocerse el desistimiento de Germán Larrea de comprar el negocio de banca minorista de Citibanamex.

    Todos pierden

    El intento fallido de Citi de vender su negocio de banca minorista en México además de varias lecciones deja muchos raspados.

    Ya le había comentado que a diferencia de los procesos seguidos en Asia y Europa, la venta de Citibanamex se vio envuelta en una serie de condicionantes que ahuyentaron a varios interesados, como el hecho que el banco se quedara en manos mexicanas.

    El caso es que luego de casi año y medio Citi que lleva Jane Fraser no encontró a un grupo mexicano que se quedara con su negocio de banca de consumo, por lo que todos pierden.

    Citi si bien anuncia que llevará a cabo una OPI en México y el extranjero para desprenderse de ese negocio, lo que también entraña riesgos sobre todo porque las acciones de los bancos no están en estos momentos entre las favoritas de los inversionistas, no existe una certeza del tiempo que puede llevar esa salida a bolsa, y mucho menos qué precio logrará.

    Citi además tendrá que meterle dinero a Citibanamex mientras ello ocurre dada la fuerte competencia que existe en la banca de consumo en nuestro país.

    Pero también pierde la 4T pues anticipando que la venta de Citibanamex podría rebasar los 7 mil 300 millones de dólares en Palacio Nacional ya se frotaban las manos pensando que la operación reportaría impuestos por unos 2 mil millones de dólares.

    Al optar Citi por la colocación de acciones entre el gran público inversionista el gobierno no verá ni un peso de impuestos, igual como ocurrió en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando Roberto Hernández vendió Banamex a Citi.

    Queda claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador quería colgarse la medalla que Banamex regresara a manos mexicanas, y además a diferencia de sus antecesores lograría cobrar impuestos por esa operación.

    Y bueno, el que también pierde por supuesto es Germán Larrea Mota Velasco pues fracasa su intención de convertirse en banquero, amén que al contaminarse el proceso por la cancelación anticipada de una parte de concesión de Ferrosur y ni que decir con la nueva Ley Minera, hace que Grupo México se vea con recelo por los inversionistas.

    Pero sin duda el que más pierde con todo esto es México, pues confirma las dudas sobre el ambiente de negocios en el país por políticas toxicas que alejan la inversión, algo que seguramente se extenderá hasta que pasen las elecciones de 2024.   

    La ruta del dinero

    Nos comentan que las consecuencias de la visita que esta fin de semana realizó Claudia Sheinbaum Pardo a Coahuila podrían resultar muy positivas para la candidatura de Armando Guadiana Tijerina. Y es que la jefa de gobierno de la CDMX logro reunir muchos seguidores y sirvió para reiterar un mensaje de unidad al interior de Morena ante cualquier interés de grupo ó personal. Al parecer sus palabras calaron hondo en la tropa e incluso en las campañas que realiza en ese estado el PT y el Verde Ecologista por lo que se habla que los operadores en tierra del partido guinda estarían haciendo un llamado al voto útil en favor de Morena. Como sea Guadiana quiere cerrar fuerte su campaña con importantes mensajes en temas como seguridad, salud y educación entre otros…

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    Rogelio Varela-

    Las acciones de TV Azteca mostraron fuerte recuperación la semana pasada ante la expectativa que llegará a un acuerdo con sus acreedores.

    ANPACT, por renovación  

    Desde la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) al mando de Miguel Elizalde Lizárraga aplauden que el Programa de Financiamiento al Transporte Sostenible que empuja Nacional Financiera (Nafin) sume a la meta por renovar la flota del país.

    Lo comento porque ese brazo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Rogelio Ramírez de la O se encarga de destinar recursos a los interesados en cambiar camionetas, autobuses y camiones ligeros de hasta 5 toneladas de peso bruto vehicular, por tecnología Euro V, VI, equivalentes, híbridos y eléctricos.

    Así, en el caso del transporte de carga deberán tener entre 15 y 25 años de antigüedad; mientras que los vehículos dedicados a mover pasajeros deberán cumplir por lo menos unos 10 años en funciones.

    Pero la iniciativa no para ahí, ya que además del flujo monetario, en paralelo también se activa un Bono de Chatarrización con el cual los beneficiarios consiguen entre el 10 y 20 por ciento del valor final de la unidad.

