El gobierno que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum a partir de próximo uno de octubre tiene como objetivo la construcción de millón de viviendas con el apoyo de las distintas instituciones del Gobierno, una vez que se apruebe la reforma constitucional en materia de vivienda que aún se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados.
La propuesta de reforma de vivienda, que ya ha sido retomada por la presidenta electa, tiene dos objetivos principales: que el Infonavit y el Fovissste puedan construir y financiar la producción de vivienda; e implementar un esquema de renta que hoy no se tiene. Es decir, este esquema se convertirá en el eje rector de la nueva política de vivienda.
En reiteradas ocasiones, la próxima jefa del Ejecutivo ha dicho también que los jóvenes con Infonavit y sin seguridad social también podrán acceder a viviendas en renta y después tendrán oportunidad de adquirirlas. Incluso anunció que ya se está trabajando en el presupuesto 2025 lo concerniente a la vivienda.
Sheinbaum explicó que el programa de vivienda se realizará a través de dos programas: uno para quienes tienen acceso al Infonavit y otros para quienes no tienen seguridad social.
De acuerdo con el plan trazado hasta el momento por quienes encabezarán el siguiente gobierno, durante 2005 se fortalecerán las acciones para incrementar la oferta de vivienda, ampliar las opciones de financiamiento y proporcionar a las familias en condiciones de desventaja los apoyos para comprar, construir o remodelar una vivienda, de acuerdo con sus capacidades económicas y preferencias.
De acuerdo con el Programa de Otorgamiento de Créditos y Subsidios a la Vivienda, contenido en el Proyecto de Presupuesto 2025, el próximo año se reforzará la coordinación que se ha establecido entre los organismos nacionales, estatales y municipales de vivienda, la banca comercial, la banca de desarrollo, así como otras entidades que otorgan créditos hipotecarios y apoyos para la construcción o adquisición de vivienda.
El conjunto de instituciones otorgarán un total de 654 mil 100 créditos y subsidios, lo que implica una inversión estimada de 126 mil 300 millones de pesos.
Para atender la demanda de vivienda de la población afiliada a algún sistema de seguridad social, se prevé otorgar 406 mil créditos, 350 mil corresponden al Infonavit y 56 mil al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), y a su Programa de Otorgamiento de Créditos.
La satisfacción de las necesidades de vivienda de la población de menores recursos se atenderá a través de esquemas de apoyo adecuados a los requerimientos y capacidad económica de las familias. En conjunto, se asignarán 216 mil 100 apoyos a través de créditos y subsidios para la construcción o el mejoramiento de la vivienda.
La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), a través del Programa de Apoyos y Subsidios a la Vivienda (PROSAVI), apoyará a familias con ingresos que no excedan cinco veces el salario mínimo mensual de la Ciudad de México, mediante créditos y subsidios para la adquisición de 103 mil 500 viviendas, cifra que casi duplica a los 57.5 mil apoyos que se estima alcanzar en 2004.
El Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), con una asignación de 3 mil 167.9 millones de pesos de recursos propios y fiscales, otorgará 4 mil 600 créditos y 108 mil apoyos, a través de los Programas de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa y Vivienda Rural, para atender a las familias de menores recursos.
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) con una asignación presupuestaria de 151.2 millones de pesos, avanzará en la modernización de registros públicos de propiedad en siete entidades federativas, la elaboración y reingeniería de registros públicos de la propiedad en cuatro estados, la realización de dos estudios de apoyo a la oferta de vivienda y programas de infraestructura y servicios, y en acciones coordinadas con gobiernos estatales y municipales para la reducción de 4.0% en costos indirectos para el desarrollo de vivienda.
Piden más subsidios
Hace unas semanas, el vocal ejecutivo del Fovissste, César Buenrostro Moreno, hizo enfatizó en la necesidad de implementar más subsidios para facilitar la entrega de créditos hipotecarios y, de esta forma, atender el rezago habitacional.
“Estoy convencido de que es necesario implementar un esquema de subsidios para que la base de la pirámide de nuestros derechohabientes, que hoy no pueden acceder a un crédito hipotecario, lo puedan hacer de alguna forma. Entonces, tenemos algunas ideas que platicaremos con el equipo de transición. Sí es importante [considerar subsidios] para lograr el objetivo del millón de casas que se ha fijado Claudia Sheinbaum Pardo para la próxima administración”, indicó.
Subrayó la necesidad de replantear al fondo como un ente constructor de casas que complemente la labor de las desarrolladoras, para contribuir a atender la demanda habitacional, tema que ya se encuentra en dictamen de reforma, aprobado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y confió que en la próxima legislatura pueda avanzar al pleno y luego al Senado de la República.
De acuerdo con información oficial, de 2019 a marzo de este año, los organismos de vivienda: Infonavit, Fovissste, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), han entregado en conjunto más de 3.4 millones de créditos con inversión de 1.1 billones de pesos.
De acuerdo con los tiempos que marcó la reforma al Fondo de Pensiones para el Bienestar aprobado por el Congreso de la Unión, a partir del primero de julio los trabajadores de México podrán acceder a una compensación para obtener una pensión con el 100% de su salario.
Para tal efecto, dependencias como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado (Fovissste) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como las afores, debieron haber transferido desde la segunda quincena de junio, los recursos contemplados en la nueva reforma al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
De entrada, el Infonavit informó que ya tenía listos hasta 4 mil 500 millones de pesos para transferir al fondo de pensiones, cifra que corresponde a 2.2 millones de cuentas que se encuentran como inactivas en el instituto.
La transferencia de fondos de cuentas no reclamadas de personas mayores de 70 años y cuentas inactivas, en el caso del Infonavit, se realizará para garantizar que el 1 de julio los trabajadores puedan acceder a una compensación para obtener una pensión con el 100% de su salario.
Los fondos también provendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y los ahorros no reclamados de los trabajadores en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Los estados que tengan deudas con el ISSSTE y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se les podría aplicar un descuento desde la Federación de entre 25% y 75%, recursos que también se destinarán al fondo de pensiones.
El Régimen de inversión del Fondo, cuyos recursos serán administrados por el Banco de México, tendrá como objetivos principales los siguientes: 1) cubrir las necesidades de liquidez requeridas para dar cumplimiento a los fines del Fondo; 2) procurar la preservación de capital del patrimonio del Fondo en términos reales; y 3) generar rendimientos, en la medida de lo posible, que contribuyan a incrementar el patrimonio del Fondo, sujeto a una prudente administración de riesgos.
Sistema político monopolizado
Después de cuatro decenios de gradual gestación de pluralismo, el sistema político mexicano vuelve a quedar dominado por un partido.
La coalición encabezada por Morena arrasó la elección presidencial, las contiendas para definir la integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, así como las elecciones de gobernadores que se realizaron el pasado 2 de junio.
Este resultado superó las expectativas que las encuestas habían generado, y entre otras cosas, es probable que se traduzca en mayorías legislativas calificadas para la misma coalición que ocupará la presidencia. Con éstas el próximo gobierno podría garantizarse cualquier reforma secundaria o constitucional, que decida impulsar.
