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Etiqueta: censura

  • Corporativo

    Rogelio Varela-

    Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones para garantizar los Derechos de las Audiencias se realizaron sin consultar a grupos involucrados.

    Derechos de las audiencias

    Como es público en próximos días se discutirá en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las acciones de inconstitucionalidad A.I. 150/2017 y A.I. 153/2017 que refieren a una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) que involucra los Derechos de las Audiencias.

    Esto a la luz que el proceso legislativo no cumplió con las etapas establecidas en el artículo 72 Constitucional y el Reglamento de la Cámara de Senadores, impidiendo que se conociera con tiempo suficiente el proyecto de reforma, y se abriera un debate con las distintas fuerzas políticas.

    Tampoco hubo consultas a diversos sectores de la población que pudieran verse afectados por la iniciativa de reforma de marras, entre ellos, y principalmente, a las personas con discapacidad ó bien los concesionarios de radiodifusoras de pueblos indígenas.

    Y bueno, otro sector que no fue escuchado, y que es a quien fue dirigida la reforma, fueron los concesionarios, es decir los medios de comunicación masiva que tienen derecho a participar en la discusión de las leyes que les afectan, especialmente, en lo relativo a las limitaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, pues toda reforma debe ineludiblemente cuidar no restringir garantías individuales, sin afectar los derechos de las audiencias.

    En ese contexto, todo indicaría que la SCJN que tiene como ministro presidente a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea debiera declarar la inconstitucionalidad de la reforma de 2017 para restablecer el proceso, y como consecuencia abrir en el Congreso un  debate abierto donde participen por supuesto las minorías parlamentarias.

    Queda claro que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad daría la oportunidad de escuchar a los concesionarios de radiodifusión públicos, comerciales y sociales en cuanto a los derechos que les asisten y quienes, finalmente, son los que aplican las reglas establecidas en la ley en materia de derechos de las audiencias, y por supuesto realizan las inversiones para ampliar la difusión de sus contenidos.

    Está en manos de los ministros restablecer un proceso donde es necesario escuchar todas las opiniones y no dejar espacios a la censura y mucho menos para un control autoritario de los medios en nuestra vulnerable democracia.

    La ruta del dinero

    Nada que el dato de inflación de 8.62 por ciento correspondiente a la primera quince de agosto cayó como balde de agua helada en Palacio Nacional. Y es que el rubro que sigue con fuerte ascenso corresponde a los alimentos con crecimientos de doble dígito alto que pone en entredicho la efectividad del PACIC. El tema es que con una inflación en ascenso los efectos positivos que tuvieron en su momento el alza al salario mínimo y los apoyos sociales comienzan a borrarse.

  • Corporativo

    Rogelio Varela-

    La CIRT acudirá a instancias internacionales para cuestionar la injerencia del IFT en el diseño de códigos de ética de concesionarios.

    Desenredar la radiocomunicación  

    Tener una infraestructura de seguridad pública en México es un reto particular que no cualquier nación enfrenta.

    La Constitución permite que cada uno de los más de 2,400 municipios del país tenga su propia red de radiocomunicación con el proveedor de su elección, a esto súmele 32 entidades y las correspondientes al gobierno federal, incluida la naciente Red Integrada Nacional de Radiocomunicación (RINR). 

    Como bien lo ha explicado Ricardo Corral Luna, ex secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ex titular del Centro Nacional de Información, esto exige una política de Estado en radiocomunicación construida de la mano de las entidades y municipios para ordenar y volver funcional el actual mar de redes locales inconexas, heterogéneas y duplicadas. 

    Imagine usted el caos que derivaría para un operativo conjunto entre miembros de la Guardia Nacional en una de las muchas zonas metropolitanas del país, donde también interactúan agentes de diversos municipios más policías estatales, todos con una tecnología diferente y algunos sin posibilidad de uso de banda ancha, es decir, imposibilitados para recibir geolocalización, mensajes multimedia o video en vivo. 

     De ahí lo indispensable de que dicho sistema garantice la interoperabilidad entre los protocolos como Tetra, Tetrapol o P25, y además interopere con la banda ancha LTE, para garantizar no sólo la óptima coordinación entre las diferentes fuerzas del orden, sino aprovechar todas las ventajas tecnológicas que se siguen desarrollando en banda ancha.  

    Otro aspecto crucial es el blindaje de dichas comunicaciones donde un solo administrador puede otorgar diferentes alcances y posibilidades a quienes interoperan y además grabar y monitorear toda su actividad, lo que minimiza cualquier filtración o vulneración del crimen organizado. Esta tecnología ya opera en México Jalisco y Querétaro con la firma francesa Airbus SLC a través de su sistema MXLink.  

     Así, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que comanda Rosa Icela Rodríguez tiene un enorme reto, la RINR es un paso correcto en consonancia con naciones como Estados Unidos, Bélgica, Francia y Países Bajos hacia un sistema funcional de comunicación de misión crítica. 

    La ruta del dinero

    Nada que la Cámara de la Industria de la Radio y TV (CIRT) fijó su postura en torno a la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia relativa a la intervención de la autoridad en el diseño de Códigos de Etica en el sector de la radiodifusión, y el cambio de una autoregulación a una supervisión burocrática, muy al estilo de la 4T que busca imponer a los medios lineamientos informativos.

    La nota es que la CIRT acudirá a instancias internacionales y solicitará su revisión ante el Consejo de la Judicatura Federal al afirmar que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información, y a los derechos de las audiencias.  Hablamos que se trata de revivir un expediente del pasado al restituir los Lineamientos de Audiencias del IFETEL de 2016  que se califica por los concesionarios como censura y que viola flagrantemente la Constitución con el riesgo que derive en excesos de las Instituciones del Estado.

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