    Para lograrlo, Nafin que lleva Luis Antonio Ramírez Pineda aporta el 75 por ciento, y el estado de donde provenga el interesado o donde se asiente la micro o pequeña empresa el otro 25%.

    La idea de Nafin es que se dejen de emitir cada año unas 75 mil toneladas de dióxido de carbono; sin dejar de lado que se mejorará la seguridad vial y condiciones de transporte, al estimular la renovación de aproximadamente 1 mil 250 vehículos.

    Ante ello, desde la ANPACT han reiterado su respaldo a ese tipo de proyectos, pues ponen al centro la transición hacia una movilidad más eficiente, segura y amigable con el medio ambiente en línea con los compromisos internacionales para aminorar los gases de efecto invernadero.

    La ruta del dinero

    En Quintana Roo, que encabeza Mara Lezama, parece que la instrucción es acabar con las plataformas de movilidad y dejar el camino abierto para que los taxistas locales sigan operando de manera impune. Además de la violencia y amenazas que ya viven los conductores de Uber  por  parte de ese gremio, ahora Rodrigo Alcázar, director general del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo quiere imponer un impuesto de 6 por ciento por cada viaje realizado, lo que está fuera de toda proporción. El impuesto de marras en el peor de todos los escenarios dejará a los turistas a merced de los abusos de los taxistas locales, y a la entidad como una vergüenza internacional, amén que envía la señal que las empresas seguirán sin certeza jurídica, ahora  con impuestos desproporcionados… En las últimas dos sesiones en el mercado bursátil mexicano las acciones de TV Azteca mostraron un avance de 36 por ciento ante la expectativa que la televisora de Ricardo Benjamín Salinas Pliego alcance pronto un acuerdo con sus acreedores.

  • El mensaje del socio

    Por: Miguel Tirado Rasso

    El pasado lunes 17, iniciaron las sesiones del Parlamento Abierto para el análisis y discusión de la propuesta de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Un parlamento abierto que nos habían quedado a deber los señores diputados desde febrero del año pasado cuando, con motivo del análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, habían ofrecido realizar con la participación de técnicos, empresarios, analistas y otros interesados en el tema.

    En aquella ocasión, las prisas y las presiones externas para la aprobación de la reforma, borraron de un plumazo la propuesta del parlamento y, sin prestar atención a los reclamos de las oposiciones para abrir el debate de la reforma, la aplanadora morenista impuso su mayoría, aprobando el proyecto ley, sin modificar ni una coma. Ahora, ante la necesidad de tener que negociar con las oposiciones por no alcanzarle a Morena y sus aliados los números para una mayoría calificada en el Congreso, se cumple con el parlamento abierto prometido.

    La polémica reforma constitucional no parece encontrar puntos de coincidencia entre quiénes la promueven y los que la rechazan. Si bien, según el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo, ambas posiciones parecen coincidir en su objetivo, que es obtener energía suficiente, limpia y barata; en el cómo está el problema. Y es que un gran abismo los separa, porque a razones técnicas, ambientalistas y económicas se oponen conceptos ideológicos y políticos.

    Dos consideraciones difíciles de conciliar. Entonces vienen las descalificaciones, imputaciones y denuncias. El director de CFE, Manuel Bartlett, acusa de figuras ilegales y tramposas, hasta de inmorales a los generadores independientes y sociedades de autoabasto. Han creado un sistema de saqueo que busca quedarse con el mercado eléctrico del país, ha dicho. La pregunta es, porqué no los han sancionado si son ilegales.

    Predomina la negativa a reconocer que la participación de empresas privadas en el sector eléctrico se hizo en base a las reformas constitucionales de 2013, que ahora las ven como indefendibles e insostenibles, según el director de CFE. Por lo mismo, son legales y, cualquier exceso, abuso o violación de la ley, en que estos empresarios hubieran incurrido se les debería de haber sancionado. Algo que hasta el momento no hemos visto. Afirmar que no habrá indemnizaciones para los contratos de autoabasto “porque son ilegales”, alarma e inquieta a los inversionistas del sector eléctrico y de cualquier otro sector, porque significa hacer a un lado el estado de Derecho, algo que es fundamental para quienes buscan certeza jurídica que garantice la seguridad de sus inversiones.