Todos los analistas anticiparon que la coalición encabezada por Morena se haría con las mayorías absolutas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión pero nadie previó que pudieran controlar mayorías calificadas.
Según proyecciones del INE, la coalición oficialista habría obtenido 72% de las curules en las Cámara de Diputados y 65% de los escaños en el Senado; es decir, controlarían una holgada mayoría calificada en la Cámara y sólo les faltarían dos para alcanzarla en el Senado.
Se trata de posiciones muy superiores a las alcanzadas por la alianza de Morena en 2018. Pero, sin duda, no les será difícil persuadir a dos senadores cuando fuera necesario y que esta coalición también habrá obtenido mayoría absoluta en los congresos estatales requeridos para autorizar cualquier reforma, secundaria o constitucional, que el gobierno encabezado por Morena decida impulsar.
Los resultados electorales le dieron a Claudia Sheinbaum una amplia victoria y legitimidad sobre sus oponentes. De eso no hay duda. Sin embargo, se ha originado un periodo de inestabilidad financiera en México debido, principalmente, a la necedad del gobierno de imponer la reforma al Poder Judicial y la desaparición de organismo autónomos relacionados con la rendición de cuentas.
Tanto el presidente Andrés ManuelLópez Obrador, como Claudia Sheinbaum, reiteraron la intención de que avance la reforma al Poder Judicial en septiembre próximo, lo cual se ha convertido en el principal foco de preocupación de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, sobre el país.
La reacción natural a la intentona gubernamental fue la depreciación del peso y el desplome del mercado de valores, y aunque éste ha venido recuperando poco a poco, con algunos altibajos, la pregunta que se hacen todos los analistas es ¿hasta dónde podría depreciarse la moneda mexicana?. Al día de hoy no hay una respuesta clara, ni de las autoridades ni de los analistas.
La política tributaria tiene un sólido historial en el logro de metas fiscales y en el mantenimiento de una deuda pública manejable. Sin embargo, se necesitan mayores ingresos tributarios para mantener la prudencia fiscal y abordar importantes necesidades de gasto en ámbitos que mejoren la productividad, como la educación, salud, infraestructura, transición digital y ecológica, y la lucha contra la corrupción y el crimen, entre otros rubros socioeconómicos. Además, la mejora del marco fiscal facilitaría brindar apoyo durante las recesiones.
México tiene la relación impuestos/PIB más baja de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Según este organismo multilateral, al que pertenece México, el gobierno mexicano tiene margen para recaudar más ingresos a partir del impuesto sobre la propiedad, los impuestos ambientales y hacer que el sistema tributario sea más eficaz y progresivo mediante la reducción de las deducciones fiscales que beneficien a los más ricos.
Aumentar la eficiencia del gasto público también podría liberar recursos adicionales. Esto requerirá un uso más sistemático del análisis costo-beneficio en los proyectos de infraestructura y evaluaciones sistemáticas y un uso más amplio de la comprobación de los recursos en los programas sociales.
La capacidad del marco fiscal para aplicar políticas fiscales anticíclicas es limitada. Las reglas fiscales vigentes fomentan una política fiscal procíclica, ya que favorecen los recortes discrecionales y drásticos del gasto para alcanzar las metas fiscales. La cobertura de la regla de gasto es demasiado limitada para suavizar el gasto a lo largo del ciclo.
La falta de un marco presupuestario a mediano plazo implica un enfoque casi exclusivo en la asignación del gasto y la meta fiscal del próximo año durante la preparación y discusión del presupuesto.
Al respecto cabe recordar que en nuestra entrega anterior, comentamos justo que para 2025, el primer año de gobierno de la siguiente administración, ya se anticiparon algunos recortes presupuestales y por tanto severas dificultades para mantener las finanzas públicas a flote.
De entrada se anticipa que la nueva presidenta de la República tendrá que aplicar, quiera o no, un severo recorte presupuestal y ajustar el gasto del gobierno para darle un poco de oxígeno a la economía, de acuerdo con los Pre Criterios de Política Económica elaborados por la Secretaría de Hacienda.
Esta dependencia propone un recorte al gasto neto pagado, específicamente a su componente programable –gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos–, de 578.9 mil millones de pesos (mmdp) o (-)12.1% en términos reales, el cual pasaría de 6.62 billones de pesos en 2024 a 6.04 billones de pesos en 2025, con el objetivo de reducir a la mitad el déficit público en 2025. O sea, ajustarse el cinturón y poner a trabajar la tijera.
Debate anodino
Quiérase o no, los ciudadanos debemos interesarnos por el espectro político que rodea la campaña presidencial de las aspirantes a gobernar el país el próximo sexenio. Dos de los temas que debieran ser abordados con seriedad y plantear propuestas reales por las candidatas, son los relativos a los sistemas seguridad y de salud, sectores totalmente destrozados que han generado un gran daño a la población mexicana.
Por ejemplo, el primer debate de las candidatas y el candidato a la presidencia, se realizó sin propuestas claras para el financiamiento del sistema de salud.
De acuerdo con cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se requiere duplicar el presupuesto para alcanzar un nivel mínimo de inversión; para 2030 el sector salud podría requerir el 10% del PIB y para garantizar la atención de la población sin seguridad social, se necesitan al menos tres puntos del PIB; la inversión actual es de 0.83% del PIB.
El nivel de gasto en el sector salud no sólo ha sido menor a lo sugerido internacionalmente, sino también inferior a lo que destinan países de Latinoamérica como Argentina (5.9%), Brasil (3.9%) o Costa Rica (5.5%), como proporción del PIB.
La baja inversión en México se traduce en un gasto por persona bajo y desigual. Mientras que, el promedio del gasto per cápita en los países miembros de la OCDE es de $67,045 pesos, en México una persona con servicios médicos en Pemex cuenta con $31,985 pesos y una persona con IMSS-Bienestar con $4,107 pesos, esto es, quince veces menos que el promedio de la OCDE.
Además, con la centralización de recursos para personas sin seguridad social con IMSS-Bienestar, no es clara la responsabilidad de los gobiernos estatales, pues no son públicos los acuerdos firmados.
La siguiente administración deberá considerar seriamente los retos presupuestarios del sector salud, así como la situación demográfica y epidemiológica actual. Se requiere un aumento sustancial y sostenido en el presupuesto, que refleje los cambios necesarios en la atención médica de la población y permita alcanzar la cobertura universal.
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, la frase atribuida a José María Iglesias, sintetiza lo que podría significar la esencia del Estado de Derecho. Ese en el que los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente (INE). El gran estado moderno, que Max Weber definía como el estado en el que, la legitimidad del poder, depende de su legalidad. El Estado de derecho, sin el que no existe democracia (INE), que es la forma de gobierno establecida por nuestra Constitución.
Pero resulta, que en la Cuarta Transformación, la frase del efímero Presidente interino Iglesias(1876), que con frecuencia se repite en la narrativa cotidiana de Palacio Nacional, no significa ni tiene los alcances mencionados, porque, según sus otros datos, hay excepciones que permiten pasar sobre la ley. “Por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad politica”, declaró recientemente el jefe del Ejecutivo, cuando se le cuestionó si no había sido un error haber publicado el número del celular de una periodista, violando la ley de privacidad de datos personales.
