Por: Miguel Tirado Rasso

Los resultados de la consulta popular del domingo pasado, para decidir si “…se llevan a cabo las acciones pertinentes…para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos…” (así el texto literal del objetivo de la pregunta), no van a servir de base legal para los propósitos políticos de la 4T en su andanada contra los mandatarios del pasado y sus gobiernos “conservadores y neoliberales”.

En primer lugar, de acuerdo con los requisitos legales establecidos para la efectividad de la consulta, esto es, para tener carácter vinculatorio, tendría que haber habido una participación ciudadana, mínima del 40 por ciento del listado nominal (37.4 millones de personas) y, de acuerdo con los datos proporcionados por el INE, la asistencia a las mesas de consulta fue de 7.11 por ciento (6.5 millones de ciudadanos). Muy lejos del piso requerido.

Además, la intención de la consulta que era el enjuiciamiento, o no, de los últimos 5 presidentes del país, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, “por la presunta comisión de delitos …antes, durante y después, de sus respectivas gestiones” (texto original), se perdió cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su intento por quedar bien con el presidente de la República, “descremó” la pregunta, suprimió los nombres de los mandatarios, eliminó la referencia a sus gobiernos, quitó la presunción de la comisión de delitos y borró la precisión de los tiempos. Con lo que la consulta del pasado domingo, se quedó sin dedicatoria ni destinatarios específicos, que constituían el impacto político que buscaba la 4T.

Para colmo, además del galimatías de pregunta aprobada por la SCJN, Morena decidió promover la participación ciudadana, haciendo alusión al objetivo original que la Corte desechó por ser violatoria de los derechos humanos, por lo tanto, ilegal. Esto provocó mayor confusión entre la ciudadanía que, cuando llegó a emitir su voto, se encontró con que la consulta no coincidía con la propaganda difundida por Morena. En este contexto, de haber cubierto el mínimo de votantes requerido por la ley, la legalidad del resultado habría quedado en entredicho, ante una promoción, absolutamente ilegal por su contenido y por quien la patrocinó, con espectaculares, carteles en el metro y autobuses y volantes del juicio a los expresidentes con sus fotografías, inclusive. Grave la violación a la ley. Más aún, viniendo del partido en el gobierno.

Sin embargo, este ejercicio de democracia participativa, ha servido a Morena para otros propósitos, como buen pretexto para atizarle a su enemigo favorito, el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus consejeros, bueno, al menos, dos de ellos, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Ya desde antes de realizarse la consulta, los dirigentes de Morena habían orquestado una campaña en contra de la autoridad electoral, responsable de la organización de este proceso, acusándolo de pretender boicotearlo.

Ante el escaso éxito pronosticado para el evento, el tema era polémico, cuestionable y poco convincente, aderezado, por si algo faltaba, con una pregunta incomprensible, los dirigentes de Morena, se curaron en salud, denunciando al organizador como el responsable de la limitada votación. Lo acusaron de retrasar el inicio de su organización, de armar una “consulta pobre”, con pocas casillas, y de hacer una promoción insuficiente, además de difundir que la consulta no era para enjuiciar a los expresidentes. Todo, dijeron, para sabotear este ejercicio.

Los morenistas, desahogaron su frustración amenazando a los consejeros con tomar acciones más allá de los juicios políticos que su bancada les tiene ya preparados en el Congreso, según dijeron. Y es que, a su líder, Mario Delgado, no le gustó que la autoridad le ordenara, al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y en los Congresos locales, suspender la propaganda sobre la consulta popular, recordándoles que, por ley, el INE es el único autorizado para hacer la promoción. Y menos le pareció la recriminación por mentir en su publicidad al insistir en que la votación era sobre el juicio en contra de los expresidentes, ignorando totalmente la pregunta aprobada por la Corte. Peor les va a caer cuando la autoridad les aplique las multas correspondientes por las violaciones cometidas en la promoción de la consulta.

Con gran inconciencia, el dirigente de Morena, Mario Delgado, habría afirmado, antes de conocer el resultado de este ejercicio que, si éste fallaba, tomarían varias acciones entre las que incluía presentar nuevamente la iniciativa original del presidente. Como si su primer intento no hubiera sido tácitamente objetado por la Corte al corregir la pregunta. En sus excesos, el político de Colima llegó a acusar a la “derecha” de pretender invalidar los resultados de la consulta.

Como sea, ya advirtió que se formará una Comisión de la Verdad Ciudadana para enjuiciar a los expresidentes. Por su parte, el comité promotor de la consulta de su partido anunció la creación de un Tribunal de los Pueblos para que juzgue los crímenes del pasado, cuyo plan de acción darán a conocer el próximo 8 de agosto. O sea, que la polémica consulta nos la podríamos haber ahorrado.

Por lo pronto, y para continuar con la agenda distractora, se habla ya de la próxima consulta popular, la de la revocación de mandato, programada para marzo de 2022. Y, así sucesivamente.