    Hace 10 años, el debate por la apertura a la inversión privada en el sector eléctrico dio lugar a diversos foros de análisis y consultas que culminaron con la llamada reforma de Peña Nieto que se abrió a la participación privada en ciertas áreas del sector. Ahora, se repiten los foros y también los argumentos a favor y en contra, pero para regresar a la casi exclusividad del Estado en materia de electricidad, cuando el desarrollo de México requiere de capitales privados, nacionales y extranjeros, como un importante complemento de la inversión pública, que resulta ya insuficiente para las necesidades del país.

    Algunos argumentos alegados a favor de la contra reforma son: garantiza la soberanía energética a cargo del Estado; acaba con el saqueo de las empresas privadas; se detiene la privatización del sector eléctrico y se evita la desaparición de la CFE; regular al sector y evitar la concentración económica del mercado eléctrico en pocos grupos; la CFE dejará de perder y de subsidiar a los privados.

    En contra se argumenta: aumento en la explotación de combustibles fósiles, actualmente representa el 67 por ciento de la generación de CFE; frena la transición hacia energía limpias; incrementará los costos de producción del Sistema Eléctrico Nacional; acaba con la libre competencia en generación y suministro; cancela el 62 por ciento de la generación nacional por la anulación de permisos privados; insuficiencia presupuestal para cubrir las necesidades del sector. (En 15 años se requerirán 80 mil millones de dólares para líneas de transmisión, de distribución y plantas). Además, viola varios acuerdos comprometidos en el T-MEC.

    Sobre este último punto, la secretaria de Energía norteamericana, Jennifer Granholm, en reciente visita a nuestro país, declaró que existe “una preocupación real de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas en México sobre la inversión estadounidense”, lo que, dijo, expuso en todas las reuniones que tuvo con las autoridades mexicanas. Con mucha diplomacia, la secretaria fue insistente en el tema de las energías renovables, un tema que no es precisamente el favorito de la 4T y menos su prioridad. “Hemos expresado nuestro entusiasmo por trabajar con el gobierno mexicano para avanzar en sus objetivos climáticos y hacer crecer una economía de energía limpia, competitiva y diversificada,” fue el mensaje que dejó la funcionaria norteamericana.

    A buen entendedor…

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    Rogelio Varela-

    Varios organismos del sector privado han respaldado a la jefa de gobierno, Claudia Sheiunbaum para mantener abierta la economía de la capital.

    Luz para casinos  

    Buenas noticias para los casinos legales que operan en México, tanto en la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC), de Arturo Pérez Lizaur, así como en la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), que lleva Miguel Ángel Ochoa, los cuales vienen de vivir el peor año de su historia.

    Y es que, debido a la pandemia pasaron de representar un mercado valuado en los 20 mil millones de pesos anuales, a menos de la mitad. Sin embargo, la realidad es que ya se observa la luz al final del túnel para que este sector, que es un imán para el turismo extranjero, se recupere paulatinamente con la reapertura de salas en prácticamente todo el país, eso sí, con el estricto cumplimiento de medidas sanitarias.    

    La novedad es que, la Secretaría de Gobernación, cuya titular es Olga Sánchez Cordero, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, cumplió lo que había anunciado hace unos meses: publicó en días recientes los “Lineamientos en materia de Juegos y Sorteos, y cualquier actividad en la que medien apuestas”, que viene a suplir, al menos temporalmente, la obsoleta ley vigente que data del lejano 1947 y que tiene muchas lagunas.  

    A decir de permisionarios y operadores del sector, la certeza jurídica podría colaborar para que esta industria, fuertemente golpeada por la crisis sanitaria que azota al mundo, y que representa de manera directa o indirecta, más de 170 mil fuentes de empleo, se recupere de una vez por todas. Pues en este documento, la SEGOB reitera su pleno respeto a los derechos adquiridos por parte de los permisionarios autorizados a la fecha, al tiempo de reiterar que en este sexenio no se otorgarán nuevos permisos.

    Algo que les conviene a todos, ya que además le representa a la federación 5 mil millones de pesos de impuestos y 2 mil millones a las entidades federativas, montos que por el confinamiento han caído drásticamente.   