Y, para que no hubiera duda, se le preguntó si lo volvería a hacer, a lo que contestó, “claro, claro, claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio, la dignidad del presidente de México”.
Preocupa la intepretación que hace el jefe del Ejecutivo, respecto de sus obligaciones y responsabilidades de ley, porque, parecería que la protesta que rindió de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…”(Art.87 Const.), cuando asumió el más alto cargo político del país, no la está considerando aplicable a su persona. Mal ejemplo, de la máxima autoridad.
Pero tampoco la autonomía y la división de poderes, consagrados en nuestra Carta Magna, son vistos con buenos ojos desde Palacio Nacional. Tal vez por aquello de que su pecho no es bodega, el Presidente decidió exponer los términos como considera que debe funcionar la relación del Ejecutivo con los otros poderes de la Unión.
Con el Legislativo, está claro, porque así ha operado a lo largo de su administración. Supone que su investidura le permite instruir a los congresistas a procesar y aprobar, sin modificar ni una coma, sus iniciativas de ley. Aquí no hay lugar a vacilaciones, aunque resulten francamente anticonstitucionales o, por las prisas, no se cumplan las reglas de procedimiento y vengan, como consecuencia, los descalabros jurídicos.
La ahora deteriorada relación con el Poder Judicial, la explica el mandatario porque antes se le permitía intervenir, cuando estaba presidiendo la SCJN, el exministro Arturo Zaldivar, a quien le recomendaba, respetuosamente, según dijo, los asuntos de interés de la Presidencia, para que, a su vez, el ministro hablara con los jueces o magistrados y les dijera “cuidado con esto”. Eso sí, aclararía el mandatario, “pensando en el interés general, en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen”.
Así que, de acuerdo con lo expresado por el mandatario, desde la Presidencia se recomendaban los casos para que fueran resueltos, no conforme a derecho, sino a conveniencia del Ejecutivo.
Las cosas cambiaron cuando la ministra Norma Piña asumió la presidencia de la Corte. La primera mujer en llegar a ese cargo, por cierto. Al mandatario incomodó que la ministra llegara a poner límites a la relación, que defendiera la división de poderes y declarara que “ los jueces son autónomos”, con lo que se acabaron las injerencias y las recomendaciones respetuosas. La reacción de Palacio fue reciclar su iniciativa de reforma judicial y enviarla al Congreso para acabar con la autonomía del Poder Judicial, construir una Corte a modo y ajustar la división de poderes. Lo suficiente para poder influir, desde el Ejecutivo, en los fallos de los jueces.
Desde luego que ante semejantes declaraciones, el ex ministro y ahora militante morenista, Arturo Zaldivar, tuvo que salir a tratar de explicar lo que el presidente López Obrador quiso decir. Negó enfáticamente que él hubiera hablado o influido ante jueces o magistrados en el fallo de asuntos judiciales. NI recomendaciones ni sugerencias para resolver en algún sentido los casos. También rechazó que durante su gestión hubiera habido alguna injerencia indebida del Ejecutivo.
Pero la duda persiste, pues la renuncia, del entonces ministro, faltando menos de un año para su retiro, para incorporarse al equipo de campaña de la candidata presidencial oficial de Morena, despertó sospechas de la existencia de conflictos de interés en el pasado. Además, con su renuncia, le permitió al jefe del Ejecutivo hacer el nombramiento de una nueva ministra en la Corte, a modo de la 4T.
En el XlX Congreso Nacional de Abogados celebrado la semana pasada, habló la ministra presidente Norma Piña sobre la importancia de preservar la división de poderes y asegurar la independencia de los poderes judiciales. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, señaló, es un derecho de los justiciables. Si la independencia judicial se trastoca, impactará en una impartición de justicia que atienda a influyentismos y a razones ajenas al derecho, afirmó.
De visita en México, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, esbozó una serie de recomendaciones para el siguiente gobierno, con independencia de quien gane las elecciones presidenciales de junio próximo.
Cualquiera de las candidatas o candidato presidencial (Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Alvarez Maynez) tendrán que ceñirse a una serie de políticas realistas en caso de ganar la elecciones –nada de ocurrencias como ha sido todo este sexenio– si pretenden impulsar verdaderamente el crecimiento económico de México.
Para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, México necesita impulsar la productividad, acelerar la digitalización y mejorar los resultados educativos y la oferta de vivienda
Será necesario también, entre otras cosas, impulsar la inversión en educación de calidad, así como la participación laboral femenina y, en general, mejorar la inclusión del mercado laboral, al tiempo de impulsar la conectividad digital en todo el país, combatir corrupción e invertir en energías renovables.
Todo esto, según Cormann, ayudarán a México a aprovechar las oportunidades de crecimiento relacionadas con el nearshoring. Sin embargo, para aprovechar plenamente el potencial de crecimiento futuro de México son necesarias reformas estructurales que aborden desafíos preexistentes, para impulsar la productividad y reducir la desigualdad de oportunidades.
Mejorar los resultados educativos, ayudando a los mexicanos a adquirir las habilidades necesarias para participar y beneficiarse de un mercado laboral en evolución, y reducir la informalidad también son claves para reforzar el potencial de crecimiento.
Para la OCDE, en voz de Cormann, el acceso a una vivienda adecuada sigue siendo un desafío en México. Los altos precios y el acceso limitado al crédito se traducen en que muchos ciudadanos no pueden permitirse comprar una casa. Un mercado de alquiler de viviendas subdesarrollado y una oferta insuficiente de viviendas sociales y asequibles llevan a muchos hogares a autoconstruir o residir en asentamientos informales.
Con esto, según la OCDE, se alimenta la segregación geográfica que impacta negativamente a grupos ya vulnerables que luego tienen un acceso limitado a empleos, transporte y servicios urbanos. Desafíos sin duda, pero que requieren soluciones impostergables.
Cabe destacar que México ingresó a la OCDE en 1994, periodo en el que este organismo dio un giro más social a su visión del mundo. Hoy en día, la OCDE está estratégicamente aliada con grupos como G20, G7, APEC y el sistema de Naciones Unidas.
Formar parte de ese organismo internacional constituido por 38 países, y cuyo propósito es coordinar sus políticas económicas y sociales, de alguna forma reconoce la instrumentación en México de medidas neoliberales y la forma en que se aplica ese modelo, aunque la narrativa del gobierno lopezobradorista exprese lo contrario.
Exceso de acero, riesgo
La secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, sostuvo una reunión con funcionarios de la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) para continuar con el diálogo y la cooperación entre ambas naciones y robustecer la industria del acero en la región.
En un esfuerzo conjunto por fortalecer la relación comercial y defender los intereses del sector del acero, México y Estados Unidos colaboran de manera abierta con el fin de evitar prácticas desleales y asegurar la transparencia en el comercio de acero en la región de América del Norte.
Actualmente, existe una gran preocupación debido al exceso de capacidad global de producción de acero, que en 2022 fue de 631.9 millones de toneladas de las cuales 18.4 millones fueron producidas en México. El exceso de capacidad equivale a más de 4 veces la producción de todo el continente americano, lo cual representa un factor de riesgo para prácticas desleales de comercio.