    Asimismo, el sector siempre ha pugnado por que las Secretarías de Hacienda, Salud, Economía y Turismo, sean las encargadas de los permisos, renovaciones y sanciones del sector y descentralizar estas decisiones al gobierno federal. Al tiempo.  

    La ruta del dinero

    Varios organismos del sector privado han respaldado la postura de la jefe de gobierno de la CDMX, Claudia Shienbaum Pardo en el sentido de mantener abierta la capital del país a pesar del crecimiento vertiginoso de los contagios de coronavirus bajo la variante Delta. Entre ellos anote a Coparmex Ciudad de México, Canadevi y los hoteleros agrupados en la ANCH. Y es que un nuevo cierre de actividades a más año y medio de la pandemia sería catastrófico para la economía de la capital y pondría en riesgo de cierre definitivo a empresas de todos tamaños. Esto en un contexto, donde la reactivación de la actividad económica ha sido lenta y donde a decir de la patronal que preside Armando Zúñiga Salinas sólo se han recuperado 24 mil empleos de más de 240 mil que han desaparecido por la crisis sanitaria. El compromiso de las empresas es mantener la operación de sus negocios como lugares seguros libres de contagios.

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    Rogelio Varela-

    Los analistas consultados por Banamex esperan que Banco de México suba otros 25 puntos base su tasa en agosto.

    Minería sin certeza jurídica

    Ya le he comentado que la industria minera encara un entorno complicado ante la ausencia de certeza jurídica para muchas de sus inversiones.

    Ahora el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de Torreón desestimó la apelación de la firma minera San Pedro Resources, en torno al expediente 106/2020, una decisión que podría acabar con la fuente de empleo de más de 80 familias dependientes de la operación de la mina La Antigua, instalada en el municipio de Miguel Auza, en Zacatecas, que gobernará David Monreal. 

    El magistrado Francisco Saldaña Arrambide no se arriesgó a revisar las declaraciones y alegaciones en la parte principal del caso que data desde 2006, cuando la compañía minera celebró un contrato con el dueño de la concesión de la mina, Javier Martínez Lomas, en donde a éste se le pagarían 2 mil 500 dólares norteamericanos mensualmente o una regalía del 3% de la venta de los minerales extraídos y comercializados, todo ello, sujeto a un acuerdo de exploración y explotación, más una opción de compra definitiva de la concesión por la cantidad de 500 mil dólares norteamericanos. 

    El problema es que La Antigua, desde diciembre de 2008, se encuentra fuera de operaciones y bajo cuidado y mantenimiento, ya que desde entonces no ha sido rentable su explotación. No obstante, San Pedro ha intentado desde entonces hacerle llegar al ex dueño concesionario el pago de la regalía pactada considerando que no ha habido explotación de la mina, pero en cambio, éste demandó a la compañía. 

    Las autoridades judiciales locales, específicamente el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, determinaron, por supuestos daños y perjuicios, una multa de más de 23 millones de dólares norteamericanos, lo cual sorprendió a propios y extraños, ya que en el mundo no hay precedente de una condena que pueda ser mayor que el monto pactado como precio para adquirir la concesión de la mina, es decir, ¿cómo determinó la autoridad una multa de 23 MDD cuando la compra definitiva de la concesión estaba estipulada en 500 mil dólares? 

    A no ser que haya un acto de corrupción en el proceso, en el cual se beneficiarían el demandante y sus abogados, lo anterior va en contra de lo que ha expresado abiertamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido muy claro en que su gobierno respetará la operación de las concesiones mineras existentes, además que, en el Poder Judicial, los jueces deben estar al servicio del pueblo y no de intereses particulares. 

    La esperanza quedaba en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de Torreón, sin embargo, al ni siquiera entrar al estudio de los argumentos de fondo que se hicieron valer, la empresa afectada y su operación, lo más seguro entrará en quiebre, y cerrará y, por ende, ocurriría el consecuente despido de todos sus colaboradores y contratistas, sin mencionar toda la derrama económica que se retiraría de la región de Miguel Auza, demarcación que gobernará el morenista Armando Perales. 

    La ruta del dinero

    Nada que los analistas consultado por Citibanamex anticipan nuevas alzas en la tasa de referencia de Banco de México tan pronto como en a próxima reunión del instituto central programada para agosto.

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