Particularmente, en América del Norte –México, Estados Unidos y Canadá- se tiene una estrecha integración comercial en la región, favorecida por la evolución del Tratado de Libre Comercio, siendo la industria siderúrgica uno de los sectores con mayor integración.
Durante el 2023, los flujos comerciales de productos terminados entre los dos países ascendieron a más de 6 millones de toneladas, de los cuales México importó de Estados Unidos 4.1 millones de toneladas, mientras que éste importó de nuestro país 2.3 millones de toneladas.
SAT, eficiencia recaudatoria
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Antonio Martínez Dagnino, informó que el costo de la recaudación tributaria en 2023 fue de 28 centavos por cada 100 pesos recaudados, el nivel más bajo de los últimos cinco años, el cual pasó de 34 centavos en 2019 a 32 centavos en 2022 para reducir cuatro centavos más el año pasado.
Lo anterior es resultado del incremento de los ingresos tributarios que, de enero a diciembre de 2023, alcanzaron 4 billones 517 mil 730 millones de pesos, “aunado al esfuerzo de austeridad, que permitió hacer más eficiente el gasto público que se invierte en el proceso de recaudación”, destacó la institución.
La eficiencia en el gasto público también se vio reflejada en el indicador de la rentabilidad promedio de la fiscalización, el cual se refiere a los ingresos obtenidos por cada peso invertido en la fiscalización y que al cierre de 2023 fue de 147.2 pesos recuperados por cada peso invertido.
Congreso Aguascalientes
En el momento más álgido en cuanto a persecusión, acoso, violencia y asesinatos en contra de periodistas de todo el país, nunca antes vistos en la historia moderna de México, este jueves 29 de febrero arranca el Tercer Congreso de la Conferencia Nacional de Empresarios de Medios (Coneme) en la ciudad de Aguascalientes.
La anfitriona de este importante evento es la doctora María Teresa Jiménez Esquivel,gobernadora del estado de Aguascalientes, quien dará la bienvenida a más de un centenar de periodistas y dueños de medios de comunicación de todo el país, que durante los siguientes tres días se reunirán en el Centro de Convenciones “Isla San Marcos”.
Se analizará y debatirá sobre el periodismo en la nueva era, los retos de los medios de comunicación en México, la veda electoral y el control de la información por parte del poder público, entre otros destacados temas, sobre todo el de la violencia que priva en contra del gremio periodístico a nivel nacional, auspiciada y orquestada desde el poder público y bandas delincuenciales. Se hará patente el posicionamiento de este importante organismo gremial en la Declaración de Aguascalientes.
Las cajas de ahorro manejan los depósitos de unos 11 millones de mexicanos y tienen un alto sentido social al momento de otorgar préstamos
Corporativo
Rogelio Varela
Un segmento del ahorro popular que busca digitalizar sus procesos son las cajas de nicho ahorro.
Ese mercado también conocido como Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) tiene fuerte presencia regional y sectorial, y ha sido una alternativa de ahorro y crédito para segmentos poco atendidos por la banca.
La nota es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que preside Jesús de la FuenteRodríguez de la mano de la tecnológica Minsait Payments que lleva Jesús Alvarez afinan un esquema para digitalizar a esos intermediarios.
A la autoridad le interesa modernizar a ese nicho entre tras cosas porque 40 por ciento de las cajas de ahorro tiene su presencia operación en el medio rural.
Hablamos que existen unas 200 cajas de ahorro en el país de las cuales unas 150 son reguladas por la CNBV donde existen grandes jugadores como Caja de Ahorro Popular que tiene más de 3 millones de clientes hasta unas muy pequeñas con apenas 2 mil socios.
Alvarez dice que la idea es aglutinar esfuerzos entre la autoridad, la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Cancamex) que dirige Yadira Medina Gil, y algunas federaciones para apoyar en especial a las cajas más chicas en su digitalización, lo que además de mejorar la supervisión elevaría la eficiencia de esos intermediarios para que puedan emitir tarjetas de crédito a partir de la experiencia de Minsait con sus clientes en la banca.
La ruta del dinero
Si no tiene plan para este fin de semana entre las novedades gastronómicas en la capital del país para conocedores de la auténtica cocina griega le sugiero el restaurante Mentor. Se trata de la más reciente inversión de Grupo Fisher’s, que tiene por socios y directivos a Charles Hamparzumian y Manolo Ablanedo que ahora incursióna en el segmento de alta gama. Mentor se ubica dentro del Hotel St Regis de la Ciudad de México y significa el restaurante 34 de ese grupo, tomando en cuenta dos que operan en extranjero en San Diego, Estados Unidos; y Madrid, España. Con ello, esta empresa fundada en 1989 cuenta ya con más de 2 mil empleados y 7 marcas con distintivos. En el caso de Mentor surge de la sociedad con los restauranteros griegos George Konstantinou e Inés Zikou quienes han cuidado hasta el más mínimo detalle para crear una atmósfera helena, pero además entre sus atributos destaca la calidad de las materias primas de los alimentos en buena medida importadas de Grecia, e inclusive parte de su staff es procedente de aquel país como los chefs, mixólogos e incluso el DJ. Por ello se puede decir que Mentor es más que un restaurante, ya que resulta un viaje culinario que transporta a los amantes de la buena comida directamente a las encantadoras calles e islas griegas en un concepto denominado ‘La Puerta de Lujo a Grecia”. Y es que no exagero al decir que cada platillo es una obra de arte culinaria desde el clásico tzatziki hasta la taramosalata, pasando por las frescas hojas de parra rellenas de arroz. Sin duda, muy recomendable.
El pobre pescador que descubrió el tesoro de México
El portentoso hallazgo del humilde pescador Rudesindo Cantarell Jiménez mar adentro de Ciudad del Carmen, Campeche, durante la década de los 70, tuvo tres desenlaces indudables: trajo una bonanza petrolera que lo mismo sustentó las finanzas públicas del país que arrastró a los mexicanos a profundas crisis económicas; enriqueció a corruptos funcionarios y a cínicos líderes sindicales, por varias décadas;
Por Ulises Ladislao
La frase que resume cómo en México se reconoce el esfuerzo de los ciudadanos que se la juegan por el bien del país, es aquella que expresó el ingeniero en jefe de Pemex en ese entonces, cuando harto de la insistencia de don Rudesindo, quien llevaba cuatro viajes de Ciudad del Carmen a Coatzacoalcos para conseguir audiencia y comunicarle su descubrimiento, le dijo a su subalterno: “¡Ve qué quiere ese viejo hijo de la chingada, que ya me tiene hasta la madre!”
Lo que siguió fueron sucesos que la historia registró en una secuencia precisa: un azorado joven ingeniero que no atinaba a creer lo que veía, cuando presenció que del fondo del mar emergían copiosas surgencias de “chapopote”, en el medio del golfo de México; meses más tarde, el vehemente clamor de un mandatario que nos ilusionó con el anuncio de una feliz riqueza que acabaría de una vez por todas con la pobreza de millones de mexicanos, “acostumbrémonos a administrar la abundancia”, sentenció, esperanza la cual resultó, años después, grave condena; un puñado de corruptos líderes sindicales apostando un millón de dólares en el bacará en Las Vegas, con dinero que robaban a Pemex; una producción en pleno boom petrolero nacional que alcanzó una cifra de más de 3 millones de barriles diarios, cuyos réditos nadie sabe bien dónde quedaron; y una reforma energética que quiso transferir esa riqueza a manos privadas.
Un huevito como reconocimiento
Tras comprobarse el potencial del rico yacimiento, el director de Pemex de aquel entonces, Jorge Díaz Serrano, se atrevió a “consultarle” al descubridor: “Don Rudesindo, ¿qué prefiere, dinero o reconocimiento?” “Reconocimiento”, contestó emocionado el pescador, quien sobrevivió a partir de entonces bajo una dolorosa pobreza, y cuyo “reconocimiento” consistió en una medallita, un huevito del Infonavit y una plaza de afanador como “premio” a su fortuita aportación a generar una palanca que debió servir para el desarrollo.
En este marco, el 16 de noviembre de 2023 los senadores de la república rindieron un homenaje al descubridor del que fuera el yacimiento petrolero más grande de América Latina y el segundo más rico a nivel mundial, el cual lleva su apellido. El Complejo Cantarell alimentó las finanzas públicas para hacer frente a los gastos gubernamentales por más de 30 años. Así, los legisladores develaron en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, la inscripción con letras doradas de su nombre: “Rudesindo Cantarell Jiménez”.
La escoria en el metal
En tiempos recientes, una reforma energética promovida y aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dibujaba un panorama bastante incierto, cuando se subastaron en diversas rondas los recursos petrolíferos y mineros de la nación. Para abrir paso a este propósito, Peña Nieto encargó a su director de Pemex, Emilio Lozoya, sobornar a miembros del poder legislativo (y por lo cual hoy éste enfrenta varios juicios penales), con la finalidad de que su reforma fuera aprobada sin sombras ni oposiciones. Ello representó para el erario público un gasto de 2 mil 80 millones de pesos, destinados al pago a medios de comunicación y para los “moches” que, se ha denunciado, se entregaron a miembros del Poder Legislativo para aceitar su aprobación, según un análisis realizado por el portal sin embargo.
Para el caso minero, ya no hubo impedimento constitucional alguno para que de 2013 a 2018 los proyectos mineros se multiplicaran 77% y que para finales del 2018 el 92% de las empresas que realizaban exploración de recursos metálicos fueran extranjeras, principalmente de origen canadienses dedicadas a explotar oro y plata, de acuerdo con lo expuesto en el Anuario 2018: Actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T, publicado en agosto de 2019 por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
La inversión venida de otras latitudes indudablemente es bienvenida; no obstante, las condiciones en las que se desenvuelve representan la escoria en el ámbito minero. Lejos de que los fondos generados por los recursos que las empresas pagan al Estado –por la concesión de los espacios de explotación– se destinen a proyectos que beneficien a las poblaciones afectadas por la extracción mineral, se utilizan sin la participación de las comunidades y en la completa opacidad.
“En el caso del Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, se desconoce el destino de 3 mil 17 millones de pesos otorgados durante los cuatro años de su ejercicio”, señalaban los investigadores del Centro, Aroa de la Fuente, Sol Jiménez Pérez, Manuel Llano, Beatriz Olivera y Areli Sandoval Terán.
La mirruña de la recaudación
La minería no ha sido un motor de desarrollo local para las comunidades donde se realiza. Fundar encontró que “en el caso de los centros productores de plata, casi el 60% de la población está en pobreza; 30% no cuenta con servicios básicos en la vivienda; 25% presenta rezago educativo; y una de cada tres personas no tiene ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria”.
El mismo organismo de análisis e investigación reportó que la recaudación de impuestos que logra el gobierno mexicano de las 18 mil 874 minas asentadas en diversas regiones del territorio nacional, es prácticamente simbólica. Fundar estableció que durante el periodo que va de 2006 a 2015 las mineras en su conjunto obtuvieron ingresos por 1 billón 714 mil 342.7 millones de pesos, pero los impuestos pagados ascendieron a la mirruña de 22 mil 397 millones de pesos, en perjuicio de la nación.
De esta manera no resulta sorprendente que apenas el 1% de los ingresos fiscales del país provengan de la actividad minera, cuando en Chile estos alcanzan 13.8%. La trampa se encuentra en la evasión fiscal, la existencia de privilegios e incentivos fiscales injustificados y la ausencia de políticas tributarias que de manera efectiva debieron gravar la riqueza de personas y empresas relacionadas con el sector.
Todavía en 2017 la industria minera debió tributar por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 28 mil 805 millones de pesos. Sin embargo, luego de la laxidad con que han sido tratadas, las compañías del segmento lograron deducir los impuestos de Valor Agregado y el Especial sobre Producción y Servicios, con lo cual acabaron cubriendo tan sólo el 17.6% de este monto, aceptó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con la ley del ISR, las empresas mineras deben cubrir una tasa del 30%; sin embargo, para disminuir sus contribuciones legales, suelen deducir el costo de ventas, la nómina de sus empleados y otros gastos. Así la minería paga pocos impuestos empleando maniobras fiscales para reducir su carga tributaria. Aun en 2022, la recaudación de grandes contribuyentes del sector minero ascendió a 76 mil 28 millones de pesos, una contracción anual de 19.8% en términos reales, de acuerdo con el Informe sobre la “Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, de la Secretaría de Hacienda.
En este marco de nebulosidad en el que han operado hasta ahora las empresas mineras, bajo el amparo de la reforma energética y del marco legal minero, Fundar realizó un llamado urgente a superar el modelo extractivo y avanzar hacia otras alternativas de desarrollo que protejan el medio ambiente y respeten y garanticen los derechos humanos, toda vez que el estudio advirtió que 75% de las nuevas minas en construcción son a cielo abierto, técnica altamente contaminante y con severos impactos socio ambientales.
El nuevo festival del litio
Luego de que durante varios años se consideró al “Triángulo cuadrado” de Sudamérica, conformado por Argentina, Bolivia y Chile (y al que se sumó más recientemente Perú, de aquí que ahora el triángulo se haya convertido en cuadrado) como los mayores depósitos de litio habidos en el mundo, la esplendorosa perspectiva de una muy intensa demanda del mineral blando impulsó de manera exponencial la búsqueda de sitios con grandes yacimientos, que fueran accesibles y rentables para las mineras especializadas en su explotación. Así, la plataforma dedicada a este tema, Mining Technology, publicó hace algunos años la lista de los que para entonces eran los 10 yacimientos con mayores recursos que se habían descubierto en el planeta y que al transcurrir el tiempo ha ido cambiando, pero cuya ubicación, eso sí, se ha mantenido invariable en su geografía: Argentina, Australia, Bolivia, Chile y Estados Unidos, principalmente.
En la actualidad, México no cuenta con minas de litio en explotación. No obstante, exploraciones recientes han establecido un enorme potencial de yacimientos en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, de acuerdo con un estudio elaborado por la Secretaría de Economía. Incluso, hace algunos años se mencionó al proyecto Bacanora Lithium, propiedad de la firma china Ganfeng, como un prometedor megayacimiento con un potencial de algunos cientos de millones de toneladas, en el estado de Sonora, en el que se habría comprometido una inversión de 420 millones de dólares para la extracción del codiciado mineral.
“Se estima que la mina contiene 4.5 Mt de carbonato de litio equivalente (LCE) –apunta la información publicada por Mining Technology– . cuya vida útil inicial abarca 19 años. Sonora pudiera ser una operación a cielo abierto a desarrollar en dos etapas, con una capacidad de producción de 17 mil 500 toneladas por año (tpa) de carbonato de litio. Y luego duplicar la producción a 35 mil tpa.”
Asimismo, el reprocesamiento de salmuera residual con litio, proveniente de la planta de generación geotérmica de Cerro Pietro, en Baja California, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría representar una gran opción. En la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí se han hallado depósitos de sales de litio y de potasio en sedimentos arcillosos y salmueras de evaporación. Así las cosas, la empresa Litiomex estimó recursos en el orden de ocho millones de toneladas de litio equivalente.
Se acabó el trato privilegiado
El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en su momento que mineras canadienses que operan en México, habituadas al trato privilegiado de otras administraciones gubernamentales, se niegan a pagar impuestos y advirtieron que para evitarlo irán a tribunales internacionales. En su conferencia matutina, el mandatario reveló que éstas tendrían adeudos importantes con el fisco mexicano y que había al menos tres empresas extranjeras que se negaban a cubrir sus obligaciones tributarias. “Lo único que pedimos es que nos den exactamente el mismo trato que les dan a sus trabajadores y gobiernos en sus lugares de origen”, estableció AMLO.
Los pronósticos recientes de Chile, el mayor productor mundial de productos de litio de grado para baterías, indican que a medida que las ventas de vehículos eléctricos en Europa y China continúan recuperándose después de la desaceleración provocada por la pandemia del Covid-19, la industria del automóvil eléctrico dominará la demanda de litio en los próximos 10 años. Para 2030, la demanda de vehículos eléctricos representará más del 75% del consumo, frente al 30% que tenía hacia 2019. Como resultado, la demanda de litio para vehículos eléctricos aumentaría a 1.4 millones de toneladas aquel año, casi cinco veces más que las actuales.
Aunque más que la oportunidad de la demanda, lo que en verdad importa es cómo beneficiará a México la irrupción del “oro blanco”, más allá de las inversiones y de los empleos mal pagados que son una tradición injusta en este sector productivo.
El yacimiento de litio en Sonora, por ejemplo, podría permitir a México ser un actor principal en el futuro inmediato del sector energético. Ante la posibilidad de que compañías extranjeras acaparen los beneficios de la explotación del preciado mineral, el 18 de febrero el presidente López Obrador firmó el decreto para nacionalizar el litio, y convertirlo en propiedad de la nación para su exploración y explotación. “Guardadas las proporciones y en otro tiempo, nacionalizamos el litio para que no lo puedan explotar extranjeros ni de Rusia, China o de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, del pueblo de México”, expresó el mandatario en conferencia de prensa, al tiempo que creó Litio para México, empresa que explotará y comercializará el mineral.
En el marco de la negociación entre China y México para la explotación de litio y la cancelación de seis concesiones a una empresa de esa nacionalidad; el presidente mexicano matizó 90 grados y declaró hacia noviembre de 2023 que la nacionalización de este metal, si bien no impedirá la extracción y explotación por parte de empresas extranjeras, sí debe garantizar que los beneficios de estas operaciones se reflejen en la vida y economía de las y los mexicanos. “Vamos a cuidar para que no sea en beneficio de empresas extranjeras, que pueden venir a instalarse a México y llegar a un acuerdo con la empresa de litio para contar con este mineral, pero que aquí se queden los ingresos y los beneficios”, expuso desde Palacio Nacional.
Ciertamente, el litio, que no es un generador de energía pero sí un eficiente mineral para resguardarla, clave para la muy ansiada transición energética, puede representar una nueva palanca de desarrollo para el país, si se contempla establecer las bases para la creación de una industria nacional ligada al elemento, que incluya una relación sana y equilibrada entre compañías estatales y privadas, para aprovechar en su largo y ancho toda la cadena de valor, y no signifique otra bendición que nos condene, como le ocurrió al país y a don Rudesindo Cantarell, hace cinco décadas.
Recientemente, las calificadoras Moody’s y Fitch Ratings redujeron las notas crediticias de Pemex. Resaltaron la importancia del respaldo del Gobierno Federal para mejorar la calificación, a pesar de los riesgos que esto implica para la propia nota soberana.
El paquete económico de 2024 confirma el apoyo a Pemex con medidas fiscales y de gasto. Entre 2015 y 2024, los apoyos gubernamentales suman 2.2 billones de pesos, mediante aportaciones patrimoniales y reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), como factores principales. De 2015 al cierre de 2023, la renta petrolera sería de 4.5 billones de pesos, la cual se ha visto afectada por la disminución del DUC.
Las aportaciones fiscales netas de Pemex en los últimos años, como renta petrolera, han disminuido. De 2019 a 2023, por cada peso que Pemex reciba de la Federación, la empresa del estado aporta 1.4 pesos a la Federación
En los últimos años, el gobierno federal ha otorgado apoyos fiscales y patrimoniales a Pemex con el objetivo de mejorar su situación financiera. Sin embargo, estas medidas implican costos para las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto.
Al respecto el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que la contribución de Pemex a los ingresos federales por derechos e impuestos ha disminuido 42.3%, pues de 2019 a 2023, por cada peso que Pemex recibió de la Federación, aportó 1.4 pesos, mientras que de 2015 a 2018 la aportación fue de 5.7 pesos. En 2021, los apoyos del Gobierno Federal superaron las contribuciones de Pemex.
Más aún, de 2015 al segundo trimestre de 2023, los estímulos fiscales y la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) ocasionaron una renuncia recaudatoria de 720 mil 836 mdp. Mientras que las contribuciones de Pemex alcanzaron un total de 1 billón 149 mil mdp.
Se estima que para 2024, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) sean 40.7% menores respecto a lo aprobado en la ley de ingresos 2023. A pesar de ello, el Gobierno Federal apoyará a Pemex con 241 mil 582 mdp para enfrentar su situación financiera.
Todo esto apunta que, una vez más en este sexenio, la demagogia patriotera sobre la principal empresa pública del Estado se impuso sobre la razón, la eficiencia y rentabilidad que deberían ser los pilares de la industria petrolera nacional.
La negligencia de los actuales directivos de Pemex encabezados por el agrónomo tabasqueño Octavio Romero Oropeza, director general de la paraestatal, quien ha actuado más por lealtad equiparable a compadrazgos con el señor de Palacio que por conocimientos sobre la industria petrolera, son también factores fundamentales que hundieron todavía más a Pemex, al grado de convertirla en un barril sin fondo y una tremenda carga para el erario nacional.
Sofomes, apoyo a Acapulco
Acapulco ha sido un destacado destino turístico en México durante muchos años para el turismo nacional e internacional. En el verano pasado el gobierno del Guerrero informó en agosto que el puerto logró una derrama económica estimada de 6 mil 095 millones de pesos, con una afluencia de 977 mil visitantes y una ocupación hotelera promedio del 65.3%.
En la actualidad, Acapulco es la ciudad más poblada de Guerrero y es la principal fuente de ingresos en la entidad, con una población de más de 800 mil habitantes. Sin embargo, Acapulco se enfrenta ahora a un desafío significativo al haber sido impactado el huracán Otis.
Según datos proporcionados por la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), la infraestructura hotelera en la región contaba con 20 mil habitaciones distribuidas en un total de 284 hoteles. De esta, el Gobierno Federal ha declarado que el 80% se encuentra afectada e inutilizable. Hay 284 hoteles de categoría turística, y el 80% son pequeños, de hasta 40 habitaciones; y hay 60 hoteles grandes, de hasta 180 habitaciones.
En una rápida evaluación de los daños, directivos hoteleros estiman que se requerirán al menos seis meses para poder reabrir, asumiendo que dispongan de recursos necesarios para llevar a cabo las reparaciones y reconstrucciones. En otras palabras, es probable que una parte significativa de la infraestructura hotelera no esté en condiciones de operar nuevamente hasta abril de 2024.
Con el propósito de reactivar y contribuir activamente al sector hotelero y turístico del puerto de Acapulco, la Serfimex Capital, sociedad financiera de objeto múltiple (sofom), que dirige José Achar, puso en marcha un programa especial de apoyo hasta por 1,000 millones de pesos ofreciendo créditos de capital de trabajo, arrendamiento puro de activos productivos para la remodelación hotelera y restaurantera, así como créditos puente para la construcción de proyectos habitacionales. Todo esto gracias al fondeo de la banca de desarrollo (Bancomext, Nacional Financiera y Sociedad Hipotecaria Federal) y fondos internacionales.
Tianguis de Pueblos Mágicos
Este miércoles 22 de noviembre arranca la quinta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos 2023, que se llevará a cabo en el recién remodelado Recinto Ferial de Pachuca, Hidalgo.
En esta edición que concluirá el sábado 25 de noviembre participarán 171 Pueblos Mágicos representando 31 entidades del país de manera presencial. Se contará con nueve pilares principales, el primero de ellos es la exposición de todos los destinos que tienen este nombramiento; habrá un programa cultural, el área gastronómica y de cocina tradicional, otra área artesanal y un amplio programa de jornadas académicas que enriquecen este importante evento.
Se espera una afluencia de más de 80 mil personas; contará con la participación de 432 artesanos locales y nacionales, 32 cocineras y cocineros, y reunirá a más de 420 operadoras turísticas y agencias de viajes, con la proyección de concretar cerca de 4 mil 500 citas de negocios.
En el marco de este evento, se llevará a cabo la reunión de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur) con Sectur federal; habrá una agenda de comunicación enfocada a la presentación de destinos, productos y servicios de los Pueblos Mágicos, y se plantearán las acciones para las siguientes ediciones del tianguis.
Conforme avanzan los días y semanas, los daños de la catástrofe que dejó el huracán Otis a su paso por Acapulco siguen aflorando y los esfuerzos de la sociedad civil por ayudar a los habitantes del puerto y las comunidades aledañas se ven minimizadas ante la magnitud de la tragedia.
A casi un mes del paso del huracán aún es notoria la descoordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y por tanto la ayuda que debería fluir, nada más no llega y de ello da cuanta a diario la misma gente afectada.
Por más discursos del presidente López Obrador desde Palacio Nacional y los estados en donde anda en campaña por la reelección disfrazada, con promesas de que Acapulco tendrá todos los apoyos del gobierno, éstos simplemente no fluyen o son a cuentagotas, como también lo serán los recursos para la reconstrucción anunciada. Otro grave problema que está ya a la vista es el de la salud pública, por los brotes infecciosos y las condiciones insalubres de las zonas devastadas por Otis. De eso nada ha dicho el gobierno.
Basta recordar que la renuencia a modificar la composición del presupuesto ya aprobado para el 2020 cuando se presentó la pandemia en ese año, significó que los costos sanitarios y económicos fuesen excesivamente elevados, incluyendo tasas de mortalidad humana de las más elevadas del mundo y de cientos de miles de empresas pequeñas y medianas.
En aquella ocasión los diputados tuvieron la oportunidad de prever el gasto a destinarse al evento sorpresivo, incluso antes de aprobar el PEF. Ahora, de nuevo la tuvieron para enfrentar la contingencia en Guerrero y no lo hicieron. Se conformaron con el anuncio del plan de emergencia para Acapulco por 61 mil 300 millones de pesos, dinero que se estima no alcanzará para la reconstrucción pues se calcula que los daños son superiores a los 15 mil millones de dólares, unos 270 mil millones de pesos.
El dictamen del PEF 2024 no consideró al menos el programa de emergencia anunciado por el gobierno en cuanto a las reasignaciones previas a su aprobación con total transparencia, ya que el dictamen apoyado por el partido del gobierno (Morena) consideró sólo recortes (reasignaciones) por 13.5 mmp al Poder Judicial y el INE, principalmente (11.5 mmp), el Poder Legislativo y otros órganos autónomos. Además, en dicho dictamen no se especificó el uso de los 13.5 mmp que se propone recortar.
Freno a la Tesofe
La demagogia gubernamental sobre la infinidad de recursos y apoyos para Acapulco no para ahí. Se anunció que la Tesorería de la Federación, tenía disponibles 600 mil millones de pesos para lo que se ofrecieran, o sea para destinarlos a Acapulco, pero resulta que dichos recursos no están tan “disponibles” como presume el señor de Palacio, porque constitucionalmente está prohibido. O sea no procederían para rehabilitar las zonas devastadas por Otis.
Esto porque el artículo 73 fracción VIII de la Constitución Política, establece a la letra que “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”. O sea, de acuerdo con la Carta Magna, los recursos de la Tesorería sólo se pueden utilizar para gasto público si así está explícito en el decreto de PEF 2024 que se apruebe.
Claramente se advierte que la falta de presupuesto asignado al desastre causado por el huracán Otis y la imposibilidad legal de utilizar los recursos de la Tesorería (al no estar en el PEF) complican la recuperación, reconstrucción y rehabilitación de Acapulco y las otras ciudades y regiones gravemente afectadas.
En ello, la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) en su forma previa de fideicomiso ha sido muy grave, al no contar con ese recurso precautorio. La figura del fideicomiso le daba seguridad al mantenimiento del Fondo en niveles adecuados. Al ser ahora solamente un programa presupuestario, no necesariamente se le destinan los recursos no utilizados.
En un análisis de México Evalúa sobre el tema, es claro que, a diferencia de años pasados, el FONDEN no mantuvo recursos utilizables en 2022. Previamente se realimentaba con seguridad cada año, inicialmente asegurando en el fideicomiso su presupuesto aprobado y a menudo con economías durante el ejercicio. Ahora en 2023 sólo tiene el recurso presupuestado en el PEF 2023, que además fue reducido de 17.4 mmp a por 13.2 mmp.
Oscurantismo en obra pública
El gasto de inversión en infraestructura es importante para garantizar el crecimiento económico y el cierre de brechas en las desigualdades sociales. Para el seguimiento y cumplimiento oportuno del gasto asignado en obra pública se requiere de tres principios: planeación, priorización y transparencia de estos recursos. En 2023, del total del gasto de inversión, el 75% corresponde a obra pública.
Ante ello, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), analizó dichos principios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y su relación con los proyectos prioritarios.
En el documento ‘Presupuesto para Proyectos Prioritarios 2018-2024. Fortalecer la transparencia y priorizar la inversión’, el CIEP refiere que a pesar de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que todo recurso destinado a gasto de inversión pública debe cumplir con las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información; en 2023 sólo el 10% del gasto asignado a inversión es obra pública abierta y cumple con tales características.
Dichos recursos cuentan con clave de cartera asignada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que es posible consultar los análisis costo-beneficio en el sitio web de la secretaría. Aunado a ello, el 17% cuentan con clave de cartera no abierta, esto es, no se puede consultar los análisis costo-beneficio; y el 48% no cuenta con clave de cartera, y por lo tanto no se puede dar seguimiento al presupuesto de tales obras.
Lo anterior ha dificultado el seguimiento del gasto de algunas obras dada su atribución de interés público y seguridad nacional, tal como el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), uno de los proyectos considerados como prioritarios.
Con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se habrá destinado un total de 1 billón 506 mil 415 mdp para obras prioritarias en la actual administración. Los proyectos con mayor presupuesto son la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, con el 55.9% y 34.1% del total, respectivamente.
Si bien la falta de transparencia se debe a que algunas obras son consideradas de seguridad nacional, la falta de acceso a la información impide que se le dé seguimiento oportuno al gasto de obra pública. Por lo que es importante que se muestre una mayor apertura de datos en infraestructura pública, debido a que son los sectores con mayor énfasis para el desarrollo económico y social del país.
En plena batalla de AMLO con el Poder Judicial de la Federación por la desaparición de 13 fideicomisos pertenecientes al PJF, la mayoría de los cuales están vinculados a prestaciones laborales de los trabajadores de dicho Poder, se reveló información sobre los fideicomisos que Andrés Manuel López Obrador mantiene prácticamente ocultos y que suman casi 100 mil millones de pesos.
Se trata de 40 fideicomisos que esencialmente fueron creados para lo mismo que los del Poder Judicial de la Federación, o sea destinarlos a prestaciones y jubilaciones de los trabajadores de diversas dependencias y organismo del Poder Ejecutivo, de acuerdo con información divulgada hace un par de días por el diario Sol de México, con datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre los fideicomisos que AMLO ha callado, destaca el de Pensiones del Banco Nacional de Obras Servicios Públicos (Banobras), cuyo patrimonio asciende a 22 mil 600 millones de pesos, según cifras actualizadas hasta agosto de este año. Le sigue en orden de importancia por el monto de su patrimonio, el de Nacional Financiera, creado en 1998 destinado para el fondo de pensiones y prima de antigüedad de Nafin.
Otro es el Fondo de Retiro de los trabajadores de la Secretaría de Educación (FORTE), creado en 1990 tiempos de Carlos Salinas de Gortarí y que, de acuerdo con la información del diario, el acta fue firmada por Manuel Bartlett Díaz cuando era titular de la SEP y Elba Esther Gordillo, en su calidad de secretaria general del Magisterio. El patrimonio de ese fideicomiso asciende a 19 mil 700 millones de pesos.
Hay también fideicomisos del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, Banrural, el Fideicomiso para el pago de pensiones jubilatorias a los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México y hasta fideicomisos que administra el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), nueve en total que pertenecen a instituciones que han desaparecido en las últimas décadas y que en total suman mil 800 millones de pesos.
Así las cosas con los fideicomisos que AMLO mantiene ocultos y que, sin lugar a dudas, le serán útiles en estos tiempos que ha decretado la imaginaria “austeridad franciscana”, aunado por supuesto a los 15 mil millones que pretende arrebatar al Poder Judicial, con la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que fueron creados para las prestaciones laborales y jubilaciones, entre otras cosas, de los trabajadores de Poder de la Federación.
Senadores, machetazo al PJF
Las comisiones de Hacienda, y Estudios Legislativos Segunda aprobaron con 19 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, el proyecto de decreto que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, con el que desaparecen 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Las comisiones se declararon en sesión permanente, en tanto, el decreto se remitió a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno del Senado para una primer lectura en una sesión y posteriormente se llamaría a otra sesión para votarla ayer mismo, ante la urgencia de los morenistas. Hasta el cierre de la edición de esta columna se mantenía la discusión en el Senado.
Senadores de Morena, PT y PVEM votaron a favor de la desaparición de los 13 fideicomisos que, según ellos, beneficiaban a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en tanto, la oposición del PAN, PRI, PRD, Grupo Plural y senadores independientes votaron en contra de que desaparezcan dichos fideicomisos.
En la Comisión de Hacienda se emitieron 10 votos a favor, 7 en contra y una abstención, mientras que en la Comisión de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda se emitieron 9 votos a favor y 6 en contra, lo que da un total de ambas comisiones de 19 a favor, del oficialismo (Morena, PT, PVEM) y 13 en contra, de la oposición (PAN, PRI, PRD, Grupo Plural y senadores independientes).
Se trata de 15 mil millones de pesos que pretende quitar el gobierno federal al Poder Judicial Federal para reutilizar esos recursos con el argumento de que los 13 fideicomisos no tienen sustento jurídico.
Afuera de las instalaciones del Senado de la República, centenares de trabajadores llevaron a cabo protestas fuera para manifestar su inconformidad por la desaparición de los fideicomisos, en tanto que las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, permanecieron bloqueadas por los trabajadores, hasta nuevo aviso.
Urzúa al equipo de Xóchitl
Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, anunció la adhesión de Carlos Manuel Urzúa, quien fuera el primer secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a su equipo rumbo a las elecciones de 2024.
“Me complace anunciar la nueva incorporación del Frente Amplio por México. ¡Bienvenido a este equipo, Carlos Manuel Urzua! Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México”, informó en redes sociales.
Carlos Manuel Urzúa se desempeñó como secretario de Finanzas del gobierno de López Obrador en el entonces Distrito Federal de 2000 a 2003 y posteriormente, estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda al inicio de la administración del tabasqueño.
A mediados del 2019, renunció debido a que no estaba de acuerdo con la política económica que AMLO buscaba implementar. En su carta de renuncia, el funcionario expresó su desacuerdo con que se hayan «tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento».
AMLO confirmó que tuvo diferencias con Urzúa por la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, como también Urzúa las tuvo con el jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo; con el exdirector del IMSS, Germán Martínez, y con la directora del SAT, Margarita Ríos-Farjat.
Tras esta ruptura, Urzúa se distanció de AMLO y la 4T y durante este tiempo ha seguido lanzando fuertes críticas a su administración, hasta ayer que se anunció su integración oficial al Frente Amplio opositor que lidera Xóchitl Gálvez.
